La Contraloría General de Cuentas (CGC) incorporó entre su personal permanente a José Manuel Morales Marroquín, hijo del expresidente Jimmy Morales, a partir de octubre de 2025.
Su ingreso bajo el renglón 011, el de mayor estabilidad laboral dentro de la institución, contrasta con su antecedente más conocido: haber sido acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso Botín Registro de la Propiedad, por el cual fue absuelto en 2019.
De acuerdo con el directorio público de la Contraloría, Morales Marroquín fue nombrado como Técnico I y asignado a la Dirección de Auditoría de Desempeño, una de las áreas encargadas de evaluar la eficiencia del gasto público. Su contratación bajo el renglón 011 implica que posee plaza permanente, lo que lo vuelve prácticamente inamovible.
Sus funciones incluyen la cobertura de actividades en la Dirección de Desempeño, elaboración de material gráfico, elaboración de material audiovisual, registro audiovisual de recorridos de Monitores, entre otras actividades.
Fuentes de la CGC indicaron que el hijo del exmandatario fue presentado internamente como “el mejor camarógrafo de Guatemala”, pese a que no aparece en la Dirección de Comunicación Social, donde usualmente se concentran los perfiles de producción audiovisual.
Morales Marroquín devenga sueldo base de Q3 mil 700, además de un bono de Q250, un bono incentivo de Q2 mil 850, un bono monetario de Q740 un beneficio económico alimenticio de Q300 para un total de Q7 mil 840 que devengó durante el mes de octubre.
Además de su sueldo por el renglón en el que fue contratado, Morales Marroquín tiene derecho a bono 14 y aguinaldo.
El caso Botín Registro de la Propiedad
En septiembre de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval presentaron el caso “El Estado como Botín: Registro General de la Propiedad”, una investigación que mostró simulación de cotizaciones, eventos inexistentes y facturación falsa al Registro General de la Propiedad (RGP) que entonces era dirigido por Anabella de León, exdiputada del Partido Patriota.
Entre los señalados aparecían José Manuel Morales Marroquín y su tío, Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del entonces presidente Jimmy Morales.
Según los señalamientos, José Manuel habría gestionado tres cotizaciones falsas para justificar la adjudicación de un servicio de desayuno que nunca se realizó, con el fin de favorecer a la empresa Fulanos & Menganos, propiedad de Othmar Sánchez, amigo cercano de su padre y exdiputado del Parlamento Centroamericano. En el expediente también figura que Morales buscó beneficiar a la madre de su entonces novia mediante facturas simuladas.
En su momento, la jueza Silvia de León señaló: “Usted, José Manuel, simuló esas tres cotizaciones con datos falsos para hacer creer que fueron tres empresas las que participaron”.
En agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal absolvió a José Manuel y a Samuel Morales, argumentando que no se comprobó intención ilícita ni beneficio económico directo por parte del hijo del presidente. En 2022, el caso fue oficialmente cerrado.
Sin embargo, en esa misma audiencia, la jueza Edna Maxia, quien presidía el tribunal, presentó argumentos diferentes a los de los otros dos jueces integrantes de la sala, y señaló que el caso evidenciaba “negligencia y avaricia”, e incluso afirmó: “No se puede simular eventos y fingir que todo está bien para beneficiar a seres queridos”.
Del banquillo de acusados a empleado del ente fiscalizador
Que una persona señalada en un caso por manipulación de cotizaciones y facturación falsa, aunque absuelta, sea ahora parte del aparato que revisa el uso de fondos públicos resulta una contradicción al espíritu de la Contraloría.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, señaló que “La Contraloría General de Cuentas se ha vuelto cada vez más en un gran bolsón de contrataciones de personal a cambio de favores políticos”.
Marroquín agregó que la institución está llamada a ser uno de los pilares de la fiscalización del Estado, pero su historial reciente ha estado marcado por denuncias de contrataciones irregulares, por lo que este nombramiento alimenta esas percepciones: un hijo de un expresidente, con antecedentes judiciales en un caso de corrupción, contratado en una dirección técnica con plaza permanente.
Marroquín agregó que el presupuesto de la Contraloría es cada vez mayor, mientras sus procesos técnicos no mejoran sino que, por el contrario, se politizan más.
eP Investiga publicó recientemente cómo la CGC es una agencia de empleos para familiares de políticos, desde hermanos de diputados hasta la sobrina de Consuelo Porras, entre otros, figuran como empleados de la institución.
También dimos a conocer cómo a pesar de que la institución está llamada a fiscalizar y velar por el buen uso de los recursos públicos, tiene contratados a al menos 13 núcleos familiares.
Este medio consultó a la Contraloría si se consideraría como una incongruencia que se contrate a una persona señalada en un caso de corrupción en contra del Estado.
La institución respondió: “Los colaboradores que ingresan a la CGC deben cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Contrataciones de Recursos Humanos, cumplir con los requisitos que requiere el perfil del puesto y realizar el proceso de contratación. Dentro de todo este proceso se verifica si la persona está inhabilitada por algún proceso legal, y si cumple con los requisitos de antecedentes penales y policíacos, si cumple con ello no hay limitación para poder laborar en cualquier institución del Estado”, puntualizó la dirección de Recursos Humanos de la institución.
El contexto político
Por el caso en contra de su hijo, Morales sostuvo un conflicto abierto con la CICIG iniciando una ofensiva administrativa, legal y diplomática para desmantelar y expulsar a la comisión internacional, que finalmente abandonó el país en 2019. Ese choque definió los últimos años de su gobierno.
Durante su administración también se registraron otros casos de corrupción que el Ministerio Público de Consuelo Porras nunca investigó.
La primera dama “informática”
En 2020 la fiscalía presentó un caso en contra de Patricia Marroquín de Morales, esposa del ex presidente y madre de José Manuel, la fiscalía la señaló luego de que el desaparecido diario elPeriódico diera a conocer que prestó servicios técnicos de instalación, mantenimiento, revisión y reparación de equipo de cómputo en el Ministerio de Salud en 2014. Sin embargo, su profesión es secretaria bilingüe. Mientras las investigaciones y declaraciones del primo de Jimmy Morales, Jorge Estévez Cabrera, quien explicó que la contratación se realizó de manera irregular.
De nuevo, la justicia benefició a la familia Morales y el juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, declaró falta de mérito y decidió no ligar a proceso a Marroquín de Morales a pesar de las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
Morales el “presidente del parlamento”
El expresidente Jimmy Morales se vio envuelto de nuevo en un escándalo reciente, luego de que apareció en una publicación de la red social X. así como en la publicación de un medio pakistaní en las cuales se le señalaba como “presidente del parlamento guatemalteco”, a pesar de que Morales no ostenta ningún cargo público.
Según publicó el medio Associated Press of Pakistan, “en una reunión con el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, actualmente Presidente del Parlamento de Guatemala, quien lo visitó hoy en Aiwan-e-Sadr, el Presidente dijo que Pakistán valora sus relaciones con Guatemala y espera una cooperación más fuerte en comercio, inversión e intercambios entre pueblos”.
El medio señaló que Morales habría dicho que Guatemala buscaba aprender de la experiencia de Pakistán en diversos sectores y que su visita buscaba “abrir puertas entre Pakistán y Guatemala para los negocios y el comercio».
