Metafóricamente hablando, puede decirse que el Banco de Guatemala funciona cada vez más parecido a un avión en piloto automático: el piloto sigue siendo necesario, pero la trayectoria ordinaria está determinada en buena medida por reglas, instrumentos y procedimientos previamente establecidos. En tal sentido, Milton Friedman sostuvo que preferiría sustituir a la Reserva Federal por una computadora programada para hacer crecer la cantidad de dinero a una tasa constante y predecible. Su preocupación no era tecnológica, sino institucional: evitar que el desempeño del sistema monetario dependiera excesivamente de la sabiduría o imprudencia de quienes lo administran. Aunque Guatemala, desde luego, no llegó al extremo friedmaniano, el actual diseño institucional ha sustituido, en buena parte, la discrecionalidad de las personas por una conducción basada en reglas.

Para principiar, la Ley Orgánica le asigna al Banco de Guatemala el objetivo fundamental de  contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional, propiciando la estabilidad en el nivel general de precios. Además, la prohibición constitucional de financiar al Gobierno cerró una de las principales puertas por las cuales la política monetaria podía quedar subordinada a necesidades fiscales. Por si esto no fuera suficiente, el principio de libre negociación de divisas  permite a los guatemaltecos sustituir el quetzal por otras monedas si perciben que se deteriora su poder adquisitivo. Todo ello reduce considerablemente el espacio para que un presidente del Banco cambie unilateralmente el rumbo de la institución.

Estas reformas y su efecto en la reducción de la discrecionalidad monetaria fueron analizadas hace años por  Bolaños, Díaz y quien escribe, al estudiar la evolución institucional de la política monetaria guatemalteca. Un estudio reciente de Regalado encuentra que la restricción al financiamiento del Gobierno por parte del Banguat efectivamente eliminó ese canal de monetización, aunque no el endeudamiento público por otras fuentes.

Dado este marco institucional, la controversia en torno al nombramiento del nuevo presidente del Banco de Guatemala no debería, por sí sola, generar intranquilidad entre inversionistas y agentes económicos. Naturalmente, la calidad del piloto importa: no todos toman las mismas decisiones ni merecen la misma evaluación. Pero justamente para eso existe el piloto automático. Incluso una conducción poco afortunada tiene menos espacio para desviar el rumbo y la llegada de un piloto distinto tampoco significa que el avión vaya a cambiar de destino.

Al momento de escribir estas líneas todavía no se conoce qué resolverá la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, para efectos del argumento que aquí interesa, el sentido de esa resolución es secundario. Si Menkos continúa en el cargo, el Banco seguirá operando bajo las mismas reglas. Si por alguna razón jurídica no pudiera ejercer, la propia institucionalidad contempla mecanismos de sustitución. Guatemala ya pasó, además, varios años con un vicepresidente ejerciendo la Presidencia en funciones del Banco sin que ello provocara una anomalía monetaria atribuible a esa condición. El vicepresidente del banco fungió como presidente en funciones por más de tres años entre 2015 y 2018 conduciendo normalmente las decisiones de política monetaria.

Por eso resulta exagerado alimentar la narrativa de que los problemas jurídicos del recién nombrado presidente del Banco conlleven una crisis de confianza o un aumento del riesgo país. Para que esta narrativa tuviera algún elemento de verdad, habría que mostrar qué fundamento macroeconómico estaría siendo alterado por dichos problemas jurídicos. ¿Se estaría modificando el mandato del Banguat? No. ¿Estaría en peligro la prohibición de financiar al Gobierno? No. ¿Dejaría de funcionar la libre negociación de divisas? No. ¿Estarían comprometidas las reservas, el sistema de pagos o la conducción cotidiana de la política monetaria? No.

Eso no significa que tales inconvenientes sean irrelevantes. Deben resolverse con rapidez y claridad, precisamente porque la seguridad jurídica también importa. Por ahora existe una controversia sobre quién puede ejercer la Presidencia del Banco de Guatemala. Eso no se traduce automáticamente en un deterioro institucional del Banco de Guatemala.  La fortaleza de la institución se demuestra precisamente cuando puede atravesar problemas con sus autoridades sin convertirlos en problemas monetarios.  Quizá esa sea la mejor forma de entender el verdadero legado de las reformas monetarias. Si para defender la estabilidad del Banco de Guatemala hubiera que defender a su presidente, entonces la institucionalidad monetaria sería mucho más débil de lo que creemos. La fortaleza de un banco central no consiste en tener siempre al presidente correcto, sino en poder seguir haciendo correctamente su trabajo cuando cambia el presidente