El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la estructura criminal Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés).
De forma paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, designó como SDGT a Los Mendoza y a Los Huistas por brindar apoyo material a carteles mexicanos que Washington ya considera terroristas.
Los Mendoza ingresan por primera vez a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés). Los Huistas ya figuraban en ella desde marzo de 2022 por narcotráfico y ahora se les ha añadido la etiqueta de terroristas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, describió a Los Lorenzana como uno de los clanes del narcotráfico más poderosos del país y lo señaló de ser “responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios del Gobierno y fuerzas militares” en Guatemala.
Rubio advirtió que su gobierno no permanecerá pasivo mientras estas organizaciones corrompen las instituciones guatemaltecas, y aseguró que la administración Trump seguirá usando todos los medios a su alcance para cortar las fuentes de ingresos de quienes llama narcoterroristas.
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “La acción de hoy expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas políticamente influyentes y los cárteles mexicanos designados como terroristas que introducen drogas en Estados Unidos.
El nexo con los carteles mexicanos
La base de las designaciones del Tesoro es el vínculo de las estructuras guatemaltecas con los dos mayores carteles de México. En la lista de sancionados, Los Mendoza aparecen ligados al Cartel de Sinaloa, mientras que Los Huistas figuran como vinculados tanto a Sinaloa como al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos carteles fueron declarados Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025. Desde entonces, prestarles apoyo material puede acarrear la misma etiqueta, y ese es el argumento que Washington aplicó ahora a los grupos guatemaltecos.
Según el Tesoro, Los Mendoza y Los Huistas controlan corredores estratégicos del narcotráfico en las fronteras de Guatemala con Honduras y México. A los primeros, los describe como intermediarios de transporte y logística de Sinaloa; a los segundos, como proveedores de apoyo logístico y protección para los cargamentos de ambos carteles.
Qué implican las sanciones
Las medidas se apoyan en tres instrumentos. Los Lorenzana fueron designados conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y a la Orden Ejecutiva 13224, la norma antiterrorista de Estados Unidos. El Tesoro aplicó esa misma orden a Los Huistas, y a Los Mendoza les sumó la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra el tráfico internacional de drogas.
La designación de Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera entrará en vigor cuando se publique en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense.
En la práctica, quedan bloqueados todos los bienes e intereses de las tres estructuras que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y lo mismo ocurre con cualquier empresa en la que tengan una participación de 50% o más. Los ciudadanos y las empresas de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
El efecto alcanza también a la banca fuera de Estados Unidos: las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, realicen o faciliten operaciones significativas para los designados se exponen a perder o ver restringidas sus operaciones en ese país.
Los Mendoza
El liderazgo de la estructura ha estado a cargo de los hermanos Walter Obdulio, Milton Oswaldo, Edwin Alfredo y Haroldo Mendoza Mata; sus operaciones se concentran principalmente en Petén e Izabal, departamentos fronterizos con Belice, México y Honduras.
El Tesoro describe a Los Mendoza como una organización de base familiar fundada en la década de 1980 y la ubica entre las estructuras criminales más antiguas y poderosas de Guatemala. Según el comunicado, facilita al Cartel de Sinaloa pasos fronterizos, pistas clandestinas, bodegas y redes locales de protección en San Marcos, Huehuetenango y Petén.
Además del narcotráfico, Washington le atribuye sicariato y lavado de dinero, así como intereses económicos en ganadería, agricultura y bienes raíces en Petén, Izabal y la zona fronteriza con México, levantados en parte mediante el despojo de tierras.
La estructura criminal cuenta con una gran cantidad de terrenos y propiedadesa lo largo de las fronteras, y se ha denunciado violencia contra campesinos y sindicalistas que defienden sus tierras, las cuales han sido expropiadas de forma violenta por la familia.
Haroldo Mendoza Mata fue arrestado en la Ciudad de Guatemala el 20 de noviembre de 2014, como parte de un operativo de las fuerzas de seguridad guatemaltecas que también resultó en la captura de otros nueve presuntos miembros de su estructura criminal.
