Según Ortiz, detrás de la aprobación de este Decreto hubo una motivación política, esto para contar con un “bolsón histórico” de recursos para las elecciones de 2027, el cual podría ser más alto que el de la mayoría de carteras del Ejecutivo. 

Además, Ortiz mencionó que este Decreto rompe con la anualidad que debe tener el Presupuesto General de Ingreso y Egreso del Estado, debido a que esos fondos podrán ser ejecutados por los Codede aunque no se apruebe un nuevo Presupuesto. 

Ortiz agregó que se violan varias disposiciones legales, sobre todo por lo establecido en el artículo 3 del Decreto 7-2025 en el cual indica que todos aquellos proyectos que corresponde ejecutar a los Codede quedarán aprobados en un plazo de cinco días. 

“No solo es un bolsón de gasto excesivo, en violación a la Constitución, sino que estamos hablando de cero calidad del gasto. Y recordemos, ¿a los Codede quién los conoce? ¿Quién los nombra? ¿Quiénes son? No los conoce nadie, son entidades, además antidemocráticas, que no fueron elegidas por nadie, que tienen un rol obviamente constitucional, pero concederles un presupuesto ilimitado, como lo hace el Decreto 7-2025, es un atentado contra nuestra Constitución”, indicó. 

Ortiz calificó como positivo que el Presupuesto 2026 haya quedado en suspenso, pero indicó que es una victoria parcial, porque el Congreso y los poderes locales no necesitan de un nuevo proyecto de presupuesto mientras siga vigente el Decreto 7-2025. 

El abogado Bermejo también cuestionó que el artículo 3 permita la aprobación de proyectos en un plazo de cincos días si las entidades responsables de realizar los análisis correspondientes no emiten una respuesta. 

“En realidad es un espejismo porque lo que va a premiar es la inactividad e ineficiencia gubernamental sobre una gran porción de proyectos abarcados en el Presupuesto y consideramos además que da un incentivo perverso a los funcionarios y que rompen con la estructura del régimen de responsabilidad”, dijo Bermejo sobre el artículo 3.

Veto

En octubre de este año, el presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025, argumentando que dicha normativa violaba varios artículos de la Constitución, comprometiendo el uso de recursos públicos. 

Sin embargo, días después, el Congreso decidió no aceptar el veto emitido por el Ejecutivo, asegurando que este fue emitido y publicado fuera del plazo legal permitido por la Constitución. 

A mediados de octubre, la CC rechazó cuatro amparos contra el Decreto 7-2025, los cuales habían sido presentados por el presidente Bernardo Arévalo, diputados oficialistas de las facciones de Semilla y Raíces y parlamentarios del bloque VOS.