En su declaración, la Secretaría General reafirma el reconocimiento a los resultados de las elecciones generales de 2023, en las que Bernardo Arévalo fue electo presidente constitucional, y resalta que dichos comicios se desarrollaron con plena legitimidad, según la observación de la OEA.
El pronunciamiento de la instancia regional ocurre durante un momento de creciente tensión por acciones judiciales que buscan poner en duda la legitimidad de las autoridades electas durante el último proceso electoral.
El comunicado de la OEA también enfatiza la necesidad de diálogo institucional y de colaboración entre todos los actores políticos para mantener la estabilidad. “La Secretaría General confía en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional”.
“Mantiene comunicación con contrapartes nacionales e internacionales y reitera su disposición a continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional”, señala el texto oficial.

Estabilidad política en manos de la CC
Ayer, los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una solicitud de asistencia para garantizar la debida ejecutoria de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2023, que ordena respetar los resultados de las últimas elecciones generales.
La CC ordenó que el presidente, el Congreso de la República y la Junta Directiva del Congreso, deben rendir informes circunstanciados en un plazo de 12 horas para explicar si se está respetando su sentencia y en base a ello resolver sobre la debida ejecutoria.
La acción legal que solicitaron los profesionales se da en respuesta a una serie de acciones judiciales promovidas por el juez Fredy Orellana, quien ha sido señalado de emitir resoluciones que ponen en duda la legitimidad de las autoridades electas con el partido Movimiento Semilla. Entre esas acciones figura una orden que cuestiona la adjudicación de cargos a funcionarios electos, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados en 2023.
Conflicto que no cesa
La solicitud de informes por parte de la CC ocurre en un contexto en el que diversos sectores nacionales e internacionales han advertido sobre la amenaza de una regresión democrática en Guatemala.
Desde la primera vuelta electoral de 2023, los resultados han sido objeto de especulaciones, impugnaciones, amparos y resoluciones judiciales que —bajo el argumento de investigar irregularidades— han intentado frenar o revertir la toma de posesión de las autoridades electas.
En este marco, la figura tanto del juez Orellana como de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), han tenido un papel central. Ambos son señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como actores antidemocráticos y a quienes se les ha retirado la visa para ingresar a dicho país.
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