Poder Ciudadano anunció que desistía de continuar impulsando, por la vía ciudadana, su propuesta de reforma constitucional al sector justicia. Edgar Ortiz y Marjorie von Ahn denunciaron amenazas y seguimientos que también habrían alcanzado a voluntarios de la organización. Para protegerlos, decidieron dar un paso al costado. La discusión, por suerte, podrá continuar por medio de once diputados que retomaron la iniciativa.

Retomo mi postura de siempre, una reforma constitucional, especialmente cuando pretende modificar los mecanismos de elección de nuestras autoridades judiciales, merece algo más que buenas intenciones. Eliminar las comisiones de postulación, por ejemplo, no garantiza de la noche a la mañana que desaparezcan las influencias políticas; pero ayuda. Los mecanismos que las sustituyan también merecen ser examinados, cuestionados y, si corresponde por supuesto, rechazados.

Pero una cosa es cuestionar una propuesta y otra muy distinta es que sus promotores terminen temiendo por su integridad. Creo que no hace falta estar de acuerdo con Edgar Ortiz para reconocer la gravedad de lo que denuncia. Tampoco hay que convertirse en simpatizante de Poder Ciudadano para comprender que nadie debería escoger entre defender una idea y proteger a su familia.

Hay algo que me inquieta todavía más, pero me he reservado a hablar sobre ello. 

El pasado 17 de octubre asesinaron a Juan Francisco Solórzano Foppa. Su muerte continúa bajo investigación y sería irresponsable adjudicarle un móvil político sin pruebas.

Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar el temor que un asesinato semejante produce entre quienes participan de la vida pública. El propio Ortiz reconoció que la muerte de Foppa influyó en la decisión de tomar más en serio las amenazas que venían recibiendo.

Y es que, después de lo ocurrido, ¿quién puede reprocharle a alguien que tenga miedo?

Me preocupa que terminemos acostumbrándonos a estas noticias. Que las amenazas se conviertan en una explicación rutinaria para cancelar reuniones, suspender actividades o abandonar proyectos. Que aceptemos como parte del oficio político aquello que debería ser absolutamente excepcional. Tenemos una facilidad extraordinaria para indignarnos durante cuarenta y ocho horas y continuar después con nuestra vida, como si el problema hubiera desaparecido junto con los titulares.

También me preocupa la costumbre de defender las libertades únicamente cuando pertenecen a quienes piensan como nosotros. Resulta cómodo solidarizarse con alguien cuya propuesta nos entusiasma. El verdadero ejercicio de tolerancia consiste en defender el derecho a participar de quien sostiene ideas que nosotros mismos rechazaríamos.

La Corte de Constitucionalidad ordenó verificar las firmas que respaldaban la iniciativa. Esa clase de controles puede discutirse jurídicamente y forma parte del debate institucional. Las reformas pueden encontrar obstáculos legales, recibir críticas severas e incluso fracasar en una votación. Nada de eso debería confundirse automáticamente con persecución. Lo que no pertenece a ese debate son las amenazas y los seguimientos denunciados.

No quisiera que confundiéramos el desistimiento de Poder Ciudadano con una derrota definitiva de su propuesta. El proyecto ha encontrado otra vía para llegar al Congreso, y la celebro. Pero algo sí se perdió cuando sus promotores tuvieron que apartarse por razones de seguridad: la tranquilidad de participar públicamente sin temor a las consecuencias personales.

No basta con publicar mensajes de solidaridad. Tampoco basta con esperar a que el asunto pierda interés público.

He pensado mucho en Foppa durante estas semanas; y no solo en él: también en las víctimas de Huité, de cualquier otro suceso. En sus familias, en las preguntas que siguen sin respuesta y en la facilidad con que los guatemaltecos aprendemos a convivir con lo inconcebible. No quiero exagerar ni establecer relaciones que todavía nadie ha demostrado. Pero tampoco quiero esperar a que ocurra otra tragedia para reconocer que algo anda mal.

Son hechos distintos, con circunstancias que deben investigarse por separado. Y, aun así, ambos nos obligan a formular una pregunta incómoda.

No sé si la reforma de Poder Ciudadano sea la que Guatemala necesita; seguramente sí. Lo que sí sé es que un país no puede permitirse que el miedo decida cuáles propuestas llegan a discutirse y cuáles quedan abandonadas.

Porque si comenzamos a considerar normal que alguien se retire de la vida pública para mantenerse a salvo, tarde o temprano tendremos que hacernos una pregunta bastante más difícil que la de cómo reformar la Constitución.

¿Quién sigue?