Este gobierno, como diríamos en buen chapín, cada día va de mal en peor. Aunque no se puede negar que ha hecho cosas buenas, al menos muchas más que las que pudo hacer alguno de sus antecesores, comete error tras error.

No sé si es el presidente Bernardo Arévalo de León quien decide actuar así o son sus asesores quienes lo llevan por mal camino. Lo cierto es que desde que tomaron posesión hacen cosas que lejos de ayudarles les perjudican ante la opinión pública. Y comunicacionalmente son incapaces de manejar la situación.

Y es un tema mega sensible el que día a día suma puntos negativos: el de la seguridad. Al menos esa es la percepción, pues según los datos ofrecidos por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, estamos mejor que en 2008. Para entonces, según Villeda, el índice de homicidios era de 45 víctimas por cada 100 mil habitantes, en 2020, en plena pandemia y con todo el mundo encerrado en casa la cifra fue de 15 por cada 100 mil habitantes. Hoy, estamos en un nivel de 16 por cada 100 mil habitantes, tan sólo 1 punto por arriba del año en que casi nadie andaba en la calle.

Aunque la explicación del ministro es atinada y probatoria, la percepción de los ciudadanos es diferente cuando a diario se entera de hechos criminales que tienen amplias coberturas. Pero lo que en esta oportunidad rebalsó el vaso fue un operativo que, ante fallas en su ejecución, costó la vida de ocho ciudadanos, incluidos menores de edad.

Un comando élite intentó capturar a “Haroldito” Lorenzana, un capo narcotraficante guatemalteco por quien la justicia de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones. El operativo se desarrolló el domingo 27 de septiembre, en el municipio de Huité, en Zacapa.

Aunque en primera instancia el gobierno aseguró que sus fuerzas de seguridad no participaron en ese operativo, la circulación de videos virales en las redes sociales que mostraban los hechos tal cual sucedieron, obligó a cambiar la versión y aceptar participación de militares en el operativo.

En La Ronda, del miércoles 30 de septiembre, la conferencia de prensa semanal y habitual del presidente y algunos de sus ministros, el general Henry Saenz, titular de la Defensa Nacional aceptó que el operativo fue ejecutado por militares. Pese a la aceptación expresa, se mantuvo la versión de no tener detalles de lo sucedido.

El presidente Arévalo debió encontrar la salida en el supuesto nombramiento de una comisión especial y multidisciplinaria que trabajará en la investigación de los hechos, cuyo informe se entregaría al Ministerio Público y sea esta entidad la que proceda conforme la ley en contra de los responsables.

Lo que sí quedó claro en la conferencia de prensa, al menos de lo que allí se dijo, es que la Policía Nacional Civil no tuvo participación. Pero a decir de como han sucedido las cosas, quien sabe si para el fin de semana la versión sigue impoluta.

Lo que parece demostrar este lamentable caso es que el presidente no está en nada. Desconocía todo lo sucedido. O bien, sabía y permitió ocultar la verdad para no verse afectado. Pero sus cálculos no fueron certeros.

Algo similar sucede con el ministro de la Defensa. Primero negó la participación de elementos militares en el operativo y en la conferencia de prensa aceptó que hubo uniformados del ejército involucrados. Eso lo deja mal parado, pues igual, pudo saberlo e intentar ocultarlo. Pero si de verdad no tenía conocimiento alguno, la idea que deja es que no tiene control de su gente en la institución castrense.

El presidente puede ser una buena persona, pero muchos de sus actos parecen dejar claro que carece de control sobre sus subalternos. En cualquier país civilizado, un hecho de esta naturaleza, que enlutó a familias inocentes en una acción irresponsable, sin control e ilegal, la cabeza de ministro ya habría rodado.

*Periodista y Profesor Universitario