Guatemala llega a la antesala de la COP30 en Belém, Brasil (noviembre 2025), en medio de la paradoja que atraviesa a gran parte del Sur Global: es simultáneamente uno de los países más vulnerables al cambio climático y, al mismo tiempo, uno de los más rezagados en adoptar políticas estructurales que garanticen una transición energética justa, inclusiva y democrática. La publicación más reciente de El Observador, en su número 88 titulado “Del Antropoceno al Capitaloceno”, reunió reflexiones sobre esta situación en dos ensayos: el del autor presente, “El camino a la COP30 y su importancia para Guatemala”, y el de Anne Bordatto, “Las áreas protegidas en Guatemala: ¿un modelo adaptado para el cuidado del ambiente?”.

Estos ensayos sirvieron de base para la presentación pública titulada “Biodiversidad, cambio climático y modelo de acumulación”. El equipo de El Observador le extendió una invitación al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), encabezado por Patricia Orantes, para que dieran a conocer a la audiencia las políticas ambientales y climáticas del gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. El MARN declinó la invitación. La ausencia del gobierno contrastó con su activa participación en escenarios de alto perfil regional y empresarial como el anuncio del Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Más aún, semanas después, el mismo gobierno se presentó con entusiasmo en el Primer Summit de Inversión, donde la sostenibilidad fue usada como narrativa para la atracción de capitales .

Este contraste ilustra la contradicción central que recorre la política ambiental del gobierno de Arévalo y Herrera: mientras rehúye del debate crítico y socialmente enraizado sobre el colapso climático, se proyecta con fuerza en foros oficiales y empresariales que subordinan la sostenibilidad al capital transnacional. La presente columna explora esa contradicción, apoyándose en el diagnóstico y las advertencias de mi presentación pública y de mi texto para El Observador.

El documento de base parte de un diagnóstico contundente: “El calentamiento global ha alcanzado aproximadamente 1.1°C por encima de los niveles preindustriales. Y muchos científicos/as ya han dicho que el planeta podría romper la barrera de 1.5°C en cuestión de años”. Este dato, recogido del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de 2022, sitúa a la humanidad al borde de varios puntos de no retorno. Lo podemos resumir así: Al ritmo actual de emisiones, el presupuesto de carbono restante del planeta para alcanzar el objetivo internacional de 1,5°C solo le quedan dos años.

A ello se suma la advertencia de James Hansen sobre el fracaso del objetivo de 2°C y la declaración de David Suzuki, el más famoso ambientalista canadiense: “Estamos en problemas… es demasiado tarde”. En otras palabras, la crisis climática ya no es un escenario futuro, sino un presente que desborda capacidades estatales, sobre todo en países como Guatemala.

Mi análisis enfatiza que las regiones tropicales del Sur Global enfrentarán los impactos más graves debido a su alta vulnerabilidad y baja capacidad adaptativa. Guatemala se encuentra en el centro de ese escenario, atrapada entre su fragilidad ecológica y la inercia extractivista de sus élites económicas. Quienes siguen creyendo que lo que todavía queda de la biodiversidad de Guatemala y sus bosques tropicales todavía es suficiente para mitigar o evadir los grandes impactos que la crisis climática ya está teniendo demuestran tremenda ingenuidad o profunda confusión. En Guatemala el colapso de la biodiversidad y lo que queda de cobertura forestal no es un escenario catastrofista, sino una realidad muy posible y con signos de estar avanzando.

Mi ensayo conecta la crisis global con lo que ahora varios/as científicos y académicos denominan la ruptura metabólica: la disrupción de los ciclos naturales por la acumulación capitalista. En el caso guatemalteco, este fenómeno se ve agravado por la versión criolla del capitalismo neoliberal, lo que en otros trabajos he llamado el cacifismo, y su carácter agresivamente extractivista, monopólico y represivo.

La evidencia es contundente: monocultivos, deforestación, contaminación de ríos, expansión ganadera y minería a cielo abierto. Según los datos recopilados, Guatemala ha perdido más del 22% de sus bosques en dos décadas recientes y, solo en 2024, registró una pérdida del 2.7% de sus bosques primarios, en gran parte debido a incendios y ganadería ilegal.

El caso del río Motagua ilustra este colapso ecológico: Ríos enteros de plástico salen del Río Las Vacas, llegan al Motagua y contaminan el Caribe… Guatemala va pues a la COP30 con las valijas llenas de basura. Aquí la crítica no es retórica, sino material: el país enfrenta una crisis de gestión de desechos – síntoma de sus crisis medioambiental, ecológica y política – que afecta incluso a sus relaciones internacionales. El modelo tradicional de autonomía municipal, base de un enorme caudal de basura, contaminación, corrupción y putrefacción, está en crisis. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) entorpeció la implementación del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes y, lo que es todavía peor, el reglamento ha sido ahora declarado inconstitucional por la CC. Aunque el MARN se comportó de modo blando en cuanto a la forma y tiempo de aplicación del reglamento por parte de las municipalidades, dejándolo todo a medias, la CC ha demostrado su incompetencia total no solo en el manejo de la autonomía municipal (afirmando un modelo que se ha vuelto río de corrupción y cooptación), sino más aún en su entendimiento de la crisis ambiental de Guatemala. El resultado de todo esto es el empeoramiento de la crisis ambiental y climática del país.

