Hace unos días compartí en mis redes sociales un fragmento de una entrevista de Factum a mi querida amiga Claudia Paz y Paz, en la que reflexiona sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y los riesgos de sacrificar derechos y garantías en nombre de la seguridad. Lo hice porque me pareció una reflexión serena y necesaria. Sin embargo, lo que terminó llamándome particularmente la atención fueron las reacciones que provocó.

Estoy acostumbrado a que en X abunden los mensajes de odio, los insultos y la confrontación. Pero en Facebook, Instagram y otras plataformas, donde normalmente encuentro comentarios menos agresivos, recibí numerosos ataques contra Claudia y contra lo que había expresado. Y eso me hizo detenerme a leerlos con más atención. Claudia no había atacado ni descalificado a nadie; simplemente había insistido en algo que debería ser elemental: la seguridad es una obligación del Estado, pero su búsqueda no debería implicar la renuncia a los derechos humanos ni a las garantías democráticas. Más que los insultos, me impresionó comprobar cuánto ha calado una narrativa según la cual cuestionar los métodos utilizados para combatir la criminalidad equivale a defender a los criminales.

La propaganda funciona mejor cuando parte de problemas reales. El Salvador sufrió durante décadas niveles insoportables de violencia y el control territorial de las pandillas condicionó la vida de millones de personas. Sería absurdo desconocer esa realidad, como también lo sería sostener que cualquier resultado en materia de seguridad justifica automáticamente los métodos empleados para alcanzarlo. El problema comienza cuando se pretende reducir toda la discusión a dos posibilidades: pandillas o mano dura, seguridad o derechos humanos, orden o democracia.

Ese es el espejismo que parece haber trascendido las fronteras salvadoreñas. En distintos países de la región se escucha cada vez más la expresión “necesitamos un Bukele”, como si problemas complejos pudieran resolverse importando un modelo completo y sin preguntarse por sus costos. Querer menos homicidios, recuperar territorios controlados por estructuras criminales o poder caminar tranquilamente por las calles son aspiraciones legítimas. Pero ninguna de ellas obliga a renunciar a los controles democráticos ni a las garantías que limitan el poder del Estado.

Los derechos humanos, además, no existen únicamente para proteger a quienes nos resultan simpáticos o a quienes consideramos inocentes. Su importancia se demuestra precisamente cuando el Estado ejerce su poder contra quienes la mayoría ya ha condenado. El riesgo de aceptar que algunas personas pueden quedar fuera de las garantías es que nunca sabemos dónde terminará trazándose esa línea: hoy puede ser alguien señalado de pertenecer a una pandilla; mañana, una persona detenida injustamente, un periodista, un abogado, un opositor o simplemente alguien que presenció un abuso.

Quizá eso sea lo que más me inquietó al leer aquellos comentarios: comprobar que el espejismo ya es regional. La frustración con la violencia, la corrupción, la impunidad y unas instituciones que muchas veces han sido incapaces de responder a las necesidades de la población crea terreno fértil para las soluciones aparentemente sencillas. Y los espejismos son especialmente convincentes cuando se observan desde lejos.

Cuestionar un modelo no significa desconocer sus resultados. Significa preguntarse también por aquello que la propaganda no muestra y recordar algo que nuestra historia latinoamericana debería habernos enseñado: no tendríamos que escoger entre caminar por nuestras calles sin miedo a los delincuentes y vivir sin miedo al Estado. La seguridad es un derecho, pero la libertad y la dignidad también.