El desgaste de la imagen de Porras durante los últimos años le cobró su estancia dentro del sistema de justicia en estos procesos de elección. Aún está la posibilidad de que integre la nómina final que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, pero él ya afirmó que no existe posibilidad de que la elija. 

A un mes de que concluya su segundo periodo al frente del MP, Porras está a un paso de quedar sin inmunidad y terminar su legado de impunidad y criminalización que forjó durante ocho años. 

El CSU obvió su expediente

En febrero, Porras presentó su expediente para buscar una magistratura ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac). Fue la primera opción con sus aliados Walter Mazariegos, rector señalado como fraudulento, y Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Para la renovación de la CC, la ley establece cinco órganos que deben designar a un magistrado titular y uno suplente. La Usac es uno de ellos, y al realizar el proceso de recepción de expedientes, sonaba el nombre de Porras para ser electa junto a Leyla Lemus, exmagistrada que buscaba su reelección. 

La fiscal general pretendía asegurar esa magistratura por su cercanía con Mazariegos y Arriaga. Este último, en 2022, durante el proceso electoral de fiscal general, votó a favor de Porras para que integrara la lista de seis candidatos que fueron entregados al expresidente Alejandro Giammattei y así fuera elegida de nuevo en el cargo. 

También, en julio de 2025, Arriaga fue reelecto decano y en su acto de toma de posesión estuvo presente la fiscal general, con quien se tomó fotografías. 

También, a pesar de las constantes denuncias de la comunidad universitaria de un fraude en la Usac en manos de Mazariegos, el MP de Porras se ha dedicado a criminalizar a estudiantes, catedráticos y no hay algún caso en el que investigue los amaños en las elecciones de esa casa de estudios.

A pesar de esta complicidad, en el proceso de elección de magistrados de la CC por el CSU, el expediente de Porras ni siquiera pasó un proceso de votación. Ese cuerpo colegiado se decidió por Julia Rivera como titular y José Aguirre como suplente.

Javier Monterroso, abogado y exfuncionario del MP, asegura que Mazariegos prefirió poner a personajes de su confianza como magistrados y no depender de Porras para no tener que negociar con ella. Explica que sus vínculos familiares y de cercanía con los actuales magistrados le dan un margen de maniobra dentro de la alta corte.

CSJ no quería mancharse con Porras

El otro intento de la fiscal general para garantizarse protección antes de dejar el cargo en el MP fue al postularse también para la CC con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes también elegirían un magistrado titular y suplente. 

Durante este proceso, personajes con antecedentes cuestionables manifestaron su intención de participar para optar al cargo. Fueron 39 personas las que se postularon. 

Previo al 3 de marzo, fecha límite en la que los magistrados de la CSJ debían definir su elección, se hablaba de que Porras sería elegida junto con Roberto Molina Barreto, señalado de vínculos con personajes políticos y de favorecer a narcotraficantes y pandilleros. 

A pesar de estos rumores, Dina Ochoa y Claudia Paniagua fueron reelectas. A la hora de la votación, que fue a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, el perfil de Porras no recibió ningún voto. 

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) asegura que lo que sucede con la funcionaria es el resultado de un desgaste que ya no se puede disimular. “Durante años se sostuvo en el cargo pese a cuestionamientos serios sobre el uso del aparato penal, pero en este tipo de elecciones de segundo grado, donde entran en juego equilibrios políticos y costos reputacionales, ese acumulado pesa”, aseguró.

El abogado Monterroso asegura que los actuales magistrados de la CSJ no tienen señalamientos a nivel internacional; por lo tanto, no querían manchar su imagen eligiéndola. Y aunque hay personajes que aún la apoyan para buscar opciones de una “salida digna”, no tuvo el apoyo para alcanzar esta magistratura. 

“El desgaste es exagerado y las condenas internacionales sí pesaron”, remarcó el analista.

Arévalo dice que no la elegirá

El 20 de febrero era el último día para recibir expedientes de personas que aspiran al cargo de fiscal general. Durante toda la semana de recepción, Porras no figuraba; fue hasta que se oficializó el listado que apareció su nombre porque una tercera persona entregó su papelería.

