Una auditoría social realizada por colectivos ciudadanos de Quetzaltenango identificó incrementos en los costos de los contratos para el barrido calles y la limpieza de zonas urbanas del municipio, sin que en los expedientes consultados aparezcan justificaciones técnicas para esos cambios.

Uno de los principales hallazgos corresponde al proyecto denominado “Saneamiento plan maestro para la conservación del ornato, Xela limpia y verde 2025-2027”, adjudicado por Q13.5 millones a ICH Constructora, cuyo representante legal es Guillermo Ramón Hernández de León.

Las organizaciones cuestionaron que el costo del servicio aumentara respecto al contrato anterior, pese a que algunas de las áreas y extensiones de barrido se mantienen iguales o incluso disminuyeron. También señalaron deficiencias en los criterios utilizados para establecer tarifas y en los mecanismos municipales para verificar que la empresa cumpla con el servicio contratado.

El análisis fue realizado por la Comisión Municipal de Auditoría Social de Quetzaltenango, la Red Nacional de Hombres, (Redhosen), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas, la Comisión Departamental de Transparencia y Probidad, el Movimiento Indígena Guatemalteco, la Junta de Vecinos por el Desarrollo del Medio Ambiente de Quetzaltenango, la Red de Mujeres de Occidente y Mujeres Guerreras por la Democracia. 

De acuerdo con la revisión de los registros publicados en Guatecompras, IHC Constructora acumula adjudicaciones de entidades públicas por Q60.2 millones de 2016 a la fecha. De ese monto, Q42.3 millones corresponden a contratos facilitados por la Municipalidad de Quetzaltenango.

Las organizaciones civiles también destacaron que, en los procesos de licitación del servicio de barrido de calles que analizaron, la empresa participó como único oferente.

Aumento de costos sin justificación

La comparación entre los contratos correspondientes a los períodos 2023-2025 y 2025-2027 permitió identificar un incremento de Q2.3 millones. El monto pasó de Q11.1 millones a Q13.5 millones, lo que representa un incremento del 21.5 por ciento.

De acuerdo con el informe, en los expedientes consultados no existen justificaciones técnicas que expliquen el incremento.

La auditoría también encontró ambigüedades en las bases del servicio debido a que la normativa de la Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad clasifica el barrido de calles en cuatro categorías:  A, B, C y D. Estas se establecen según el nivel de afluencia de las áreas, calificadas como de impacto crítico, crítico-moderado o moderado.

Sin embargo, las organizaciones expusieron que esas categorías no cuentan con parámetros cuantitativos u objetivos que permitan determinar cómo se asigna cada nivel de impacto. Además detectaron descripciones idénticas para las categorías C y D, lo que, a su criterio, dificulta establecer diferencias claras entre los servicios y sus respectivos costos.

Las variaciones también se reflejan en las tarifas mensuales, por ejemplo, en el barrido tipo A, correspondiente a la zona 1 y áreas especiales, la extensión contratada se mantuvo en 19 kilómetros pero el pago mensual pasó de Q51 mil 306.08 en el contrato anterior a Q99 mil 277.53, lo que representa un incremento de 93.2 por ciento.

En el barrido tipo D, el informe identificó otras variación en el que aunque la cantidad de kilómetros contratados disminuyó un 20 por ciento, el costo mensual aumentó Q52 mil 277.53. El valor por kilómetro pasó de aproximadamente Q1,118.06 en 2023 a Q3 mil 031.25 en 2025, lo que representa un incremento aproximado del 171.1 por ciento.

La auditoría también determinó que un incremento de 171 por ciento en el costo por kilómetro, según el documento este pasó de Q1 mil 118.06 en 2023 a Q3 mil 031.25 en 2025.

Cuestionan la supervisión municipal

Otro de los hallazgos se refiere a los mecanismos que utiliza la Municipalidad para verificar que la empresa cumpla con el servicio.

Según la auditoría, funcionarios de la Dirección de Servicios Ambientales indicaron que la limpieza de las calles se supervisa mediante cámaras de videovigilancia, como parte de los mecanismos establecidos en los contratos

Sin embargo, las organizaciones civiles comentaron que la propia Unidad de Información Pública Municipal (UIPMQ) informó por escrito que la zona 1 no cuenta con cámaras destinadas a ese propósito. Esta situación, advierten, pone en duda la capacidad de la comuna para verificar el cumplimiento del servicio en esa área.

“A pesar de los constantes incumplimientos reportados por vecinos y Codede, la municipalidad no ha tramitado un solo procedimiento sancionatorio o multa económica contra la contratista”, señalaron las organizaciones en el informe.

Nohemí Racancoj, integrante de la comisión de auditoría social ,explicó que persisten las inconsistencias técnicas y tarifarias, debido a que no existen documentos que permitan identificar con claridad las zonas que debe cubrir el proyecto. 

La representante también cuestionó la posible duplicidad del gasto municipal. Según explicó, la empresa contratada debería aportar el personal necesario para prestar el servicio; sin embargo, los informes revisados por las sociedad civil exponen que la Municipalidad también contrata trabajadores para realizar labores de barrido de calles.

“No se le da el seguimiento correspondiente a las quejas ante la municipalidad cuando se le dan a conocer las deficiencias de los servicios”, dijo. 

Contratista consentido

ICH Constructora ha recibido otros contratos de la Municipalidad de Quetzaltenango durante la administración del alcalde Juan Francisco López.

En 2024, la empresa obtuvo la adjudicación para suministrar tres fuentes destinadas al parque Benito Juárez, ubicado en la zona 3, por Q2.9 millones. La remodelación de ese espacio público generó críticas entre vecinos y sectores de la sociedad quetzalteca, particularmente por la tala de árboles y la falta de información sobre el proyecto. 

En 2025, la Municipalidad adjudicó nuevamente a ICH Constructora la compra de 14 bancas de hierro fundido para el mismo parque, por Q199 mil 500.

Este año, además del contrato para el barrido de calles, la empresa obtuvo otra adjudicación por Q26 mil 999. 97 para la extracción de basura durante las actividades de conmemoración de la independencia de Guatemala.

Las organizaciones anunciaron que presentarán el informe ante la Contraloría General de Cuentas, con el propósito de que sus hallazgos sean considerados en las auditorías que realiza esa institución. Entre sus recomendaciones también plantean un rediseño técnico del proyecto de barrido de calles, que permita definir con claridad las áreas de cobertura, los criterios para establecer las tarifas y los mecanismos de supervisión del servicio.

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