La ruptura metabólica se sostiene políticamente en una combinación de negacionismo, tecnocracia y captura corporativa. Como lo advierto en mi ensayo: En lugar de construir autonomía energética desde abajo… el gobierno y el capital siguen atando al país a proyectos energéticos fósiles.

La referencia al Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG-5), que contempla infraestructura para gas natural licuado, es clave. Mientras países de todo el mundo discuten cómo acelerar la descarbonización, Guatemala se prepara para profundizar su dependencia fósil. Esto no es solo miopía capitalista. Es estupidez político-ecológica, así como también gran falla moral y tremenda expoliación de nuestra casa común.

Esto se refuerza con el modelo de alianzas público-privadas – una forma disfrazada de privatización – que prioriza proyectos de gran escala y tecnológicamente intensivos, dejando de lado las experiencias comunitarias como las microhidros impulsados por el colectivo ambientalista Madre Selva.

Todos estos problemas alcanzan su punto más agudo cuando observamos la entusiasta participación del gobierno en el “Primer Summit de Inversión”, donde se presentó un “modelo de sostenibilidad” para atraer capital extranjero. Esto será seguido por los grupos empresariales del país cuando lleven a cabo su Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), organizado por Fundesa, que en 2025 se centrará en “procesos de transformación económica” (léase menos regulación estatal, mejores facilidades para la acumulación de capital y menos restricciones laborales y ambientales) naturalmente orientados a facilitar la inversión extranjera directa (FDI). En estos espacios, sostenibilidad no significa justicia climática, reducción de emisiones o fortalecimiento de la autonomía energética, ambiental o climática comunitaria, sino viabilidad de negocios, reforzamiento de la gran propiedad privada y la máxima rentabilidad verde que sea posible en la coyuntura presente.

Esto es algo que ya había anticipado en mi ensayo: En cuanto a la transición energética, las fuentes financieras como el Banco Mundial y el BID no tienen interés en soluciones comunitarias, sino en soluciones que amplifiquen y reproduzcan los intereses empresariales.

El riesgo es evidente: que Guatemala se convierta en vitrina de un capitalismo verde, donde megaproyectos energéticos y de infraestructura se legitimen con un lenguaje ambiental, mientras persisten los patrones extractivistas de siempre.

COP30 ha sido presentada como la “COP de los pueblos indígenas”. Sin embargo, debemos preguntar: ¿Hasta dónde podemos decir que el gobierno de Arévalo ha articulado con los pueblos indígenas en torno a la agenda climática y ambiental?

Lejos de un diálogo profundo, la realidad es la criminalización persistente de defensores ambientales. El caso de Leocadio Juracán, detenido en agosto de 2025 bajo cargos espurios de “usurpación” e “incendios forestales”, es un ejemplo del hostigamiento y guerra jurídica que sufren líderes comunitarios y ambientales.

Este doble estándar – criminalizar defensores/as en casa mientras se proyecta una imagen progresista afuera – mina la legitimidad de Guatemala de cara a la COP30. Eso, aunque el gobierno de Arévalo y Herrera no sea directamente responsable de dicha criminalización.

En mi ensayo también destaco alternativas concretas impulsadas por comunidades, como las microhidros a filo de agua en Quiché y San Marcos, que benefician a más de 1,200 familias. Estos proyectos muestran que una transición energética justa y controlada por las comunidades (que así también rompen los vínculos clientelares y los monopolios energéticos) es posible, no como un eslogan oficial o empresarial, sino como un proceso de autonomía y democracia comunitaria.

El modelo es replicable con proyectos de energía solar y eólica a pequeña escala, con experiencias incipientes ya en marcha. Pero estas iniciativas requieren voluntad política y financiamiento que hoy se destina prioritariamente a megaproyectos extractivistas o la infraestructura que dichos proyectos requieren y demandan disfrazada de “desarrollo para el país”.

Guatemala se encamina a la COP30 con una imagen contradictoria. Por un lado, un país que exhibe su biodiversidad y su potencial forestal, buscando beneficiarse de instrumentos como el Tropical Forest Forever Facility. Por otro, un país que llega con “las valijas llenas de basura”, con ríos contaminados, bosques arrasados y defensores criminalizados.

El gobierno de Arévalo y Herrera, atrapado entre su discurso institucional, la continua corrupción y cooptación del Estado y la incesante presión del capital transnacional, corre el riesgo de ser recordado como aquel que, en lugar de abrir paso a una transición energética democrática, consolidó un extractivismo verde disfrazado de “desarrollo sostenible”.

La alternativa es muy clara: reconocer y fortalecer los modelos comunitarios de autonomía energética y gestión ambiental, integrar las voces indígenas en la agenda ambiental y climática y asumir que la sostenibilidad no puede ser sinónimo de inversión extranjera o continuidad y expansión del modelo económico extractivista, sino de justicia social y ecológica.

Como lo advierto en mi propio ensayo: Guatemala siempre resalta su gran biodiversidad… pero todo esto enfrenta grandes desafíos y limitaciones y depende de un entorno económico y social donde está avanzando el neoliberalismo extractivista y la muerte del medio ambiente.

COP30 será para Guatemala, aun con la ausencia de una delegación articulada desde abajo y presente en los espacios que requieren voz y voto, no solo una cumbre climática, sino un juicio moral sobre su capacidad de responder a la crisis desde abajo y con los pueblos, o de rendirse al espejismo del capital verde.