En los últimos meses, varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad han comenzado a tener efectos muy concretos limitando derechos e intereses ciudadanos. Las decisiones reiteradas de tres magistrados están afectando cuestiones tan elementales como la seguridad de quienes viajan por las carreteras y tan esenciales para una democracia como el derecho de los ciudadanos a participar directamente en una reforma constitucional. Y no hace falta recordar que en los varios asuntos políticos e institucionales más relevantes en que la actual CC ha intervenido, se repite una misma mayoría de tres magistrados, cuyas decisiones se convierten en la última palabra dentro del ordenamiento nacional.

A pesar de que los accidentes de transporte colectivo dejaron al menos 391 personas fallecidas en Guatemala entre 2022 y 2025 (sólo en 2025 murieron 141, el doble que el año anterior), esta semana conocimos la suspensión provisional por parte de esta “trinca”, de varias disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial que obligaban a determinados vehículos de transporte colectivo y de carga a utilizar limitadores de velocidad y establecían sanciones por incumplimiento. La medida ya estaba ampliamente implementada: según la Dirección General de Transportes, 35,871 vehículos contaban con el dispositivo al 5 de noviembre.  Organizaciones ciudadanas como la Unidad Nacional de las Víctimas de Tránsito, la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE) y organizaciones agrupadas en la Alianza Guatemalteca por Guatemala han reclamado esta decisión. La Magistrada Morín sostuvo que no existía en esta etapa una inconstitucionalidad notoria que justificara paralizar una medida de seguridad vial, pero la decisión de estos 3 magistrados modifica una política pública que ya estaba siendo aplicada y que puede salvar muchas vidas, atentando contra la seguridad vial de la población.

Pocos días antes, la Corte había intervenido en un ámbito todavía más delicado: el derecho ciudadano a promover reformas constitucionales. El artículo 277 establece que una iniciativa de este tipo puede ser presentada por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados y dispone, además, que el Congreso debe ocuparse del asunto “sin demora alguna”. Sin embargo, el 5 de noviembre la “trinca” suspendió provisionalmente el trámite de dos propuestas y ordenó al Congreso verificar no solo nombres, documentos de identificación, firmas y empadronamiento, sino también realizar cruces de información con el TSE, RENAP y Migración, comprobar fallecimientos, verificar la presencia de los firmantes en Guatemala y establecer que conocían el contenido que respaldaban. También deberá habilitarse un mecanismo para que cada ciudadano compruebe si su nombre fue utilizado sin consentimiento. No sabemos que entienden de la Constitución cuando dice “sin demora” y cuando inventan procedimientos de retardo que no tienen nada que ver con el texto constitucional. Tienen que ver más bien, con impedir que se cambie el sistema capturado de nombramientos clave para la justicia, la investigación criminal y la contraloría del estado.

Esta decisión fue adoptada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, frente a los votos disidentes de Annabella Morfín y Astrid Lemus. En abril, los mismos tres magistrados dejaron sin efecto la nómina de candidatos a Fiscal General que había sido remitida al presidente y ordenaron repetir la calificación de expedientes. La mayoría acogió provisionalmente un criterio según el cual el ejercicio como juez no debía computarse como ejercicio profesional de la abogacía, pese a que existía un criterio anterior de la propia Corte en sentido diferente. Nuevamente Morfín y Lemus discreparon.

En junio volvió a aparecer esa mayoría en las controversias relacionadas con Walter Mazariegos y la USAC; y en septiembre, Molina Barreto, Ochoa y Rivera ordenaron al Ministerio de Gobernación y a la PNC ejecutar en un máximo de seis horas un plan para liberar los bloqueos de carreteras, bajo apercibimiento de separación del cargo de las autoridades responsables por incumplimiento. Morfín calificó el plazo de “materialmente inviable” y el magistrado suplente Luis Fernando Bermejo también cuestionó que se hiciera depender el cumplimiento de la resolución de la desaparición de bloqueos que podían reproducirse por acciones de terceros. El problema no es que tres magistrados voten juntos: para eso existen los tribunales colegiados. El problema comienza cuando la misma mayoría interviene reiteradamente en decisiones capaces de redefinir procesos de enorme trascendencia para la vida institucional del país, y sobre todo decisiones que afectan no sólo a la ciudadanía, sino que confieren impunidad a funcionarios fraudulentos, afectan procesos y decisiones institucionales de otros poderes y dejan claro que trabajan para los intereses de unos, en detrimento de la sociedad.

En pocos meses, tres votos han incidido en la selección del Fiscal General, en una disputa central sobre la universidad pública, en los límites de actuación del Ejecutivo y ahora en las condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden ejercer una facultad expresamente reconocida por la Constitución. Cuando una mayoría jurisprudencial se consolida, sus criterios también construyen poder. Y ese poder merece todavía mayor escrutinio porque la CC no es un tribunal cualquiera: el artículo 268 le confía la defensa del orden constitucional y la Constitución la define como independiente de los demás organismos del Estado.

El problema es que los demás poderes están sometidos al control constitucional, pero las decisiones de la propia Corte prácticamente no tienen una instancia nacional superior que pueda revisar su contenido. Esa característica es indispensable para garantizar que la CC pueda frenar abusos del Ejecutivo, el Congreso o cualquier otra autoridad sin recibir órdenes de ellos; pero la independencia no convierte a los magistrados en infalibles ni debería convertir sus resoluciones en decisiones ajenas al escrutinio ciudadano. Cuando cinco personas tienen la última interpretación constitucional y, en la práctica, tres votos bastan para definirla, la calidad de la argumentación, la coherencia con los precedentes, la transparencia y la ausencia de conflictos de interés dejan de ser asuntos técnicos: son garantías democráticas.

La Corte de Constitucionalidad fue creada para evitar que los poderes públicos sobrepasaran los límites que la Constitución les impone y para proteger los derechos que esta reconoce. Sin embargo, debemos preguntarnos cómo vamos a poder seguir manteniendo una CC en la que una trinca con objetivos propios seguirá atentando con sus decisiones el bienestar de la sociedad. Defender la independencia de la CC no exige aceptar que eso signifique ausencia de límites. Tal vez es necesario revisar el propio diseño institucional de la misma.