Lo ocurrido en la Universidad de San Carlos de Guatemala no puede seguir describiéndose con el lenguaje rutinario de la “controversia”, la “polarización” o las “irregularidades”. Esa gramática ya no alcanza. Lo que ha sucedido es más grave y es la consumación de un segundo fraude rectoral bajo Walter Mazariegos, ejecutado mediante la exclusión masiva de cuerpos electorales adversos, la instrumentalización de un Consejo Superior Universitario cuestionado en su legitimidad, el cierre material de los canales democráticos internos y la pasividad calculada, cuando no abierta complicidad, de las instancias estatales que pudieron haber contenido el quiebre. La conclusión es dura, pero necesaria e inescapable – la autonomía universitaria, entendida como autogobierno democrático, libertad académica y resguardo institucional frente a la captura política, ha sido materialmente anulada. Queda su nombre; su sustancia ha sido vaciada.

Antes de la votación del 8 de abril ya estaba claro que no se trataba de una elección normal. Medios periodísticos reportaron que de los 34 cuerpos electorales que integran el proceso para elegir rector, 17 quedaron fuera, y que de 170 votantes potenciales fueron excluidos 85. Más aún, la propia cobertura indicó que en las elecciones primarias la oposición había ganado 22 de los 34 cuerpos electorales, mientras los sectores afines a Mazariegos apenas controlaban nueve, con uno más cercano a su bloque. Es decir, el problema no fue una disputa genuina por la correlación de fuerzas dentro de la universidad, sino la anulación administrativa y política de una mayoría opositora ya expresada en las urnas universitarias. No se ganó la elección, sino que se reconfiguró coercitivamente el electorado para impedir una derrota. En otras palabras, eligieron a sus electores.

Ese dato es decisivo, porque obliga a distinguir muy claramente entre autonomía y cooptación. La autonomía, en su sentido constitucional, no existe para blindar mafias universitarias ni para proteger camarillas enquistadas en el manejo presupuestario, el control de plazas y la manipulación de órganos de gobierno. El artículo 82 de la Constitución reconoce a la USAC como institución autónoma y el artículo 83 vincula su gobierno a una estructura representativa; es decir, la autonomía no es mera separación del Ejecutivo, sino capacidad de autogobierno con representación efectiva. Cuando la representación se suprime selectivamente, la autonomía deja de operar como garantía democrática y se convierte en coartada de impunidad. En ese punto, la defensa abstracta de la autonomía puede terminar defendiendo exactamente aquello que la autonomía fue diseñada para impedir, es decir, la colonización oligárquica de la universidad pública desde dentro.

Por eso la tesis central debe formularse sin rodeos. Mazariegos no “abusó” de la autonomía; la destruyó en su contenido material. La Universidad dejó de gobernarse a sí misma como comunidad política plural y pasó a ser administrada como aparato capturado. La investigación de La Hora sobre el “segundo fraude” describe un patrón sostenido de control del CSU, exclusiones, violencia y mantenimiento en funciones de representantes con plazos vencidos, todo ello orientado a consolidar el poder rectoral. A eso se suma la denuncia de la Contraloría General de Cuentas sobre posibles irregularidades relacionadas con la falta de convocatoria para renovar el CSU, cambios normativos internos omitiendo preceptos constitucionales y otorgamiento de plazas a docentes afines sin procesos de oposición. El cuadro que emerge no es el de una anomalía puntual, sino el de un régimen universitario de captura. 

