La ostentosa celebración de los 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle Madrid, ha provocado una discusión que va mucho más allá del lujo de una fiesta. Los antecedentes de narcotráfico de su esposo, condenado en Estados Unidos, y de su cuñado, Haroldo Lorenzana Terraza, requerido por la justicia estadounidense, así como las recientes advertencias de la Embajada de ese país sobre la influencia del narcotráfico en la política guatemalteca, nos obligan a reflexionar sobre un problema que conocemos desde hace décadas. Los vínculos familiares no constituyen prueba de responsabilidad penal, pero tampoco eliminan el legítimo interés público por conocer el origen de los recursos y las relaciones económicas de quienes ejercen cargos públicos.

Durante mi trayectoria en el Ministerio Público participé en investigaciones que demostraron que el narcotráfico no necesita únicamente rutas para transportar drogas. También requiere mecanismos para lavar sus ganancias, relaciones con funcionarios y, en ocasiones, estructuras que le permitan garantizar su impunidad.

En septiembre de 2012, mediante una investigación conjunta de la FECI y la CICIG, capturamos al mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa y localizamos un laboratorio industrial dedicado a producir metanfetaminas. El caso, conocido como Kerkaporta, permitió identificar una organización que utilizaba empresas, contenedores y contactos relacionados con la actividad portuaria. Entre los detenidos figuraba el jefe de seguridad de la Empresa Portuaria Quetzal.

Pero la investigación no terminó allí. El seguimiento de los movimientos financieros permitió descubrir relaciones con el entorno del entonces alcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizzo Morán. Así surgió el caso Drogas, dinero y poder local, que culminó con condenas por lavado de dinero contra su esposa y dos cuñados, estos últimos también por asociación ilícita. Aquello demostró que detrás de una estructura de narcotráfico podían encontrarse conexiones con el poder municipal y operaciones económicas aparentemente legítimas.

En el caso Lavado y Política, conocido como Chico Dólar, identificamos una estructura de lavado de dinero que operaba principalmente en Jutiapa y mantenía relaciones con diputados, autoridades municipales y dirigentes políticos. La investigación reveló mecanismos mediante los cuales recursos ilícitos podían incorporarse al financiamiento de actividades políticas.

También encontramos mecanismos de impunidad dentro del sistema judicial. Ramón Antonio Yáñez Ochoa, condenado a 28 años de prisión, consiguió salir de la cárcel mediante una orden de libertad falsificada. Al investigar lo sucedido, descubrimos otros casos similares de personas vinculadas con el narcotráfico que habían recuperado su libertad utilizando documentos falsos. De allí surgió el caso Fugas.

Estas investigaciones tenían algo en común: no se limitaban a perseguir narcotraficantes, sino que permitían identificar las redes económicas, políticas e institucionales que facilitaban sus operaciones. Y fueron posibles gracias a equipos de investigación especializados, a la cooperación internacional y al trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG.

Precisamente por eso resulta indispensable recordar lo que ocurrió después. Sectores de la clase política y económica, algunos de cuyos integrantes habían sido alcanzados por investigaciones de corrupción, impulsaron la salida de la CICIG. Su mandato terminó abruptamente en 2019, sin que el Estado desarrollara mecanismos capaces de preservar plenamente las capacidades técnicas, la independencia y las investigaciones que habían permitido descubrir aquellas estructuras. Posteriormente, la persecución contra fiscales, jueces y otros operadores de justicia profundizó ese debilitamiento institucional.

Hoy vemos las consecuencias. Las investigaciones complejas que seguían el dinero y examinaban las relaciones entre criminalidad organizada, funcionarios y empresarios dejaron de tener la continuidad y el alcance que habían alcanzado durante aquella etapa. No significa que hayan desaparecido todas las investigaciones contra el narcotráfico, sino que se debilitó gravemente la capacidad para investigar sus conexiones con el poder político y económico.

Por eso resulta paradójico que nuevamente sean las autoridades estadounidenses quienes adviertan públicamente sobre la influencia del narcotráfico en nuestra política. Guatemala ya había desarrollado capacidades para investigar esas relaciones, pero fueron debilitadas precisamente cuando comenzaron a alcanzar a personas con poder.

La cercanía de las elecciones de 2027 vuelve especialmente urgente examinar el origen del financiamiento político, las relaciones económicas de quienes aspiran a cargos públicos y los mecanismos que permiten introducir recursos ilícitos en la actividad electoral. El nuevo Ministerio Público tiene la responsabilidad de recuperar la capacidad de investigar estas estructuras con independencia, sin selectividad y sin importar quiénes puedan resultar involucrados.

La fiesta de Zacapa no demuestra por sí misma la comisión de un delito. Pero debería servir para recordar que el problema nunca ha sido solamente la droga que circula por el país, sino también el dinero que produce y las relaciones de poder que puede construir.

El narcotráfico no gobierna solo. Necesita redes que faciliten sus negocios, protejan sus intereses y le garanticen impunidad. Hace años comenzamos a investigar esas conexiones. Quienes promovieron el desmantelamiento de las capacidades institucionales que permitían hacerlo también deberían responder políticamente por sus consecuencias. Hoy, cuando esas relaciones vuelven a ocupar el debate público, vale la pena preguntarnos cuánto le ha costado a Guatemala haber interrumpido aquel esfuerzo.