A pesar de su relación lejana y áspera con el presidente Arévalo, la fiscal general planteó que, por su experiencia y el trabajo que ha hecho al frente del MP, debería ser reelecta para un tercer periodo. 

Este 16 de febrero, la postuladora calificó su expediente con base en la tabla de gradación. Con esta herramienta alcanzó 92.33 puntos, siendo hasta ahora la mejor calificada entre los demás aspirantes que superaron la línea de corte de 75 puntos. Esto contrasta con los señalamientos que recibió de parte de la sociedad civil. 

Porras tuvo 33 tachas en su contra. En estas la señalan de estar involucrada en un caso de adopciones irregulares de niños indígenas; también la declaran no idónea porque está sancionada en más de 40 países por la criminalización ejecutada desde el MP. Otros de los señalamientos son el plagio de su tesis y la criminalización a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

Distintas organizaciones se han pronunciado en los últimos meses en rechazo a esta reelección. Cuando llegó a su entrevista con la postuladora, en señal de protesta, los presentes en el lugar le dieron la espalda durante toda su intervención.

Sectores ciudadanos han demandado a los comisionados que no sea incluida en la nómina final que pasará a manos del presidente Arévalo, lo cual, si sucede, Porras podría recurrir de nuevo a la CC como lo hizo en 2022 para obligar a que su nombre integre el listado. 

El analista político Renzo Rosal dice que es casi imposible que el presidente Arévalo la elija porque este periodo de elecciones de segundo grado tiene una tendencia a la estabilización de la  lógica de regresión y deterioro institucional que lideró desde 2018. 

“Consuelo es casi inelegible. Cada día es un poco menos, pero todavía hay posibilidad”, dijo. 

La Constitución Política de la República establece que el presidente no está condicionado a elegir a la persona con mayor puntaje del listado que le traslade la postuladora.

Hay reconfiguración de fuerzas 

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, estas batallas perdidas de Porras evidencian una correlación de fuerzas que se está dando en las elecciones de segundo grado. Señala que hay personajes “quemados” que ya no le sirven a quienes denomina como la alianza para el control de las instituciones para la impunidad (pacto de corruptos). Además, la jefa del MP ha deteriorado enormemente su capacidad de influenciar en estos espacios.

Dice que no solo le ha pasado a la fiscal general, sino a otros personajes que parecían ser fuertes y tener el control gremial, como el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez, y el exmagistrado Néster Vásquez. “Tienen que cambiar de piezas porque ella ya no les es útil. Necesitan nuevos rostros que ya no estén tan quemados”, asegura.

Ibarra dice que Porras ha sido tan antidemocrática que ya no puede continuar; esto representa también para esa alianza que busca mantener el control en las instituciones. “El poder se agota en la medida en la que se ejerce”, señaló. 

Otro aspecto en el que concuerdan los analistas es que a los trabajadores cercanos de Porras les llegará su fin en la institución con su salida porque la nueva autoridad podría tener una postura opuesta a lo que fueron estos ocho años con ella a la cabeza. 

Renzo Rosal dice que personas cercanas a ella han sido denunciadas y su grupo central se ha quedado con menos capacidad de acción jurídica y política. Es el anuncio de que al interior de la institución el liderazgo se ha perdido, asegura. 

“Tendrán que ser expulsados; esas personas no tienen cabida en el MP nuevo, solo en el de Consuelo Porras. Muchos saldrán del país, otros buscarán otro trabajo. Tendrían que deshacerse de la mayoría de fiscales regionales”, enfatiza Javier Monterroso. 

En los últimos meses, funcionarios del círculo de Porras han renunciado. Pero personajes como Ángel Pineda son empleados de confianza, lo que podría facilitar su salida de la institución, contrario a otros que están en fiscalías y a quienes se les debe calificar conforme a la carrera judicial y sus resultados.

Porras no ha dicho públicamente cuál es su siguiente movimiento. En una entrevista reciente a los medios de comunicación dijo que “continuará sirviendo al país”, sin hacer referencia a su búsqueda de otro cargo público. Mientras tanto, le queda un mes al frente del MP y la postuladora está por enviar la nómina final al presidente Arévalo.