Según el pronunciamiento difundido por el medio, entre febrero y abril de 2026 las autoridades realizaron una “anotación preventiva” sobre una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos socios fundadores. El Faro señaló que esta medida funciona como una “reserva de bienes individuales para garantizar eventuales pagos derivados de procesos fiscales contra la empresa”.

El periódico sostuvo que la acción forma parte de una persecución iniciada en 2020, luego de que Bukele afirmara en cadena nacional que el medio enfrentaba “una investigación por lavado de dinero seria”. A raíz de esas declaraciones, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode S.A. de C.V.

El Faro ha señalado que las autoridades no lograron sustentar acusaciones por lavado de dinero y posteriormente cambiaron los señalamientos hacia supuesta evasión fiscal en distintos ejercicios auditados. El medio aseguró que ha apelado las resoluciones y que los impuestos cuestionados fueron pagados en los años correspondientes.

Además, indicaron que parte de las auditorías se realizaron fuera de los plazos legales establecidos, señalando la existencia de irregularidades en el proceso. Sostiene que no existe una sentencia definitiva en ninguno de los casos, pese a lo cual ya se ejecutaron medidas contra bienes personales de accionistas.

El Faro vinculó las acciones gubernamentales con investigaciones periodísticas publicadas en los últimos años sobre presuntos pactos entre el gobierno salvadoreño y la pandilla MS13, así como sobre supuestos casos de corrupción y concentración de poder. El medio recordó que una de sus investigaciones sobre negociaciones con la MS13 fue publicada semanas antes de las primeras acusaciones oficiales en 2020.

Periodistas de la redacción de El Faro fueron víctimas de espionaje mediante el software Pegasus. El medio aseguró que los ataques buscan identificar fuentes y frenar publicaciones críticas.

La denuncia ocurre en medio de la difusión del documental The Deal, coproducido por El Faro y el programa PBS Frontline, que aborda supuestos pactos criminales entre el gobierno salvadoreño y estructuras de pandillas. Además, el medio indicó que la nueva medida se produce días después de la participación de uno de sus editores en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, en el Congreso de Estados Unidos.

En su pronunciamiento, El Faro sostuvo que continuará realizando investigaciones periodísticas pese a la presión estatal y recordó que parte de su personal salió al exilio en 2025 tras denunciar hostigamientos y amenazas.