“Desconocer procesos electorales válidamente celebrados constituye una grave vulneración a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad ante la ley y respeto a la voluntad democrática, debilitando el orden constitucional y la institucionalidad democrática”, señaló la Apcop en un comunicado.

Ante la decisión del CSU, informaron que han promovido acciones constitucionales de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y ante una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según señalaron, estas medidas buscan restablecer la legalidad, garantizar la tutela judicial efectiva y salvaguardar derechos fundamentales que consideran afectados.

Asimismo, la Apcop solicitó a las instancias jurisdiccionales que resuelvan los recursos interpuestos a la mayor brevedad posible, en atención a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos constitucionales.

La Asamblea también exigió que se garantice la participación de todos los cuerpos electorales ya electos y advirtió que no reconocerá los resultados de un proceso en el que se excluya a representantes validados por los colegios profesionales.

En ese sentido, indicó que, de mantenerse la exclusión de alguno de los cuerpos electorales, solicita que la elección programada sea pospuesta en el corto plazo, con el fin de que en una nueva fecha se permita la participación de todos los sectores involucrados.

Finalmente, la APCOP instó al Consejo Superior Universitario a actuar con apego al orden constitucional y a respetar la voluntad democrática expresada en los procesos electorales de los colegios profesionales.

CANG se pronuncia

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) también se pronunció por la decisión del CSU y rechazó la exclusión de cuerpos electorales, a la vez que exigió la acreditación inmediata de todos los electores. 

“El hecho de desconocer a electores legítimamente designados representa una grave transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y soberanía del voto, pilares fundamentales del orden constitucional guatemalteco. Ninguna autoridad puede, mediante actos administrativos carentes de fundamentación suficiente, anular la voluntad popular válidamente expresada”, indicó el CANG. 

Indicaron que el proceso realizado en el CANG se realizó conforme a la normativa vigente, con transparencia y participación democrática, asegurando que el resultado de la elección fue legítimo.