Jonathan Menkos lleva apenas unos días al frente del Banco de Guatemala y ya enfrenta varios amparos. CACIF sostiene que no podía asumir mientras conserve su calidad de diputado con licencia. A esa acción se sumó la del diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos y expresidente del Congreso durante los primeros años del gobierno de Alejandro Giammattei, con un cuestionamiento semejante. Por qué, es la pregunta. La respuesta nos lleva a pensar qué cambia realmente dentro de la Junta Monetaria con la llegada de Menkos.

La Junta Monetaria determina la política monetaria, cambiaria y crediticia y vela por la liquidez y solvencia del sistema bancario. Tiene ocho miembros con voto. La preside quien dirige el Banguat y se sientan con él los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura. Las otras cuatro sillas corresponden a un representante del Congreso, una de las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, otra para el elegido directamente por los presidentes de los bancos privados nacionales y una por el Consejo Superior Universitario de la USAC. Por parte del Congreso el asiento lo tiene la UNE y Mazariegos nombra a su representante.

Durante casi tres años del gobierno de Bernardo Arévalo, sus tres ministros eran los únicos integrantes nombrados directamente por la administración actual. González Ricci había sido designado durante el gobierno de Giammattei, mientras las otras cuatro sillas provenían del Congreso, la USAC, el empresariado y los bancos privados. Aunque numerosas decisiones se han adoptado por consenso, existe una realidad aritmética: cinco de los ocho integrantes no procedían de una designación del actual Ejecutivo. Con Menkos, esa relación pasa a cuatro y cuatro.

La ley establece que la Junta sesiona con al menos cinco miembros y decide por mayoría de los presentes; además, nadie puede abstenerse. Con los ocho sentados alrededor de la mesa, ni los cuatro miembros vinculados al Ejecutivo pueden imponer una decisión ni los otros cuatro pueden hacerlo solos. El Gobierno no obtiene el control de la Junta con Menkos; lo que desaparece es la ventaja numérica que existía mientras la Presidencia permanecía en manos de un funcionario nombrado por Giammattei.

Desde este punto de vista, resulta políticamente significativa la coincidencia entre CACIF y Allan Rodríguez. Casualmente existe una convergencia objetiva: el empresariado organizado y quien hoy dirige la bancada Vamos, proveniente del oficialismo de Giammattei, buscan mediante acciones distintas el mismo resultado jurídico, dejar sin efecto el nombramiento que produjo el cambio en la correlación de quién toma las decisiones sobre el sistema bancario y la política monetaria.

Conviene entonces mirar las otras sillas. La representación del Congreso está actualmente en manos de Luis Javier López Bolaños, diputado de la UNE. Otra corresponde al empresariado organizado y otra, por mandato constitucional, a los bancos privados. La cuarta la designa la USAC. Se supone que ninguno debería responder automáticamente a los intereses del sector que lo eligió en cada votación, pero eso resulta difícil de sostener. No es casualidad que el CACIF y la banca privada tengan cada uno un asiento en la Junta Monetaria.

En Chile, los cinco consejeros del Banco Central son designados por el Presidente con aprobación del Senado; en Colombia, la Junta está integrada por Hacienda, el gerente del Banco y cinco codirectores, y la legislación establece expresamente que representan el interés general de la Nación. En esos modelos pueden llegar personas que hayan trabajado en empresas o bancos, pero no existe una silla constitucional reservada al sector bancario privado ni otra al empresariado organizado, como ocurre aquí. ¿Realmente creemos que esos dos asientos velarán por el bien nacional?

La Junta Monetaria tampoco es una excepción dentro del Estado guatemalteco. Una investigación de Oxfam, construida con información oficial hasta 2024, identificó al menos 67 juntas, consejos y comisiones públicas en las que el sector privado tiene representación establecida institucionalmente. El fenómeno abarca entidades autónomas y espacios del Ejecutivo. De hecho, el estudio señala que, aunque aparecen 175 entidades distintas en esos 67 espacios, el 85 por ciento de las conexiones se concentra en apenas el 15 por ciento de los actores, y CACIF y Cámara de Industria se encuentran entre los nodos más centrales de la red. Guatemala ha construido durante décadas una forma de participación corporativa en la que determinados sectores privados no se limitan a cabildear ante el Estado: también ocupan asientos dentro de algunos de sus órganos más importantes de decisión.

La batalla por esas sillas tampoco comenzó con Menkos. En 2008 las cooperativas participaron por primera vez en la elección del representante de las asociaciones empresariales y ganaron. La controversia terminó ante la Corte de Constitucionalidad, que concluyó -convenientemente para el CACIF- que, al carecer de finalidad lucrativa, las cooperativas no podían participar en esa elección. El proceso tuvo que repetirse sin ellas. Incluso la propia CC describió entonces a la Junta como integrada por dos sectores claramente definidos, público y privado. Si ahora la decisión también depende de la CC, sospechamos que su decisión por mayoría querrá dar la razón a quienes los sentó ahí: la alianza CACIF, VAMOS, UNE y USAC entre otras.

A esta arquitectura corporativista que realmente constituye un poder paralelo, se agregó la reforma constitucional de 1993 que prohibió al Banco de Guatemala financiar directa o indirectamente al Estado, salvo circunstancias excepcionales. La medida tuvo la justificación de evitar que los gobiernos financiaran déficits mediante emisión de moneda (como sucede en la mayor parte de los países desarrollados) y preservar la estabilidad monetaria. Esa reforma cerró la vía de financiamiento directo y por tanto reforzó (¡oh casualidad!) la necesidad de acudir al mercado de deuda, teniendo que pagar porcentajes a los bancos y otros inversionistas que participan en el mismo.

El resultado: mientras que en 2019 los bancos llegaron a tener el 62.6 por ciento de la deuda pública interna, en 2024 su participación había bajado a 36.6 por ciento, pero junto con otros inversionistas privados concentraban más del 75 por ciento de la deuda pública. Tremendo negocio para la banca que además se sienta en la JM tomando decisiones sobre ellos mismos. Por eso no es casualidad la controversia sobre la llegada de Menkos. En este gobierno bajó significativamente la participación de los bancos en la deuda pública. Quienes cooptan las instituciones para beneficio privado no quieren dejar de partir el pastel como a ellos les conviene.