Además de lo notablemente contradictorio que ello resulta, dado la supuesta orientación social demócrata del partido electo (su impronta), en la práctica, como ejercicio político, los vacíos, ausencias y precariedades, son llenados por otros actores para capitalizar intereses diferentes a los deseables.

Este período, que en dos meses cumple tres años y se enfila a la recta final, se ha caracterizado por las buenas intenciones, el uso discursivo del imaginario (lo deseable), pero también de las piedras en el zapato que han dificultado pasar de las promesas a los hechos. Mientras ocurría el vaciamiento de resultados (los hechos y las decisiones), la cancha real fue llenándose, de forma maliciosa, por los propósitos consagrados por otros jugadores, que rápidamente le tomaron la medida al gobierno y aprovecharon que, por primera ocasión, el oficialismo careciera de equipo formal en el Legislativo, novateces; así como querer gobernar, pero sin decidir.

Los dominios reservados, enquistados en el Ministerio Público, en el sistema de justicia, en USAC y otras instancias han sido actores de notable oposición. Pero su existencia nunca fue desconocida; se sabía con anticipación sus intereses y prácticas. 

La parte de la cual si es responsable el Ejecutivo, y en donde no aplica “echar la culpa a otros” son las decisiones que si se tomaron, en donde con facilidad y bajo la lógica simplista e ingenua de otorgar incentivos a ciertos actores para que no sean piedra de tropiezo, y por el contrario, faciliten gobernar, se han cometido desmanes cuyas implicaciones comenzaron a notarse casi inmediatamente; pero que en el marco del proceso electoral del próximo año, allanarán el camino para el reposicionamiento de actores político-criminales. Tanto esfuerzo implicado en 2023, para poco o casi nada. Facilitar la palanca del retroceso es un resultado contrario a lo esperado.

Previo a la aprobación del presupuesto 2027 y posterior a la elección de la junta directiva del Congreso para el último año de la Legislatura, el Congreso aprobó tres decretos, la Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana (Proyecto Metro Riel), la Ley de Cine de Guatemala y Ley del Fondo Nacional de Becas. Son tres concesiones al oficialismo, a cambio de enormes bolsones de recursos incluidos en el nuevo presupuesto, incentivado por su carácter electoral.  Para quienes llevan las manijas del poder en ese organismo, lo aprobado no genera desgaste y poco beneficio; pero lo que está en juego es notablemente de beneficios mayores. Esto ejemplifica el juego grotesco que ha imperado, dejar que otros hagan y saquen ventajas. El Ejecutivo asume rol pasivo (no mete las manos), pero facilita que la corrosión continúe. ¿Este escenario podrá ser revertido por las nuevas correlaciones que se instalarán a partir de 2028? Por el momento, no veo por dónde, ni quiénes.