La decisión de la máxima corte constitucional resolvió sin lugar los recursos de apelación presentados por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN), y por el Ministerio Público (MP), y confirmó el amparo otorgado previamente por la  Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En este caso se conoció que el MP, aún dirigido por Consuelo Porras, presentó un memorial para desistir de la apelación que se había presentado.

Además, el fallo de la CC dejó sin efecto la resolución emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, que había revocado el sobreseimiento dictado a favor de Sinibaldi y ordenado la apertura a juicio.  

La CC consideró que la Sala de Apelaciones no fundamentó adecuadamente su decisión, debido a que se limitó a enumerar medios de investigación presentados por el MP, pero no explicó de forma concreta por qué esos elementos permitían establecer la probabilidad de participación del exfuncionario en los hechos atribuidos.  

También señaló que la Sala omitió analizar integralmente los elementos presentados por el ente investigador y no justificó de manera suficiente la utilización de determinados medios dentro del expediente.  

La resolución también recordó que, aunque los tribunales de apelación tienen facultad para revisar una decisión y sustituirla, deben ejercer esa función con una motivación completa y no limitarse a ordenar una consecuencia procesal.  

Con esta decisión, Sinibaldi no enfrentará juicio en este expediente por los señalamientos relacionados con Odebrecht. 

Esto ocurrió a pesar de que en junio de 2025, se conoció que la CC había resuelto que Sinibalid enfrentara juicio, al declarar con lugar una apelación interpuesta por la PGN y el MP. 

Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sinibaldi habría canalizado al menos 17.9 millones de dólares en sobornos. 

El fallo fue respaldado por los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Juia Rivera, Claudia Paniagua y María Jocholá. Mientras que la magistrada presidenta, Anabella Morfín, y la magistrada Astrid Lemus, emitieron votos disidentes.