La resolución de la CC estableció un plazo de 48 horas a los comisionados para repetir el proceso, tomando como punto de inicio la hora en la que el presidente Bernardo Arévalo devolvió la nómina que se elaboró, por medio de votación, el 20 de abril.

Patricia Gámez, Alicia Franco Flores, Pablo Maldonado,  Luis Lepe y Nery Anleu se opusieron. Gaméz indicó que el dictamen impuso criterios contrarios a la normativa aprobada por la Comisión de Postulación que por medio de una votación unánime decidió, en su segunda sesión, que se tomaría en cuenta el ejercicio de juez. 

Franco Flores, quien se desempeñó como jueza de Paz en 2019, argumentó que excluir a los jueces generaría una desigualdad injustificada frente a los demás postulantes, entre quienes se cuentan, abogados, exmagistrados y asesores.

‘’La función jurisdiccional no nos aparta de la profesión de abogados. Por le contrario, la representa en su más alta responsabilidad’’, afirmó.

Claudia Paredes, presidenta del Organismo Judicial y de la postuladora, sí expresó su total acuerdo con el fallo de la CC. 

‘’No se hubiera ocasionado este retraso si se hubiera atendido a lo que dice la norma constitucional y no querer darle otras interpretaciones antojadizas’’, reclamó Paredes. 

Acatando lo ordenado por la CC, la comisión realizó en esta misma sesión otra ronda de revisión de las papelerías físicas en grupos de 15, correspondiendo un expediente a cada integrante.

Las calificaciones 

En la segunda ronda de evaluación, la postuladora revisó únicamente el rubro de méritos profesionales. De los 48 candidatos, únicamente cuatro acreditaron experiencia en judicaturas.

La comisión restó 14 puntos a Gabriel Estuardo García Luna por sus siete años de experiencia como juez. Su calificación bajó de 86.21 a 72.21, esta vez quedando por debajo de la línea de corte de 75 puntos. García es el único afectado de los seis profesionales que integran la nómina final.

Amílcar Enrique Colindres Hernández, quien había obtenido 44.86 puntos, quedó con  20.86. Ejerció durante 12 años, por lo que perdió 24 puntos.

Walter Paulino Jiménez Texaj fue el más afectado. Se le restaron 42 puntos, con lo que su ponderación bajó de 86.73 a 44.73.

En cambio, aunque el expediente de Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación, fue sometido a un nuevo análisis su puntuación de 41.86 quedó intacta. Esto debido a que la experiencia como juez de Villeda fue descartada del proceso en la primera evaluación, a diferencia de los demás postulantes.

Las nuevas calificaciones fueron aprobadas con el voto de 14 de los 15 comisionados. Patricia Gámez negó su voto en casi todas las ocasiones, debido a no estar de acuerdo con el fallo de la CC. Gámez votó únicamente para aprobar la calificación de Villeda, debido a que se mantuvo igual. 

La rebaja a la ponderación de García Luna y Jiménez Texaj los excluye de los 12 finalistas, por lo que sólo Henry Alejandro Elías Wilson, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, José Manuel Quinto Martínez, Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina, César Augusto Avila Aparicio, Julio César Rivera Clavería y la actual fiscal Consuelo Porras Argueta superan la línea de corte.

Para que se realice la votación para integrar la nómina final debe haber al menos 12 postulantes, por lo que la Comisión deberá bajar otra vez la calificación mínima a 70 puntos. En el proceso realizado el 20 de abril, esto permitió incluir a Zoila Tatiana Morales Valdizón, Raúl Estuardo López Rodríguez y Beyla Adaly Estrada Barrientos.

Con esto, García Luna podría tener nuevamente una oportunidad de quedar entre los finalistas, pero la ponderación de Jiménez abre un lugar a otro candidato. Sin embargo, entre los restantes, nadie alcanzó 70 puntos, por lo que es posible que la Postuladora reduzca aún más la línea de corte.

Gladys Verónica Ponce Mejicanos es quien se acerca más, con 67.71 puntos obtenidos en la primera evaluación.