En la carta, enviada el 10 de diciembre, la relatora señaló que ha recibido la información sobre los procesos penales emprendidos contra 26 personas, entre ellas seis exoperadores de justicia que participaron de forma directa en la investigación del caso Odebrecht, incluyendo a la exfiscal general Thelma Aldana, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, y exfiscales y exfuncionarias del Ministerio Público.

La relatora contextualizó estas acciones dentro de un patrón más amplio de persecución contra operadores de justicia en Guatemala, documentado previamente por su mandato y por informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como por observaciones realizadas tras su visita oficial al país en mayo de 2025.

Satterthwaite solicitó al Estado de Guatemala información detallada sobre las bases jurídicas de las órdenes de captura, la ampliación de los delitos imputados, el uso de la declaración de rebeldía y de la reserva judicial, así como las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, el principio del juez natural y la seguridad de las personas procesadas que se encuentran en el exilio.

“El uso de tipos penales graves como asociación ilícita, conspiración, colusión y abuso de autoridad, en ausencia de nuevas pruebas, podría constituir un uso infundado e instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público y podría tener un efecto intimidatorio sobre otros fiscales y jueces y juezas que actualmente investigan casos de corrupción”, indicó Satterthwaite.

En junio de este año, la Sala Tercera de Apelaciones emitió varias órdenes de captura contra operadores de justicia que conocieron el Caso Odebrecht, entre esos el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, y Luz Adriana Camargo Garzón, actual fiscal general de Colombia, quien formó parte de la Comisión.

También contra Thelma Aldana, exfiscal general en Guatemala; Mayra Véliz, exsecretaria general del Ministerio Público (MP); Juan Francisco Sandoval, exfiscal de sección de la FECI. 

Además de Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de la FECI; Juan Pablo Carrasco de Groote, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemala-Estados Unidos (Amcham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG; y los exfiscales de la FECI Rudy Manolo Herrera Lemus y Amimayra Lizette Girón Rodas.  

En octubre, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso dichas órdenes de captura. 

Respuesta de Guatemala

El Gobierno de Guatemala, por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, envió una respuesta en la carta de Satterthwaite en la que expresa que actualmente el país atraviesa “un momento crítico” por la criminalización contra defensores de derechos humanos. 

Además, mencionaron que en el actual gobierno se ha tomado la decisión de reabrir las puertas a los mecanismo internacionales de protección, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha documentaro situaciones que están pasando en el país, como el uso abusivo del derecho penal, el cual se intensificó tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

En la carta también se explicaron algunos aspectos legales que son utilizados en Guatemala en los proceso penales, como la declaración en rebeldía y también la reserva en los casos. 

La relatora instó al Estado guatemalteco a adoptar medidas para proteger los derechos de las personas señaladas y a prevenir la repetición de hechos que, de confirmarse, serían incompatibles con los estándares internacionales sobre independencia judicial y debido proceso.