El miércoles 4 de junio, un juzgado salvadoreño ordenó prisión provisional para la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. Tras la audiencia, bajo un fuerte resguardo policial, fue trasladada a un centro penitenciario en un vehículo particular con placas guatemaltecas. La escena no solo fue inusual, también abre dudas sobre quién está detrás de la criminalización de la abogada López.

El automóvil, un sedán gris con placas P0514JNW, está registrado en Guatemala a nombre de Edgar Manolo Ruano Pineda, un empresario originario del municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa. Ruano no figura como funcionario ni como diplomático; se dedica públicamente a la industria del transporte de granos y alimentos.

Sus pocas fotografías en redes sociales lo retratan como un padre de familia que conduce un cabezal de tráiler color café. En este vehículo conserva recuerdos con sus amigos en donde escuchaban a Los Iracundos.

Según el portal público Guatecompras, Ruano aparece como representante legal de tres empresas registradas en Guatemala:

1. Industria Centroamericana de Arroz, S.A. (NIT 44512988)
2. Industria Centroamericana de Granos Básicos, S.A. (NIT 61497347)
3. Industria Alimenticia La Entrada, S.A. (NIT 108655342)

Solo la segunda, Industria Centroamericana de Granos Básicos, ha figurado como contratista del Estado guatemalteco, principalmente entre 2008 y 2017. Durante ese periodo devengó más de Q58 millones en licitaciones con instituciones como el Ministerio de Agricultura (MAGA), el Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola (Cipreda) y la Municipalidad de El Progreso, Jutiapa. La empresa reporta como sede comercial una dirección en la aldea Las Flores del mismo municipio y un domicilio fiscal en el Edificio Ilumina, en la Ciudad de Guatemala.

No hay registros que vinculen a Ruano con autoridades salvadoreñas ni guatemaltecas y ambos gobiernos no se han pronunciado respecto a la propiedad del vehículo.

López es una reconocida abogada salvadoreña y defensora de derechos humanos, especialista en derecho penal y transparencia. Se desempeña como jefa jurídica anticorrupción en la organización Cristosal, que ha revelado y monitoreado diversas violaciones a derechos humanos en Centroamérica. 

Durante los últimos años, ha sido una voz crítica al gobierno de Nayib Bukele, particularmente contra el autoritarismo de su gestión.

“Quiero un juicio público”, exclamó ayer durante su traslado del juzgado al centro carcelario. “La gente merece saber; el que nada debe, nada teme”, dijo ante los medios de comunicación.