El papel del gobierno de Bernardo Arévalo, en este contexto, ha sido notoriamente insuficiente. El 6 de abril, el Ejecutivo pidió que el proceso se desarrollara con apego a la legalidad, “en un ambiente democrático y sin interrupciones”, y descartó el cierre del campus. El 8 de abril, ya consumada la reelección, reiteró una postura centrada en la seguridad, el respeto a la ley y la resolución judicial de las impugnaciones. Incluso la vicepresidenta Karin Herrera reconoció públicamente que en la USAC se estaban excluyendo electores legítimos y que ello debilitaba la democracia. Pero entre reconocer y actuar existe un abismo. El gobierno ha optado por una posición declarativa, jurídicamente prudente y políticamente débil; el gobierno de Arévalo enuncia principios correctos, pero no altera el balance real de fuerzas ni produce hechos de contención efectivos. En una coyuntura de captura institucional, el legalismo pasivo deja de ser neutral y se convierte, en los hechos, en una forma de adaptación al fraude.

La otra gran instancia señalada como posible contención ha sido el sistema judicial, especialmente la Corte de Constitucionalidad. Pero aquí la situación es igualmente sombría. Días antes de la votación ya se hablaba de al menos 16 amparos presentados para advertir la exclusión arbitraria de electores, y de la inacción judicial frente a un escenario que había sido anticipado con claridad. Después de la elección, la oposición anunció nuevas acciones para dejar sin efecto la reelección, apoyándose incluso en resoluciones previas incumplidas, como el dictamen referido a la elección de docentes de Ingeniería. Formalmente, la ruta judicial sigue abierta; políticamente, sin embargo, se encuentra cercada por la desconfianza fundada en cortes percibidas como cooptadas o renuentes a frenar a Mazariegos. El problema no es solo que haya recursos legales; es que esos recursos llegan a un aparato de justicia cuya cooptación, miedo o selectividad erosiona su capacidad de arbitraje democrático.

La situación del Ministerio Público refuerza esa impresión de cerco. La Hora reportó que el MP guardaba silencio frente a denuncias de la Contraloría que, de investigarse, podrían comprometer la legalidad de decisiones clave dentro de la USAC, incluida la propia elección rectoral y la legitimidad del CSU. Otra investigación señaló que las denuncias contenían elementos suficientes, según una fuente del MP citada por el medio, para invalidar lo actuado por el rector y el Consejo bajo su control. Paralelamente, se informó que nuevas denuncias penales fueron presentadas por diputados contra Mazariegos, el secretario general y miembros del CSU por abuso de autoridad, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones y asociación ilícita. Sin embargo, el patrón predominante no es de activación institucional, sino de retención, silencio o cálculo político por parte del MP encabezado por Consuelo Porras. Esperar que ese aparato corrija el fraude es, en efecto, esperar en vano.

En este punto aparece la cuestión, para nosotros, más delicada. La propuesta de intervención temporal de la USAC impulsada por una facción legislativa disidente del oficialismo. La iniciativa fue presentada como un mecanismo transitorio de “restauración democrática”, “gobernanza institucional” y regularización del proceso educativo. A primera vista, la idea parece chocar frontalmente con la defensa de la autonomía universitaria. Y, en condiciones normales, esa objeción sería correcta pues la intervención estatal de una universidad autónoma entraña riesgos severos y puede abrir un precedente peligroso para gobiernos autoritarios y represivos. Pero la coyuntura actual no es normal. La pregunta ya no es si conviene vulnerar una autonomía viva, sino qué hacer cuando la arquitectura de la autonomía ha sido internamente desmantelada y convertida en fachada y escudo de una estructura fraudulenta y corrupta. Dicho de otro modo, la contradicción no está entre autonomía e intervención, sino entre una autonomía puramente nominal y la necesidad de reconstruir sus condiciones democráticas de posibilidad.

Eso no significa apoyar cualquier intervención ni idealizar al Estado guatemalteco como agente regenerador. Sería absurdo e ingenuo. Un Estado parcialmente capturado y parcialmente fallido como el de Guatemala puede usar una crisis real para profundizar otro control y expandir la cobertura de su fracaso. La propuesta solo tendría legitimidad si estuviera acotada temporalmente, jurídicamente delimitada, sometida a control público y orientada exclusivamente a restablecer la arquitectura de la autonomía – representación efectiva, renovación de órganos vencidos, garantía de elecciones limpias, protección de la libertad de cátedra y transparencia del uso de recursos. Eso es, a nuestro juicio, lo que propone la bancada de Raíces. De no ser así, se correría el riesgo de sustituir una captura por otra y estaría firmemente encaminada a empeorarlo todo. Pero negar de antemano toda medida extraordinaria, en nombre de una autonomía formal ya vaciada de todo contenido, equivale a aceptar que la universidad pública quede indefinidamente en manos de quienes la han convertido en un enclave de reproducción de poder corrupto.

