Más recursos, menos participación y redes territoriales que siguen reproduciendo clientelismo político.
La adjudicación más grande otorgada este año por el gobierno de Bernardo Arévalo a un contratista privado terminó en manos de Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa). La Dirección General de Caminos (DGC) le adjudicó Q599.5 millones para pavimentar 35 kilómetros que conectan San Marcos y Huehuetenango en una licitación que únicamente recibió una oferta. La constructora que este año acumula más de Q756 millones en contratos públicos y cuyos vínculos empresariales con el operador político Gustavo Alejos continúan generando preguntas que, hasta ahora, permanecen sin respuesta.
Más allá del discurso de cambio, el manejo de la obra pública expone los límites reales del gobierno de Bernardo Arévalo. Investigaciones periodísticas revelan que diputados, redes de constructores señalados y financistas continúan influyendo en la asignación de contratos de infraestructura, obligando al Ejecutivo a administrar un sistema de contratación diseñado para resistir cualquier intento de transformación.
Las empresas CDM Vial y Construyala, parte del entramado empresarial que la CICIG vinculó al exdiputado Carlos Herrera Quezada, han vuelto al círculo de los grandes contratistas del Estado. En las últimas semanas, Covial les adjudicó proyectos por casi Q84 millones para la colocación de defensas metálicas y señalización vial, pese a los antecedentes de corrupción que rodean al grupo.
Documentos mercantiles y adjudicaciones demuestran que Alma Violeta Lemus Guerra, sobrina del fundador de Constructora Codico, no solo es socia de Ecomuros, S.A., vinculada a los Córdova, sino que también actúa como representante legal de Seele, S.A., una empresa que ha acumulado Q93.6 millones en contratos de obra pública desde 2010.
La familia Córdova, históricamente concentrada en contratos de obra pública en Alta Verapaz, ha expandido su influencia a Quiché mediante la constructora Ecomuros, S.A., beneficiada este año con dos contratos de Covial por Q21.9 millones. Con un historial que supera los Q3 mil millones en adjudicaciones estatales, el clan continúa demostrando su capacidad para operar entre negocios y poder político.
Diputados electos por el Movimiento Semilla buscan cambiar las reglas del gasto público: una nueva ley permitiría obras sin licitación, menos controles y pagos exprés a contratistas. Más de Q12 mil millones podrían ejecutarse sin mayor fiscalización, muchos promovidos por diputados a través de los Codede.
Guatecompras registró 66 eventos entre el 11 y el 14 de febrero, pero entre esta última fecha y el 17 de febrero se anularon todos. Ninguna de las publicaciones había cumplido el plazo para recibir ofertas. Según el CIV, la cancelación se debió a un error administrativo.
Los representantes legales y fundadores de estas empresas enfrentaron a la justicia por pagos de sobornos, malos manejos de fondos o contrataciones opacas. Sin embargo, eso no impidió que el Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei siguieran requiriendo sus servicios y les inyectaran recursos con millonarios contratos de obra pública o adquisición de medicinas. Algunos de estos contratos sobreviven hasta el año 2024 cuando gobierna Bernardo Arévalo. Estas son las empresas que resistieron una embestida anticorrupción sin parangón en el país y que en conjunto han firmado contratos con el Estado de Guatemala por US$1.8 millardos (Q14 millardos).