Otro de los hermanos, Walter Obdulio, fue condenado en mayo de 2019 a 16 años de prisión por lavado de dinero. Sus cuatro hijos también fueron sentenciados a seis años.
El vínculo de esta familia en la política guatemalteca ha sido ampliamente conocido: el expresidente, Álvaro Colom, dijo en una entrevista al diario El País de España que nadie se metía con estructuras del narcotráfico que tuvieron durante muchos años los beneficios del mismo gobierno.
Una investigación periodística de Plaza Pública reveló que el alcalde del municipio de San José, en el departamento de Petén, Julián Tesucún, gastó cerca de US$2 millones en un estadio con el apoyo de Milton Oswaldo Mendoza Matta, de la familia Mendoza. El edil dijo en su momento que el apoyo fue por su rol de empresario.
En diciembre de 2015, Milton Mendoza Matta fue designado de forma interina como presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut).
Terroristas globales beneficiados por la justicia guatemalteca
El Movimiento ProJusticia se pronunció en sus redes sociales después del anuncio de Estados Unidos y enfatizó que estas organizaciones están siendo señaladas como terroristas a nivel global, pero en Guatemala eso no ocurre porque han sido beneficiadas por el sistema judicial del país.
En 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conjunto con el Ministerio Público y fuerzas de seguridad, dio a conocer el caso “Génesis”, el cual reveló que existía un “Estado paralelo” integrado por miembros de la familia Mendoza y notarios, que sometieron a violencia a campesinos en Petén e Izabal para arrebatarles las fincas que recibieron del Fondo de Tierras.
Entre los hechos, reportaron que se legalizaron al menos 28 fincas obtenidas mediante violencia a través de hombres armados y comandos liderados por Walter Mendoza Matta. Ellos forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios que actuaban de manera concertada.
En 2019, se dictó una sentencia de seis años de prisión inconmutables por los delitos de usurpación agravada y lavado de dinero. La sentencia alcanzó a los hijos de Mendoza Matta, quienes también fueron condenados a pagar multas de entre Q2 y Q3 millones.
Sin embargo, en 2025 se hizo pública una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo en la que se absolvió de los cargos de blanqueo de dinero a William Alfredo, Jeffrey Obdulio y Mariana Isabel Mendoza Tally, hijos de Mendoza Matta.
Esta Sala estaba encabezada por la jueza Eva Recinos, quien ha dictado otras resoluciones polémicas, como el sobreseimiento de varios exministros y exfuncionarios señalados de corrupción en el caso Cooptación del Estado.
El despojo de tierras que hoy menciona el Tesoro es el mismo que la CICIG y el Ministerio Público documentaron en Guatemala, en casos que terminaron cerrados o con condenas anuladas.
En 2025, Haroldo Mendoza Matta y otros integrantes de su estructura criminal también fueron beneficiados con el cierre del caso Cancerbero. La jueza Abelina Cruz Toscano declaró el sobreseimiento para los señalados.
Este fue un caso presentado por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), en colaboración con la CICIG. Señalaron que operaban en Morales y Los Amates, Izabal, donde intimidaron a comunidades rurales para despojarlas de sus tierras mediante violencia, amenazas y asesinatos. La fiscalía denunció que incendiaron cultivos, quemaron viviendas y ejecutaron a campesinos que se resistían a entregar sus terrenos.
Cruz Toscano también está vinculada a fallos en beneficio de funcionarios señalados de delitos como Alejandro Sinibal, exministro de Comunicaciones, en el caso Construcción y Corrupción. También favoreció al exministro José Luis Benito con una resolución.

Los Huistas
Esta organización de narcotráfico opera en Huehuetenango y tiene vínculos con estructuras criminales en México. Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, fue detenido en marzo de 2025 en territorio mexicano y fue extraditado a Estados Unidos luego de ser entregado a las autoridades guatemaltecas.
