La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, suspendió en definitiva el amparo 334-2023 promovido por la exfiscal Lilian Virginia Laparra contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. 

El amparo era contra la resolución del 19 de diciembre de 2022, en la que la Sala declaró sin lugar su apelación y confirmó la negativa del Tribunal Octavo de Sentencia a revisar su prisión preventiva. 

La ex fiscal del Ministerio Público alegaba violación de su libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela judicial.

Este fue firmado por los magistrados Clemen Vanessa Juárez Midence, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela e Igmaín Galicia Pimentel.

El Tribunal Octavo había negado la revisión por considerar que existía peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad, pues el debate oral estaba próximo a concluir y aún no declaraba un testigo. La defensa sostenía que ese riesgo había desaparecido porque el testigo no estaba en el país.

La Cámara aplicó la doctrina legal de “falta de materia”, ya que el 3 de enero de 2024 el Tribunal Octavo de Sentencia revisó la medida y concedió el arresto domiciliario. También debía presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y tenía prohibido salir del país. 

Para el órgano judicial, el punto clave del amparo era la revisión de la medida de coerción, y eso ya ocurrió: “El acto reclamado dejó de surtir efectos y una sentencia de amparo ya no incidiría en la situación jurídica de la solicitante”, señala el documento.

A pesar de que no se condenó a Laparra al pago de las costas procesales, se impuso una multa de Q1 mil a su abogado, Fernando Raúl Alarcón Perla, por la juridicidad del planteamiento.

Buscan que regrese a prisión

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se pronunció sobre esta resolución en contra de la multa impuesta al abogado. Aseguró que la decisión debía estar razonada, porque el artículo 46 de la Ley de Amparo no sanciona la falta de materia. “La CSJ debe respetar la ley, no castigar a quienes defienden derechos”, añadió.

Para la exfiscal anticorrupción, esta resolución es una decisión arbitraria en su contra y critica el paso del tiempo para que se conociera el amparo. Señala que si su libertad dependía de esa resolución, ella seguiría presa.

Laparra dijo que este tipo de decisiones están afectando su regreso a Guatemala como la que se conoció hace unas semanas, en la que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que cualquier asunto que quiera plantear sobre su caso debe ser de manera presencial. Laparra asegura que buscan que regrese a prisión.

Sin conocer el fondo de las peticiones 

La suspensión del amparo de la CSJ no entró a conocer detalles de fondo que la defensa de Laparra planteaba, como que la prisión preventiva fuera legal o que fue arbitraria. El amparo se cierra sin una decisión que la exfiscal pueda invocar en otras instancias.

Lo mismo sucedió con la resolución de la CC emitida el 27 de octubre. En esta, Laparra pedía a los magistrados que revisaran la declaración de rebeldía que está vigente en su contra y la violación de sus derechos. 

Dina Ochoa, Julia Rivera, Luis Marroquín, Claudia Paniagua y José Luis Aguirre votaron a favor de que Laparra debe estar de manera física para hacer los planteamientos sobre su caso; mientras que, Anabella Morfin y Astrid Lemus votaron disidentes.

Estas decisiones también provocaron la reacción de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados para las Naciones Unidas. Alegó que son preocupantes los retrasos para conocer los expedientes de Laparra. Hay una casación pendiente desde mayo. 

“Mi mandato seguirá instando a Guatemala a poner fin a la criminalización de operadores y operadoras de justicia”, dijo. 

El caso 

Laparra fue sentenciada el 16 de diciembre de 2022 a cuatro años de prisión, conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad en forma continuada, con inhabilitación especial por cuatro años. 

El caso se originó por una denuncia contra el entonces juez Lesther Castellanos. La Cámara Penal celebró el 22 de mayo de 2026 la vista pública de su recurso de casación. Laparra ha expresado que percibe un intento de confirmar, e incluso aumentar, la condena antes de que el nuevo fiscal general ordene una revisión del caso. A principios de noviembre, organizaciones de jueces y fiscales señalaban que la casación seguía pendiente. 

En julio de 2024, un tribunal de Quetzaltenango la condenó a cinco años de prisión conmutables y multa de Q50 mil por revelación de información confidencial o reservada. La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango la declaró en rebeldía y ordenó su detención en junio de 2025.

La ex fiscal anticorrupción vive fuera de Guatemala desde julio de 2024, cuando decidió exiliarse. Si regresa, podría enfrentarse a una orden de captura por el segundo caso.