De manera preliminar se conoce que los magistrados fueron convocados de urgencia para sesionar este martes y discutir sobre nueve amparos que diferentes entidades y funcionarios de dependencias autónomas presentaron en contra del plan de gasto para el próximo año. 

En un comunicado, la CC informó que la decisión se tomó porque “las circunstancias lo hacen aconsejable, dados los vicios formales denunciados por los amparistas Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Lindares Beltranena”. La suspensión decretada por los magistrados es en respuesta a los nueve amparos presentados. 

Entre los recursos que se plantearon en contra del presupuesto figura uno del alcalde de Mixco, Neto Bran. Aseguró que recibiría menos recursos por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y que la distribución del dinero vulnera los derechos de igualdad y equidad de la comunidad de Mixco. 

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, también accionó en contra del presidente Bernardo Arévalo, el Congreso y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. 

Asimismo, el abogado Diego Sagastume mencionó que existían ilegalidades en el proceso de aprobación del mismo. 

Con la decisión de los magistrados de la CC, el gobierno de Guatemala está obligado a operar el próximo año con el Presupuesto General de 2025, el cual asciende a Q154 mil 836 millones debido a una ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso. 

ePinvestiga consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia una postura ante la resolución de la Corte, sin embargo, al cierre de esta nota aún no se tiene un pronunciamiento.