El Tribunal Supremo Electoral era, hasta 2024, el último mecanismo formal donde la oposición salvadoreña podía intentar disputarle algo al régimen de Nayib Bukele. No en las cortes, no en la Asamblea Legislativa, sólo ahí: en la única institución que se creó con un control horizontal entre los partidos políticos para garantizar elecciones limpias. Con la llegada de Roxana Soriano al TSE, Nuevas Ideas cerró ese espacio. Las magistradas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y por ARENA contribuyeron a la captura total del TSE, votando en acuerdos para vaciar unidades completas, poner a operadores de la presidenta y nombrar a la sobrina de Javier Argueta, exasesor de Casa Presidencial, como subjefa del Registro Electoral.
Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025 revelan cómo algunas familias reciben las únicas noticias de sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción. Estos mensajes, que circulan a través de intermediarios conocidos como “cables”, expresan los sentimientos, los anhelos, las experiencias y las condiciones mínimas del encierro de quienes han sido condenados al aislamiento antes de ser hallados culpables por un tribunal.
El medio digital El Faro denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele congeló bienes personales de dos socios de la empresa Trípode S.A. de C.V., sociedad creadora del medio de comunicación, en lo que calificó como una nueva escalada de persecución contra el periodismo independiente en El Salvador.
El cierre del espacio cívico en El Salvador no ocurrió de un día para otro. Se ha construido, paso a paso, como un cerco que combina poder concentrado, leyes a la medida y el uso del aparato estatal para vigilar, intimidar y castigar a quienes disienten. En ese contexto, defender derechos, informar o cuestionar al gobierno se ha convertido en una decisión marcada por el riesgo: irse para sobrevivir o quedarse para resistir. Esta investigación reconstruye, a través de testimonios y datos, cómo opera ese engranaje y qué costo humano deja en quienes lo enfrentan.
“No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza.
La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida”.
Juan Gelman
Bajo la lluvia ajena (1980)
Luego de los motines registrados en tres cárceles del país y de los ataques de pandilleros en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ha surgido la duda de si el Estado de Guatemala puede enviar a reos a prisiones en el extranjero. La respuesta rápida es que esto está contemplado en el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominadas Pandillas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trasladó sus operaciones administrativas fuera del país de manera indefinida ante lo que califica como un cierre de espacios cívicos y una escalada de represión contra el gremio periodístico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este viernes que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la detención arbitraria y la falta de garantías judiciales contra tres ciudadanos guatemaltecos en El Salvador, hecho ocurrido en el 2006.
La cuarta reforma constitucional aprobada por la Asamblea bukelista fue la de adelantar las elecciones generales para 2027. La estrategia pareciera seguir la lógica que acelerar las cosas sirve para evitar perder popularidad, sin dejar tiempo suficiente para que se reagrupe cualquier oposición.
El Gobierno de Guatemala emitió un pronunciamiento escueto este viernes, tras la decisión de El Salvador de abandonar el Parlamento Centroamericano (Parlacen), evitando criticar o respaldar la medida y señalando únicamente que reafirman su compromiso con la integración regional.
Esta noche, con 57 votos a favor, los diputados oficialistas de Nayib Bukele aprobaron reformas a la Constitución que permitirán que se perpetúen en la presidencia con la reelección indefinida.
