En Guatemala, durante los últimos años, ejercer la libertad de expresión se convirtió  en un riesgo de doble vía: ser perseguido o perder la vida. Ese es un conflicto que no  podemos aceptar y mucho menos normalizar. Expresar nuestras ideas y opiniones no  es una concesión ni un privilegio reservado a unos pocos: es un derecho y uno de  carácter fundamental, que también debemos ejercer con responsabilidad. 

En ocasiones escuchamos que al referirse a personas perseguidas o muertas por su  forma de pensar se habla de “personajes incomodos para el sistema”, yo misma he  hecho referencia a este término, sin embargo debemos empezar a cambiar la forma en  como planteamos ciertos temas, y no, las personas no son incomodas ni deberían  serlo, por su forma de pensar o de lo que se atreven a decir, son simplemente personas  que se han atrevido y han tenido la valentía de hablar pública y abiertamente de temas  que son incomodos para algunos, temas de los que nadie se atreve a hablar por sus implicaciones o sus implicados y que jamás deberían convertirse en una sentencia de  pérdida de libertad y menos aún en una sentencia de muerte.  

La libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática, no tendría sentido presumir democracia si no se permite a la ciudadanía alzar la voz ante las  injusticias, la corrupción, las necesidades colectivas y los actos arbitrarios de aquellos que en su momento ejercen el poder, un poder que se les ha concedido como un préstamo y que además debe ser ejercido en beneficio y representación de la  colectividad, así la relevancia de la libertad de expresión como derecho abarca  además el control de la función pública y el acceso a la información. 

Como funcionarios públicos, entender la esfera de protección del derecho a la libertad de expresión es importantísimo para asumir posturas al momento de una crítica, puesto que hay que entender que la función pública es una función que trasciende la  esfera individual y que el actuar de el funcionario impacta de manera directa en la sociedad y sus integrantes, por ende, está sujeta a un mayor escrutinio y vigilancia y también a una crítica mayor, sin que esto implique un ataque directo o una invasión a su esfera personal.  

Un señalamiento a una persona no funcionaria sobre malos manejos de fondos en su  empresa puede trascender la vida de esa empresa, las utilidades de sus accionistas, la correcta marcha de aquella, pero atañe únicamente a quienes participan  directamente del manejo de sus recursos, sin embargo un señalamiento de esta misma índole con relación a un funcionario y los fondos que en su momento tiene bajo su administración, puede trascender al ámbito de la corrupción, de un mal manejo de fondos públicos, tema que al final impacta a la sociedad en la correcta prestación de un servicio, la correcta ejecución de una obra de uso de la generalidad y por ende el  nivel de importancia no es el mismo.  

Nadie en ninguna sociedad que se haga llamar democrática debería tener temor por  aquellas opiniones o críticas que se hagan al Estado y sus instituciones y sus  funcionarios, por el contrario esas críticas deberían ser tomadas en cuenta para la implementación de mejoras, para dejar de premiar a funcionarios cuestionados, para limpiar las instituciones de malos elementos y malas prácticas, claro haciendo valer los procedimientos establecidos en cada caso concreto, realizando averiguaciones administrativas internas que permitan comprobar o desvirtuar señalamientos, pero no para idear represalias contra quienes se atreven a señalar y cuestionar las  instituciones y sus funcionarios. 

Como mencioné desde el inicio, el derecho a expresar opiniones libremente es un derecho, fundamental, por ende así debe ser protegido por el Estado, sus instituciones y aquellos que las integran, y la ciudadanía debe luchar porque así se proteja, porque de lo contrario, aquello de lo que no se habla, no sucede, aquello que no se señala, no existe y con el tiempo eso que no sucede y no existe se vuelve normal, aunque todos sepamos que es incorrecto.