Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibirán millones en fondos públicos provenientes de ministerios clave como Desarrollo, Agricultura, Gobernación, Educación y Cultura, pese a mantener vínculos directos con partidos políticos, diputadas, alcaldes, operadores de justicia y funcionarios del Ejecutivo. Una revisión realizada por eP Investiga expone cómo, por medio de readecuaciones presupuestarias obligatorias incluidas en el decreto aprobado de urgencia nacional, el Congreso reabrió la puerta para financiar organizaciones dirigidas por financistas electorales, asesores legislativos, contratistas municipales y excandidatos que han participado activamente en estructuras políticas y administrativas del Estado.