El gobierno del presidente Arévalo contó con un apoyo que personalmente no había  visto durante los últimos 12 años. Resultado del antivoto en parte, pero también  apoyado en un discurso anticorrupción que ganó fácilmente simpatizantes ante el  hartazgo de una ciudadanía que constantemente lee, escucha y percibe un alto grado  de corrupción de funcionarios e instituciones que debieran garantizarles seguridad,  provisión de servicios básicos y que en general debieran servir a la población y no  servirse de ella.  

La forma en que el presidente llegó al poder generó expectativas altísimas en torno a  su gestión. A estas alturas, sería un error asegurar que todo continúa igual: hubo una  promoción de acciones encaminadas a combatir la corrupción, el reconocimiento de  algunos casos de criminalización, una mejora en la percepción internacional de su  gestión y la designación de funcionarios de trayectoria en instituciones clave. Sin  embargo, reconocer esos avances no equivale a considerarlos suficientes. Mi  cuestionamiento es la distancia entre la fuerza del discurso y su traducción en  acciones concretas capaces de responder a las expectativas que lo llevaron al poder. 

Aunque la última evaluación que públicamente fue difundida con relación al nivel de  Aceptación del presidente en la Población, surgió en un momento difícil, superando  incluso la percepción negativa que en su momento generaron sus antecesores, no se  puede negar que en la población existe un sentimiento de que lo hecho no fue para  nada lo que se esperaba. 

Ese desencanto plantea una preocupación mayor ante un proceso electoral bastante  cercano: ¿A quién apoyar? La falta de liderazgos claros y la aparición de actores  ampliamente conocidos hacen más difícil responder. La población depositó su  confianza en quienes parecían ofrecer una alternativa a las prácticas de otros  gobiernos. ¿Se produjo el cambio de fondo que se esperaba? Personalmente, creo que  no. El lector deberá decidir si comparte o cuestiona esa percepción. 

La falta de cambios percibidos no puede atribuirse únicamente al presidente o al  Ejecutivo. Para evaluar su gestión también hay que reconocer los límites dentro de los  cuales actúa. El sistema prohíbe las intervenciones indebidas entre poderes y 

establece frenos y contrapesos para impedir que cualquiera de ellos exceda sus  facultades. El presidente, por tanto, no es una figura omnipotente. Reconocer esos  límites permite distinguir entre lo que corresponde exigirle al Ejecutivo y lo que  depende de otros poderes del Estado. 

Pero volviendo a la pregunta que preocupa ¿A quién apoyar? El mayor temor que como  ciudadana me invade es el creer que derivado de la falta de acciones adecuadas y  oportunas, la población decida enfocar su hartazgo hacia la elección de aquellos que  por años han intentado alcanzar el poder pero que representan más de lo mismo y que  surgen con discursos salvadores y mágicos cada cuatro años, proponiendo terminar  con problemas que en la realidad no se resuelven con soluciones mágicas, hemos  escuchado discursos de mano dura, bono 15, reactivación de la pena de muerte,  llevarnos al mundial, entre otros, sin embargo, ninguna de estas propuestas implicó o  implica a futuro un verdadero cambio positivo para la ciudadanía.  

Al momento, las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina, como ciudadanos  nos corresponde ahora informarnos sobre esos personajes que empiezan ya a mostrar  sus rostros como posibles opciones en el proceso electoral, informarnos no  únicamente sobre su trayectoria, también sobre su entorno, sobre las organizaciones  políticas que los promueven, sus integrantes y sus fuentes de financiamiento, pero  además nos toca escuchar con atención cada una de sus propuestas y su plan de  gobierno para poder responder a preguntas claves como ¿Es algo realizable a corto,  mediano o largo plazo?, ¿Las propuestas en su ejecución dependen únicamente del  Ejecutivo o deben pasar controles de los otros poderes del Estado?, ¿De qué manera  concreta se propone la realización de un proyecto?, ¿El proyecto es permanente en el  tiempo o puede ser fácilmente eliminado por un nuevo gobierno?, estas entre otras son  las preguntas que deben ser importantes.  

El análisis es complejo y profundo, pero necesario. Guatemala y sus ciudadanos no  podemos darnos el lujo de permitir un repunte de acciones y prácticas corruptas, ni un  reacomodo de actores que por tantos años le han hecho tanto daño a las instituciones  y a la confianza que el ciudadano deposita en ellas.