¡Estamos ante el fraude perfecto!

La elección de Fiscal General evidencia nuevamente una verdad incómoda que todos conocemos, esa que pasa frente a nuestras narices y se burla de todos aquellos ciudadanos, que sí hemos soñado con un país próspero y libre de la corrupción.

Resulta desmotivante, no sólo por lo burdo del asunto, sino por la impotencia que se siente.

Las Comisiones de Postulación han dejado de ser un mecanismo técnico que garanticen idoneidad y capacidad de los candidatos para convertirse en una herramienta sofisticada, cuyo único fin es filtrar a quienes les son incómodos y así excluirlos de la contienda y controlar el acceso al poder.

Los recientes acontecimientos lo confirman y demuestran con una crudeza sin precedentes. Cada semana que pasa, se evidencia un descaro que supera al anterior.

La semana que antecedió dejó en claro lo arriba dicho, tras la intervención de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, Claudia Paredes, integrante de la Comisión de Postulación para elegir a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al impulsar una reinterpretación en la forma de computar la antigüedad profesional, tomando como referencia la inscripción en el Registro de Abogados y Notarios del Organismo Judicial, lo cual no puede ser analizado bajo ningún motivo, como un simple ajuste técnico.

Lo anterior no fue casual y fríamente calculado, para lograr sus más perversos e inmediatos efectos que se circunscriben a lograr la caída del aspirante Marco Antonio Villeda, actual Ministro de Gobernación y así alterar el equilibrio de la contienda y finalmente dejarlo fuera.

Cuando una regla es cambiada en medio del juego, afectando directamente a un aspirante específico, esa contienda y por ende esta Comisión, deja de ser técnica, para convertirse la misma, en política.

Aquí es donde el sistema revela su verdadera esencia. Las famosas tablas de gradación han dejado de funcionar para lo que supuestamente fueron concebidas, pues las mismas deberían, en teoría, servir para medir la experiencia, la formación y la trayectoria de los candidatos.

Por el contrario, estas han mutado en instrumentos de ingeniería político-institucional, mismas que ya no califican a los aspirantes con objetividad, sino que ordenan efectos, características y cualidades con intencionalidad.

Queda clarísimo, que no premian la excelencia, ni mucho menos la ética y la honorabilidad. Estas premian la conveniencia. ¡Así de simple! Y lo más grave del asunto es que, no excluyen candidatos por falta de mérito, sino por falta de alineación.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se inserta en una estructura de poder mucho más amplia, donde la captura de espacios estratégicos, como sucede con la Universidad de San Carlos, incide directamente en los procesos de elección de segundo grado. Así lo pudimos evidenciar con la reciente reelección de su rector, Walter Mazariegos, en un proceso ampliamente cuestionado, obscuro y lleno de irregularidades.

Esto ya no es un hecho aislado, siendo ya la consolidación de un nodo de influencia dentro del sistema.

Es a partir de ahí donde el engranaje se activa y estas “flamantes” Comisiones de Postulación no seleccionan candidatos idóneos y sólo se coluden con los personajes y sectores más oscuros del país para filtrarlos y deshacerse de ellos.

La tabla de gradación no evalúa, sólo ordena resultados. De esta cuenta y para elección de Fiscal General que se avecina, el Ejecutivo, encabezado por Bernardo Arévalo, pareciera que no podrá elegir libremente, pues poco a poco va quedando claro que le tocará decidir dentro de un menú sombrío y previamente condicionado.

Se rumora hubo negociaciones, que finalmente para los efectos de este podrido sistema resultan ya irrelevantes, pues lo verdaderamente preocupante es constatar que este sistema funciona de tal manera que permite implementar dinámicas que valoren la conveniencia y dejen absolutamente excluida la probidad de los contendientes.

En esencia, el problema no es sólo la posible componenda; es que el modelo institucional la hace viable. El sistema no está fallando. El sistema está funcionando exactamente como fue ideado y capturado para funcionar.

Cuando una figura como Consuelo Porras obtiene la más alta calificación, dentro de un modelo que debería medir integridad; cuando un candidato como Marco Antonio Villeda es desplazado mediante ajustes técnicos de última hora; y cuando las decisiones clave se toman dentro de espacios donde la transparencia es más formal que real, no estamos ante un proceso imperfecto, estamos frente a un sistema desnaturalizado.

Es un sistema que ha dejado de servir a la República para servir a intereses particulares y por tanto debe entenderse que ésta ha colapsado. ¿Será que realmente estamos entendiendo lo que esto significa? ¡Al parecer, no!

La Constitución Política de la República -CPRG- es clara al establecer que el acceso a cargos públicos debe basarse en la idoneidad, la capacidad y la honradez. Lo he escrito un sinnúmero de veces, sin embargo, ese mandato ha quedado en una absurda y olvidada retórica, viciada de contenido por procedimientos que, bajo apariencia de legalidad, producen resultados previsibles y nefastos para el país.

Ese es el verdadero fraude, ese que no rompe la ley, sino el que la utiliza para legitimar decisiones previamente condicionadas. Si los buenos y honestos ciudadanos no logramos identificar este fenómeno y continuamos aceptando como “técnicos” los procesos que en realidad son profundamente políticos, el deterioro institucional no sólo continuará, sino que se profundizará.

Está claro que bajo estas circunstancias será imposible construir un sistema de justicia independiente. Guatemala no necesita ajustes marginales, ni reformas cosméticas.

Necesita reconocer, con claridad y sin eufemismos, que el modelo de comisiones de postulación, tal como está diseñado y operando hoy, ha tocado fondo y lo que colapsa, no se corrige, sólo se transforma.