El Ministerio Público (MP), a través de la fiscal Brenda Maribel Guzmán, y los querellantes Lesther Castellanos, Omar Barrios y la Fundación Contra el Terrorismo, solictiaron las medidas debido a la ausencia de Laparra en la audiencia de hoy.
Los magistrados aceptaron las argumentaciones presentadas por los querellantes para declarar en rebeldía a Laparra, quien se encuentra en el exilio desde julio del año pasado, luego de haber sido condenada en un segundo caso en su contra.
El abogado de Laparra, Herber Pérez, indicó que con esta decisión de la Sala, la sentencia contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango no queda en firme, esto mientras no se le ubique en el territorio guatemalteco.
Además, como ya ha ocurrido en otros casos, Pérez afirmó que no cree que la Interpol active la alerta para la detención de Laparra. Incluso, mencionó que la Interpol ha solicitado a Guatemala desistir en el envío de tipo de oficios porque no les dará trámite.
Laparra es una de las finalistas del premio Allard, uno de los reconocimientos más importantes a nivel global dedicado a la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos.
El 8 de julio de 2024, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de esa localidad la condenó a cinco años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
Castellanos, Méndez Ruíz y Barrios han sido querellantes en este segundo caso contra Laparra y reclaman a la Sala que ella no se presentó el 19 de julio de 2024 a la audiencia de reparación digna y que no hubo justificación.
Además, han presentado como pruebas capturas de pantalla de notas periodísticas que informan sobre la salida al exilio de Laparra, lo cual califican como “fuga”.
El pasado miércoles 23 de abril, el MP solicitó al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que reactivara una orden de captura contra la exfiscal, pero el juez Marco Antonio Villeda recordó que en este caso ya se han dictado dos sentencias, por lo que su situación jurídica ya ha cambiado, asegurando que, por el momento, está condenada en sentencia firme y corresponde que el caso avance en un Juzgado de Ejecución.
