El Ministerio Público (MP) confirmó a eP Investiga que interpondrá un recurso de casación por motivo de fondo contra de la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo que absolvió a tres exdiputados en el caso Asalto al Ministerio de Salud. El fallo revocó las condenas que les había impuesto el Tribunal de Mayor Riesgo “D” por el delito de tráfico de influencias.
El ente investigador informó que tomó esta decisión luego de analizar la sentencia emitida por los magistrados de la Sala el pasado 5 de noviembre, mediante la cual dejaron sin efecto las penas de prisión contra Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa.
“Al haber analizado la sentencia, se procederá a interponer un recurso de casación por motivo de fondo en su contra”, indicó el MP. Sin embargo, no precisó cuándo se presentará el recurso.
La casación por motivo de fondo busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) examine si hubo errores en la aplicación o interpretación de la ley. Con esa acción, el MP busca que se revise el criterio jurídico utilizado por los magistrados para absolver a los excongresistas.
Las razones de la absolución
La Sala Primera revocó las sentencias dictadas el pasado 3 de agosto por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que encontró culpables a los tres exdiputados del delito de tráfico de influencias.
En esa ocasión, Aracely Chavarría fue condenada a siete años y 11 meses de prisión; Ronald Arango recibió una pena de seis años y cuatro meses, mientras que Humberto Leonel Sosa fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios.
Para revocar las condenas, los magistrados argumentaron que las pruebas presentadas por el MP durante el debate no guardaban relación suficiente relación con los hechos atribuidos a los acusados. Por ello, consideraron que no correspondía imponerles una condena por tráfico de influencias y ordenaron su absolución.
Antecedentes del caso
La investigación del caso Asalto al Ministerio de Salud fue presentada en 2019 por la entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las pesquisas señalaron la existencia de una estructura que habría operado durante la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, entre 2012 y 2014. Según la investigación, mediante esta estructura se habrían gestionado plazas para personas cercanas a diputados y otros actores políticos, además de cometerse presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y obras públicas.
En el caso de los tres exlegisladores, el MP sostuvo que aprovecharon sus cargos para gestionar la contratación de personas allegadas en distintas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