Además, recordemos, el fraude no se limita al mecanismo electoral. La crisis incluye el uso faccioso del presupuesto, el hostigamiento a la disidencia, la afectación del proceso educativo y el deterioro de la carrera académica. Todos estos elementos son estructurales y si los mismos han sido vulnerados o capturados, pues entonces ha muerto la autonomía. Es decir, estamos ante la crisis total de la educación superior pública. La investigación sobre el intento de otorgar titularidades a miles de docentes sin los concursos de oposición exigidos por la normativa universitaria muestra hasta qué punto el control rectoral apunta también a reconfigurar la base material de futuras correlaciones internas. No se trata solo de ganar una elección, sino de fabricar una estructura durable de lealtades administrativas y políticas. A ello se suma la suspensión o alteración de actividades académicas para blindar decisiones de cúpula. En conjunto, el fraude electoral aparece como una pieza de una estrategia más amplia de captura, corrupción y degradación institucional.

La lección política es más amplia que la propia USAC. Lo que se ha visto estos días es la ausencia de una articulación eficaz entre calles, justicia y política de Estado. Ha habido protesta, denuncias, amparos, pronunciamientos y cobertura periodística robusta, aunque muchas veces superficial. Pero esos planos no convergieron en una fuerza capaz de impedir el hecho consumado. Y allí reside la advertencia para 2027. Si un tipejo de tan pobre carácter moral y tan miope visión académica es capaz de aglutinar y consolidar un bloque enquistado y puede reordenar el cuerpo electoral de la principal universidad pública, neutralizar recursos judiciales, soportar el costo reputacional y avanzar sin que ninguna palanca estatal resulte vinculante, entonces el problema no es meramente universitario. Estamos ante una radiografía del tipo de país en el que los grupos del poder corrupto han convertido a Guatemala, parte de un proceso de restauración de corrupción e impunidad más general, que ya está claramente en marcha para la próxima contienda general. La USAC funciona aquí como la torre de marfil negro en la guerra de posiciones entre restauración y refundación, la hegemonía y la verdadera autonomía. La USAC es laboratorio, enfermedad y síntoma, todo al mismo tiempo. Lo que se normaliza en ella – la exclusión selectiva, el formalismo vacío, la academia más mediocre posible, la justicia tardía y la administración facciosa de reglas – es parte muy clara de un proceso a escala nacional y que busca por todo medio posible la restauración de su poder total.

Por eso, la consigna adecuada no es simplemente “demandar el estricto respeto a la autonomía universitaria” – consigna de viejo cuño que también tiene que ser actualizada – sino recuperar su contenido y su verdad democrática. La autonomía no puede reducirse a un fetiche jurídico tan sagrado que se vuelve intocable mientras la democracia universitaria es demolida desde adentro con fondos generados por la ciudadanía. Eso ahora es intolerable. La tarea es y debe ser más exigente, debe orientarse a refundar los procesos y las mediaciones institucionales que hagan posible una universidad realmente autónoma porque es realmente representativa, deliberativa, académicamente libre y administrativamente no capturada. Mientras eso no ocurra, seguir hablando de autonomía en la USAC será nombrar una ausencia. Y ese es, precisamente, el sentido más profundo del segundo fraude de Mazariegos, es decir, no solo reelegir a un rector cuestionado, sino exhibir que, por ahora, el régimen de captura ha logrado hacer pasar la negación de la autonomía, la democracia y la justicia por su defensa.