Para el Tesoro, Los Huistas operan desde la década de 1990 y son un eslabón clave en la ruta de la cocaína que sale de Sudamérica, cruza México y llega a Estados Unidos.

El comunicado subraya sus nexos de larga data con empresarios, agentes de seguridad y políticos locales, relaciones que, según Washington, le dieron influencia política, lo protegieron de la persecución penal y le permitieron dominar el crimen organizado en el noroccidente del país.
Esta agrupación también tiene vínculos directos con la política. Su hija Danury Lizeth Samayoa Montejo fungió como diputada suplente, con el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Además, Samayoa Montejo es esposa del exdiputado suplente del Parlacen, electo también con UCN, Freddy Arnoldo Salazar Flores.
En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Salazar Flores, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses y compareció por primera vez ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia.
En julio de 2023, luego de las elecciones generales, Salazar fue despojado de su inmunidad por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, al ser requerido por la justicia de Estados Unidos.
La madre de Freddy Salazar, María Alma Judith Flores Porras, fue diputada titular por el Parlacen, también por la UCN.
En 2022, elPeriódico dio a conocer la existencia de dos acusaciones de la justicia de Estados Unidos en contra de Freddy Salazar y contra Samayoa Recinos; posteriormente, el MP solicitó el retiro de la inmunidad contra Salazar.
La acusación contra Salazar señalaba que este había alternado sus funciones como diputado suplente del Parlacen con operaciones de narcotráfico de Los Huistas, organización liderada por su suegro.
Mientras que la acusación contra “Chicharra” hacía énfasis en que, entre 2006 y 2016 conspiró para transportar cocaína a Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y México.
Una publicación de elPeriódico también señaló que Salazar entregó al menos US$10 millones de contribución de Los Huistas para la campaña electoral del partido Vamos, agrupación que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.
Para Los Huistas no es nueva la sanción de Estados Unidos. En marzo de 2022, la OFAC los señaló de contribuir a la inestabilidad en Guatemala y la región.
Cuatro años después, la acusación escala: ya no solo se les señala de traficar droga, sino de sostener a organizaciones que Estados Unidos considera terroristas.
En ese entonces, Aler Samayoa y Freddy Salazar estuvieron entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.
El sobrino de la diputada Sofía Hernández, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, también fue condenado en Estados Unidos por pertenecer a la estructura de los Huistas, este habría ayudado a mover al menos 2 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Hernández y asesinado en Santa Ana Huista en 2022, se declaró culpable de pertenecer a la estructura de los Huistas, así como de colaborar en un caso de obstrucción de la justicia.
Los Lorenzana
El Patriarca de esta estructura criminal fue Waldemar Lorenzana Lima; murió en 2021 mientras cumplía una condena de 23 años de cárcel en Estados Unidos. Tiene el historial de haber liderado el trasiego de drogas a México y se le vinculaba con el cartel de Sinaloa.
No fue hasta julio de 2003 cuando Estados Unidos presentó la acusación formal en su contra. Fue detenido en abril de 2011 en El Jícaro, El Progreso, y extraditado el 18 de marzo de 2013.
Según las autoridades estadounidenses, Lorenzana aceptó que de marzo de 1996 a noviembre de 2007 fue integrante de una organización de narcotráfico que habría recibido, inventariado y almacenado grandes cantidades de cocaína, proveniente de Colombia, en propiedades en Guatemala, para luego exportarlas a México y Estados Unidos.
En este proceso declaró contra sus hijos, a los que introdujo en el negocio del narcotráfico. La familia había colaborado con el capo guatemalteco de la droga, Otto Roberto Herrera García, detenido en 2007 en Colombia y extraditado a Estados Unidos. Según la acusación, importaban la droga desde Colombia a través de El Salvador y Guatemala por mar y aire, y la almacenaban en fincas agrícolas del departamento de Zacapa.
Según Insight Crime, Los Lorenzana tenían vínculos con el cártel de Sinaloa en México y su base histórica de operaciones está en Zacapa.
