«Al usar indebidamente el delito de terrorismo para perseguir a críticos, el Ministerio Público (MP) de Guatemala replica patrones de abuso observados en otros países de la región, incluyendo en Venezuela y Nicaragua», señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.
Según HRW, las acusaciones de terrorismo contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, son espurias y significan «un ataque contra quienes han defendido la democracia y el Estado de derecho» en Guatemala.
Esta organización sostiene que los cargos contra Pacheco y Chaclán son parte de un esfuerzo liderado por la fiscal general Consuelo Porras «por impulsar procesos penales abusivos contra fiscales, jueces independientes, periodistas y miembros de la administración del presidente Bernardo Arévalo».
Además, HRW solicita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Estados Unidos, gobiernos de América Latina y Canadá pronunciarse por estas detenciones y monitorear «el patrón de persecuciones políticas y abusivas por parte del MP».
También solicitan a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea –países que han impuesto sanciones contra Porras y otros fiscales del MP– «mantener y considerar ampliar estas sanciones a otros funcionarios que tengan responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho».
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, declaró que «las autoridades deben garantizar el respeto al debido proceso, retirar estos cargos abusivos y liberar a Pacheco y Chaclán”.
