El Tribunal Noveno de Sentencia Penal absolvió a los estudiantes Heizel Morales y Sergio Morataya al no encontrar pruebas suficientes de su implicación el caso de la toma del Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ocurrida en 2023, que se dio en rechazo a la primera elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios, que fue señalada como fraudulenta.
Juan Castro, abogado de los estudiantes, señaló que el Tribunal analizó la prueba presentada por el Ministerio Público (MP) y se consideró que no se pudo establecer que ellos hayan sido responsables de la toma del Paraninfo, por lo que fueron absueltos por el delito de usurpación agravada.
“Si bien los encontraron allí ese día (cuando fueron detenidos en el Paraninfo), el MP no pudo acreditar cuál era el motivo por el cual estaban ahí. Lo que sí queda acreditado es que hubo una protesta estudiantil derivada de la elección de Walter Mazariegos”, dijo Castro.
El abogado señaló que hubo una responsabilidad del Consejo Superior Universitario (CSU) de no haber resuelto la situación en el Paraninfo, de conformidad con los protocolos existentes en la Usac sobre la toma de instalaciones universitarias.
Castro dijo que esos protocolos fueron presentados ante el Tribunal y que se tomaron como argumento de que no se pudo acreditar que tanto Morales como Morayata quisieran apropiarse o beneficiarse de la toma, sino que se trataba de una protesta estudiantil.
La petición del MP
Durante el desarrollo de la audiencia celebrada este miércoles, el MP aseguró que se logró demostrar en modo, tiempo y lugar que Morales y Morataya cometieron el delito de usurpación agravada en la toma de dichas instalaciones universitarias.
El ente investigador indicó que durante el desarrollo del debate se probó, mediante prueba documental, material, testimonial y pericial, que los acusados fueron responsables de la toma del Paraninfo y de los daños que este sufrió al estar cerrado por más de un año.
Según indicaron, dichas acciones fueron ilegales y las mismas impidieron el ejercicio de la administración universitaria además de afectar el acceso a la educación.
En ese sentido, el MP solicitó al Tribunal imponer una sentencia de seis años de prisión por el delito de usurpación agravada.
A esta solicitud se adhirió la Usac, que es querellante en el caso, entidad que aseguró se había logrado desvanecer la inocencia de los acusados.
Cuestiona petición de la Fiscalía
Castro cuestionó la petición realizada por el MP y señaló que aparentemente no hay una instrucción del fiscal general, Gabriel García Luna, para que se haga una revisión de este tipo de casos y recordó que hay más estudiantes, docentes y trabajadores de la Usac que están siendo criminalizados por la toma de instalaciones universitarias en 2023.
“Si se hiciera una revisión de estos casos, se darían cuenta que son casos políticos, que no se trata de casos que judicialmente puedan deducir responsabilidades”, indicó Castro.
El abogado señaló que se hace necesaria una revisión de estos casos que fueron impulsados por la exfiscal general, María Consuelo Porras, así como por los fiscales que fueron parte de esa gestión en el MP, que también impulsó casos contra operadores de justicia, periodistas y líderes indígenas.
Ayer, el MP también se opuso a que se modificaran las medidas de coerción impuestas contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, en el caso Alfa Siete, al considerar que las circunstancias que justificaron su imposición no habían cambiado.
También habían argumentado que Campo aún permanecía en prisión preventiva por otro proceso penal, que se trata del caso Zolic.
