Cada año, como si de un ritual macabro se tratara, debemos lamentar un cúmulo de accidentes del transporte colectivo y pesado que son prevenibles. No solo es deplorable la gravedad de estos accidentes, sino lo trágico de la postura del Estado guatemalteco, e incluso, de la población en general frente a los mismos, ya que, como siempre, las víctimas de tales infortunios son personas de escasos recursos.

En mi experiencia de vida, he visto un protocolo no oficial ya instalado. La lectura o escucha de la noticia trágica dura un suspiro, mientras otro suceso, grave o no, cautiva la nueva atención de funcionarios y habitantes. Antes, los titulares de la prensa escrita eran los que anunciaban estas desgracias con cauda de muertos y heridos, con el morbo correspondiente para que la venta noticiosa fuera más efectiva. Ahora, son las redes sociales quienes, en un santiamén, brindan la noticia en tiempo real.  El luto dura menos que la fiesta de la victoria de un equipo de futbol.

Salvo espíritus muy sensibles, ya nadie le da seguimiento al impacto emocional, financiero y material de las víctimas, pues como mencioné, la mayoría de ellas son de condición precaria, por tanto, no están inscritas en el selecto grupo de personas que la sociedad considera “importantes”. El dolor de los familiares y amigos solo es noticia, mientras el sensacionalismo inicial se mantiene.

El Estado, por medio de sus funcionarios, expresan el consabido y rutinario: “lamentamos”, y si bien va, lo acompañan de un frío ofrecimiento en torno a que tomarán medidas preventivas al respecto.  Siempre la mención de la prevención, pero después que ya hubo muertos y heridos. Entonces es cuando la población sale a reclamar la inoperancia e insensibilidad de los distintos gobiernos de turno, eleva algunas oraciones y propone soluciones que van dirigidas a los efectos y no a las causas.

Luego de la catarsis, la dinámica vuelve a ser la misma, mientras se queda a la espera de otro hecho que lamentar, o vuelven a la entretención permanente de noticias chuscas que capturan su fútil atención.

Mientras tanto, los empresarios del transporte hacen mutis a la problemática de fondo y culpan ya sea al piloto, al estado de las carreteras, a la poca o nula iluminación o señalización y el clásico cliché de la falla en los frenos, responsabilidad directa de ellos. Sin perjuicio de la responsabilidad del chofer, sea por imprudencia o consumo de alcohol y/u otras sustancias, todos saben que tanto el transporte pesado, como el de pasajeros, acusan consistentemente: llantas lisas, pocas o ninguna revisión periódica del estado de los motores en buses, camiones y tráileres; pilotos no llenan el perfil idóneo, conducción a excesiva velocidad, peleas por pasaje en plena carretera, ausencia de normativas de prevención interna y de sanciones al personal de sus empresas que violan libremente, ausencia también de patrullas que controlen los abusos de estos, extenuantes jornadas de trabajo y, lo más importante, ninguna consciencia de lo que todo esto implica, pues los patrones de esa industria, gozan de IMPUNIDAD y la transmiten a su personal.

El viernes 26 de diciembre por la noche, sucedió otro fatal accidente. Según la información que se tiene, el bus de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó a un barranco, en la aldea Vásquez, Totonicapán, dejando el saldo de 16 fallecidos y 29 heridos. Al momento de escribir esta columna, pocos hablan de la tragedia y el protocolo de facto que mencioné, se activó, una vez más. Para más inri, cuando estos accidentes acaecen en días festivos, la inacción de las autoridades y la indolencia de la población es aún mayor.

Casi todos hablan de mayores controles, de sanciones más fuertes, de renovación o modificación de leyes y reglamentos. No pueden faltar, los llamados de oficio a la cordura y al buen corazón de los empresarios del transporte y funcionarios públicos, que por supuesto, son ignorados.  Mientras las acciones de respuesta se mantengan en los efectos y no las causas, cada año lamentaremos la muerte de ciudadanos, adultos y menores, truncando el futuro de familias completas, cuyo único “delito” es haber nacido pobres.

¿Cuál es el meollo del asunto? Lo denunció con mucha claridad la CICIG hace una década: El financiamiento electoral ilícito no se trata solo de darle plata ilícita a los candidatos y partidos políticos considerados favoritos, el pacto político-financiero va mucho más allá. Como bien lo desnudó este organismo internacional (ante la cooptación de la justicia y el aparato estatal interno) los empresarios del transporte y de la construcción, muchas veces aliados o coludidos, se garantizan tres cosas:

En primer lugar, el favor del Estado en adjudicaciones viciadas, sea por productos y/o servicios que estos financistas proveen, sin perjuicio del ya tradicional acarreo de votantes y militantes, antes, durante y después de las elecciones generales.

En segundo lugar, la impunidad para violentar cualquier norma sin tener ninguna sanción que vaya más allá de multas irrisorias.

En tercer lugar, la facilidad de manipular a los funcionarios de turno, por las coimas recibidas, so pena de hacerlo público, o bien, decir que actuaron por amenazas de las autoridades en cuanto a perder sus licencias y/o adjudicaciones del erario.

El informe de CICIG fue amplio y describe con detalle el aparato criminal en torno a los mecanismos específicos de participación:  

1. Generación de recursos desde el transporte: Empresas vinculadas al transporte público generaban o canalizaban dinero que luego se inyectaba al esquema empresarial de los partidos.
2. Intermediación y «tercerización» de pagos: Empresas publicitarias (o de otro tipo) actuaban como intermediarias, recibiendo dinero del partido para pagar a proveedores (como medios de comunicación) y luego devolviendo el efectivo a la estructura del partido, ocultando así el flujo original de fondos.
3. Uso de empresas fachada: Se utilizaban empresas (como MAARIV, S.A., o el GRUPO INMOBILIARIO EMPRESARIAL SAN FELIPE, S.A.) para recibir aportes, cobrar cheques y devolver el dinero en efectivo, cortando la trazabilidad del origen ilícito.
4. «Donaciones» simuladas: Se recurría a la figura de donaciones para ocultar quién aportaba el dinero y de dónde provenía, desviando fondos que no eran declarados al TSE. 

Mientras el pecado original no se aborte, las excusas, las evasiones y, lo más lamentable, los saldos trágicos, continuarán. La cooptación tiende a aumentar en cada fiesta electorera “nueva”.

¿Llegará el día que alguien le ponga el cascabel al gato, sin morir en el intento?