Dentro de algunos meses, Walter Mazariegos podría participar en la elección de quien tendrá la responsabilidad de fiscalizar miles de millones de quetzales de recursos públicos. Esa posibilidad debería bastar para profundizar la batalla legal por el rescate de la USAC. Porque lo que ocurre en la Universidad de San Carlos no es solo la captura progresiva y planificada de una institución pública estratégica para la formación profesional de los próximos funcionarios públicos, sino que también representa la posibilidad de incidir en la selección de autoridades fundamentales para el funcionamiento del Estado.

La llegada de Walter Mazariegos a la rectoría implicó la anulación de la competencia de la estructura tradicional que encabezaba Gálvez, a través de un MP que corrió a allanar el camino para la nueva estructura.  La captura institucional tampoco puede entenderse sin señalar lo que ocurrió simultáneamente dentro de los espacios encargados de autorizar nuevas universidades privadas. En el proceso de autorización de las dos recientes universidades privadas aparecen nombres como Godínez (Lista Engel), autoridades vinculadas a la Universidad Panamericana y en una el secretario general de la misma USAC. Todos bajo la coordinación de Mazariegos. Cada nueva universidad significa nuevos votos, nuevos representantes y más capacidad para influir en la elección de autoridades nacionales. La elección de Mazariegos en 2022 y su reelección en 2026 -ambas cuestionadas por la exclusión de cuerpos electorales y múltiples impugnaciones-, son la expresión más visible de una reconfiguración de poder que lleva años construyéndose para beneficio de quiénes tienen la justicia cooptada. Desde esta perspectiva, la reelección de Mazariegos es la culminación de una historia de captura cuidadosamente construida durante años y que requería de actores que controlen los procesos actuales frente a la pérdida de su madre protectora, Consuelo Porras.

Todo esto no podía consolidarse sin la protección oficiosa del MP controlado por Porras y de una CC dirigida por Molina Barreto, Vásquez y Lemus. No en balde Lemus y Porras creyeron que Mazariegos les pagaría la protección nombrándolas en la nueva CC.  La realidad actual es que la captura de la Universidad de San Carlos dejó de ser un asunto de autonomía universitaria, en el momento en que comenzó a proyectar sus efectos sobre instituciones encargadas de fiscalizar y controlar al propio Estado. Mazariegos y sus votos han puesto al nuevo TSE; han confeccionado la lista corta del Fiscal General y si logra hacer efectivo el fraude refrendado por tres magistrados de la CC -encabezados por Molina Barreto-, pondrán al nuevo Contralor General. La Contraloría constituye una de las principales fuentes de información para detectar actos de corrupción. Los grandes casos requieren auditorías, hallazgos e informes circunstanciados que permitan documentar irregularidades en el uso de recursos públicos. Sin esos insumos, incluso el Ministerio Público más eficiente, no tiene elementos para actuar sobre los funcionarios corruptos.

Esto debe llevar a preguntarnos: ¿debe una autoridad cuya elección continúa siendo objeto de graves deficiencias y dudas participar en la selección de quien tendrá la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos de toda la nación? Es por ello que la insistencia de Mazariegos y de la gobernanza mafiosa de quedarse con la USAC, los descubre en su intento de afectar directamente la capacidad del Estado para prevenir, detectar y perseguir la corrupción en los próximos años.

Es precisamente en este punto donde el nuevo Ministerio Público enfrenta una prueba de credibilidad que no puede eludir. El nuevo Fiscal General tiene la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que existen asuntos que dejaron de ser intocables. Las 17 denuncias acumuladas sobre el cuestionado proceso electoral del rector que existen actualmente (según información de Prensa Comunitaria), obligan a investigar y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas pendientes de esclarecer. Si las denuncias carecen de fundamento, corresponde demostrarlo mediante investigaciones serias y transparentes. Si existen elementos suficientes para perseguir responsabilidades, corresponde actuar en consecuencia. La ruta de la verdadera recuperación institucional pasa por actuar en beneficio del bien común y del derecho a una universidad pública con autoridades electas legítimamente, cuya preocupación fundamental sea la educación de los futuros servidores públicos para beneficio de la democracia y la institucionalidad republicana.

La Procuraduría General de la Nación tampoco puede refugiarse detrás del argumento de la autonomía universitaria. La propia PGN ya intervino cuestionando judicialmente la elección de Mazariegos y defendiendo la legalidad del proceso. Además, la discusión dejó hace tiempo de limitarse a los muros universitarios. La Universidad de San Carlos administra recursos públicos, forma parte de la estructura constitucional del Estado y participa en mecanismos que influyen directamente sobre futuras autoridades nacionales. Cuando una captura institucional comienza a afectar órganos encargados de controlar el gasto público y combatir la corrupción, la defensa del interés estatal deja de ser una opción política para convertirse en una obligación jurídica.

La cuestión más importante ya no consiste en reconstruir cómo se produjo la captura. Las alianzas, los silencios institucionales, las protecciones políticas y las resoluciones judiciales que permitieron consolidarla, han quedado suficientemente expuestos y documentados. La verdadera pregunta es, si las instituciones que hoy día tienen poder y legitimidad están dispuestas a actuar antes de que esa misma estructura continúe incidiendo sobre las futuras magistraturas, fiscalías, contralorías y demás espacios desde los cuales se controla -o se deja de controlar- el poder público.

La pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién gana cuando la universidad pública pierde autonomía, legitimidad y capacidad para formar élites independientes de las estructuras tradicionales de poder y de sus universidades? Porque si una captura cuidadosamente construida durante años logra influir sobre las instituciones encargadas de investigar, fiscalizar y controlar al Estado, el problema deja de ser universitario y se convierte en un problema de democracia.

Y si el nuevo Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación renuncian a actuar frente a esa realidad, lo que estará en juego ya no será el destino de la educación pública, sino la capacidad del Estado guatemalteco para recuperar las instituciones claves y revertir la capacidad de la gobernanza mafiosa de continuar cooptando el futuro.