Hace unos días compartí en mis redes sociales un fragmento de una entrevista de Factum a mi querida amiga Claudia Paz y Paz, en la que reflexiona sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y los riesgos de sacrificar derechos y garantías en nombre de la seguridad. Lo hice porque me pareció una reflexión serena y…
El año pasado la Asamblea Legislativa, bajo control de Nayib Bukele, aprobó una reforma de la constitución que permite la reelección presidencial indefinida, con lo que será candidato por tercera vez en las elecciones de febrero del año entrante.
El Tribunal Supremo Electoral era, hasta 2024, el último mecanismo formal donde la oposición salvadoreña podía intentar disputarle algo al régimen de Nayib Bukele. No en las cortes, no en la Asamblea Legislativa, sólo ahí: en la única institución que se creó con un control horizontal entre los partidos políticos para garantizar elecciones limpias. Con la llegada de Roxana Soriano al TSE, Nuevas Ideas cerró ese espacio. Las magistradas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y por ARENA contribuyeron a la captura total del TSE, votando en acuerdos para vaciar unidades completas, poner a operadores de la presidenta y nombrar a la sobrina de Javier Argueta, exasesor de Casa Presidencial, como subjefa del Registro Electoral.
Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025 revelan cómo algunas familias reciben las únicas noticias de sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción. Estos mensajes, que circulan a través de intermediarios conocidos como “cables”, expresan los sentimientos, los anhelos, las experiencias y las condiciones mínimas del encierro de quienes han sido condenados al aislamiento antes de ser hallados culpables por un tribunal.
El medio digital El Faro denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele congeló bienes personales de dos socios de la empresa Trípode S.A. de C.V., sociedad creadora del medio de comunicación, en lo que calificó como una nueva escalada de persecución contra el periodismo independiente en El Salvador.
El cierre del espacio cívico en El Salvador no ocurrió de un día para otro. Se ha construido, paso a paso, como un cerco que combina poder concentrado, leyes a la medida y el uso del aparato estatal para vigilar, intimidar y castigar a quienes disienten. En ese contexto, defender derechos, informar o cuestionar al gobierno se ha convertido en una decisión marcada por el riesgo: irse para sobrevivir o quedarse para resistir. Esta investigación reconstruye, a través de testimonios y datos, cómo opera ese engranaje y qué costo humano deja en quienes lo enfrentan.
“No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza.
La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida”.
Juan Gelman
Bajo la lluvia ajena (1980)
Las recientes declaraciones del ministro de Gobernación del gobierno de Bernardo Arévalo de León, recogidas por La Hora, contienen una afirmación que, más allá de su aparente pragmatismo, revela un desplazamiento profundo y preocupante del modo en que el Estado guatemalteco está conceptualizando la seguridad ciudadana. Según Marco Antonio Villeda: “No es posible generar una…
Dos semanas antes de las elecciones Nayib Bukele ha llegado a Costa Rica para inaugurar, junto con el presidente Chávez, las obras de construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CECOT), gemelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Desde que la democracia cobró vida en Guatemala, una élite económica e ideológica ha dirigido el país. La cooptación del servicio público es una realidad que muchos niegan, pero al día de hoy pagamos. Juan José Gutiérrez, director del corporativo que dirige Pollo Campero, a mediados de febrero del presente año disertó un discurso particular…
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trasladó sus operaciones administrativas fuera del país de manera indefinida ante lo que califica como un cierre de espacios cívicos y una escalada de represión contra el gremio periodístico.
