El gobierno está en fase de jaque. Eso es el equivalente a una situación, donde la acumulación de demandas o problemas álgidos por encarar se acumulan, creando un embudo que sobrepasa, por mucho, las capacidades de los responsables políticos. La agenda que está al centro es la inseguridad ciudadana, cuya escalada actual responde a que le tomaron la medida al Ejecutivo. 

El exceso de precariedad, la acumulación de acciones disonantes (sin dirección), las contradicciones, el mal manejo de la comunicación de gobierno, son los disparadores del momento de fuerte erosión que experimentamos. Es obvio que hay actores político-criminales que están detrás de buena parte de los hechos criminales de las últimas semanas, quienes, a sabiendas de los factores enunciados, sumado a que existe alto grado de colusión al interior de las instituciones responsables del área (MINGOB/PNC y Ministerio de la Defensa), aprovechan tales factores de alto riesgo para incrementar el asedio.

Al centro de la crisis en fase de agudización está un factor decisivo: la ausencia de resultados tangibles que sean identificados como tales por los ciudadanos. Ya no estamos en el período de las buenas intenciones, de los planes o de las promesas, porque son bolsones de humo. Las destituciones de dos mandos superiores de la PNC, así como la destitución del jefe de Estado Mayor de la Defensa, son medidas percibidas como insuficientes. Si no se logra mayor efectividad en los próximos días (ni siquiera hablemos de días, y menos de meses), estaremos en una fase de crisis pronunciada para la parte final del año. Esperar los resultados de las investigaciones del Ministerio Público es una señal de pasividad, porque en paralelo hay múltiples áreas donde el Ejecutivo puede tomar decisiones, y así evitar la escalada de la crisis. 

Mientras los aspectos formales suceden en una vía, por las otras transitan los verdaderos juegos del poder. Ante la operación frustrada de Huité, las reacciones de las expresiones del crimen organizado presentes en esa región no se han hecho esperar, ya que, de momento, perciben que el fracaso operativo les da mayor ancho de banda para sus operaciones. La narco-fiesta reciente en Zacapa es más que una expresión de ostentación y opulencia; es una muestra de la impunidad con la que se opera en el país, un indicador del poder real que representan. Esa acción, publicitada a propósito, quiere demostrar que, en la disputa, llevan ventaja. 

En el plano ciudadano, experimentamos un período de temor en fase de consolidación. El recurso del terror, utilizado en múltiples capítulos de la historia política, nuevamente es activado. Las acciones de violencia, posterior al asesinato de JF Solórzano Foppa, dan cuenta de la lógica imperante: terminar de poner en evidencia la precariedad en el manejo de la seguridad por parte del gobierno y demostrar que el pulso es/ha sido ganado por los representantes de la criminalidad compleja, por lo que están en condiciones de dominar también el tablero electoral del próximo año. 

El escenario se puede desescalar en alguna medida, pero para ello se requiere dar fuertes timonazos por parte de líderes políticos, que, sin ambages ni miramientos, estén dispuestos a encarar y tomar decisiones.  Lamentablemente no veo a la redonda nadie que represente ese perfil. Entre timoratos, falsos “líderes” y bien intencionados, pero sin capacidad de aglutinar, este país parece condenado a sucumbir.