El Departamento de Estado sostiene que los tres grupos mantienen vínculos profundos con los carteles mexicanos y que ayudan a mover y exportar droga.
Después del cambio de gobierno en Guatemala en 2011, el imperio de Los Lorenzana comenzó a derrumbarse. Waldemar y sus hijos Eliu y Waldemar fueron arrestados y posteriormente extraditados a Estados Unidos.
Waldemar Lorenzana hijo y su hermano Eliu fueron condenados por cargos de narcotráfico en marzo de 2016. Ambos fueron sentenciados por separado a cadena perpetua en 2018.
Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chichi”, fue el último de los hijos de Lorenzana en ser capturado. Fue extraditado junto con Marta Julia Lorenzana Cordón, hija de Waldemar y una operadora clave de la logística del grupo, quien fue sentenciada a 33 años de prisión en Estados Unidos en 2024 por tráfico de drogas.
Recompensa por uno de los Lorenzana
El cerco sobre Lorenzana Terraza se ha ido cerrando. El 17 de junio de 2025, Guatemala extraditó a Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga, alias “Chipi”, y a Allan Mendoza, alias “Carnes”, descritos por el Departamento de Justicia como parte del grupo de leales que lo rodea. Ambos enfrentan cargos por conspirar para importar cocaína y por posesión de armas en un tribunal federal del Distrito de Columbia.
Según la acusación, “Haroldito” asumió el mando de la organización a mediados de los años 2000, tras el procesamiento de varios de sus familiares, y enfrenta además cargos por dirigir una empresa criminal continua y por conspirar para importar heroína.
Desde 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos busca a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. El Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) ofrece hasta USD$5 millones por información que lleve a su arresto.
“Lorenzana Terraza es miembro de la familia de narcotraficantes Lorenzana, que opera desde La Reforma (Guatemala), con vínculos de tráfico establecidos con varias organizaciones de narcotraficantes mexicanas, incluido el cártel de Sinaloa.
Desde 1996, la organización narcotraficante Lorenzana ha coordinado presuntamente el transporte, almacenamiento y distribución de cantidades de varias toneladas de cocaína desde Colombia a América Central y México para su posterior distribución en Estados Unidos”, señala el documento.
Hoy, tras las sanciones, publicaron nuevamente la recompensa por su búsqueda.
A finales de septiembre de este año, se reportaron varios ataques armados en Huité, Zacapa, de los cuales resultaron fallecidas ocho personas, por heridas de arma de fuego.
El MP procesó tres escenas donde ocurrieron los crímenes. Una de estas fue en un sector de acceso al municipio, donde se localizó un vehículo tipo camioneta en cuyo interior fueron encontradas tres personas de sexo femenino fallecidas, dos mayores de edad y una menor de edad.
La segunda fue en el barrio El Campo, donde fueron localizadas dos personas de sexo masculino fallecidas en distintos puntos del sector. Mientras que el tercer escenario ocurrió en la aldea La Oscurana, en el que se reportó la localización de una persona de sexo masculino fallecida. Posteriormente, el MP informó de una persona más fallecida en esa localidad.
Prensa Libre informó que tuvieron acceso a informes que revelan que esta incursión en Huité, tenía la finalidad de capturar a “Haroldito”. En la nota periodística explican que el informe policial de fecha 27 de septiembre indica que a las 17:30 horas ingresaron en Huité tres picops y una camioneta agrícola con un grupo de hombres con indumentaria militar fuertemente armados. Los vecinos del lugar indicaron que posiblemente eran agentes de la DEA.
También señala la nota periodística que un convoy de siete vehículos tácticos y dos camiones del Ejército de Guatemala se dirigía al campo municipal de fútbol, con la supuesta intención de capturar al integrante de Los Lorenzana.
En un principio, las autoridades de la cartera de Defensa señalaron que no hubo intervención ni participación de militares en ese lugar, pero dos semanas después, el ministro Henry Sáenz, aseguró que “el despliegue del personal militar y vehículos militares hacia el municipio de Huité tuvo como propósito la colocación de puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano”.
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