Según el ente investigador, estas medidas cautelares de embargo se habían solicitado ante una jueza del Juzgado de Extinción de Dominio, quien las había denegado, por lo que la Fiscalía de Extinción de Dominio presentó un recurso de apelación, el cual fue otorgado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo. 

“Las diligencias preliminares de investigación, realizadas por la fiscalía, se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial, la cual recibió dos alertas de transacciones sospechosas”, indicó el MP.

El MP indicó que las transacciones que realizaban estas empresas tenían la finalidad de trasladar el dinero a paraísos fiscales, entre ellos, Islas Vírgenes Británicas.

“Esta situación advirtió a las autoridades sobre la posible comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero u otros activos, ya que esas entidades han recibido fondos del Estado de Guatemala en los últimos meses”, afirman.

Constructoras señaladas

En 2019, la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dio a conocer que Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A., eran empresas constructoras señaladas en casos de corrupción, entre estos “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”. 

La investigación determinó que este caso involucraba a una red de altos funcionarios y empresarios que, durante varios gobiernos, aprovecharon su posición para obtener sobornos de contratistas. José Maynor Palacios Guerra, vinculado a ambas constructoras, fue uno de los señalados de pagar sobornos a Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, entre los años 2008 y 2012.

Palacios Guerra habría utilizado bufetes y constructoras para encubrir el origen y lavar el dinero a través de sociedades offshore en Panamá y Belice. La investigación indicó que el propósito de estas acciones era obtener beneficios a través del cobro de comisiones ilícitas.

Además, se informó que este caso surgió de evidencias provenientes de otros casos de corrupción, entre estos “Construcción y Corrupción”, “Cooptación del Estado” y “Negociantes de la Salud”.

Una publicación de elPeriódico de marzo de 2022 señala que el abogado José Urrutia, vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo, fue mencionado como accionista de la offshore en Panamá “Valores Dinámicos”, que utilizó a la constructora Sigma, implicada en el caso “Construcción y Corrupción”, para canalizar US$1.15 millones en sobornos al Partido Patriota.