Para escoger a la persona que deberá fiscalizar cada quetzal público, hemos levantado una comisión de 27 integrantes cuya primera tarea —aunque nadie la haya incluido en el cronograma— será demostrar que merece sentarse a escogerla.
La Contraloría General de Cuentas suele aparecer en las conversaciones públicas cuando algún funcionario necesita un finiquito, cuando una municipalidad acumula reparos o cuando un candidato descubre, con repentino interés, que las cuentas también tienen memoria. Su mandato, sin embargo, es mucho mayor. La Constitución le encarga fiscalizar los ingresos, los egresos y cualquier interés hacendario de los organismos del Estado, las municipalidades, las entidades autónomas y descentralizadas, los contratistas de obra pública y cualquier persona que administre fondos estatales. El contralor dura cuatro años, goza de inmunidad y es electo por el Congreso de una nómina de seis candidatos.

También dirige las dependencias de la institución, oficializa informes de auditoría, impone sanciones y otorga los finiquitos exigidos por otras leyes. Este último poder adquiere un valor extraordinario cuando el país se aproxima a las elecciones generales de 2027. Una firma puede convertirse en pasaporte electoral; su ausencia, en una frontera. La OEA lo advirtió expresamente al pedir que la elección se realice con transparencia, dentro de los plazos y con base en méritos.
Todo esto debería obligarnos a mirar con lupa el proceso. De momento, apenas hemos encontrado la lupa debajo de una montaña de papeleo.
La comisión estará integrada por un presidente, 13 decanos universitarios y 13 representantes de dos colegios profesionales. Miquel Cortés Bofill, a quien felicito por su elección, rector de la Universidad Rafael Landívar, fue elegido por unanimidad de los 13 rectores presentes para presidirla. Al momento de escribir estas líneas todavía faltaba completar la representación gremial: dos integrantes serían electos por el Colegio de Economistas y otros 11 por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. La nómina deberá llegar al Congreso en septiembre, para que el nuevo contralor asuma el 13 de octubre.

Podría parecer un procedimiento razonable: universidades, profesionales, evaluaciones, entrevistas, tablas de puntuación y una votación de dos terceras partes. Sobre el papel, hasta nuestras instituciones parecen suizas. El inconveniente comienza cuando uno levanta el papel.

En 2022 la postuladora tuvo 23 integrantes. Ahora tendrá 27. El aumento se explica por la incorporación de los decanos de las universidades Americana y Juan José Arévalo y, en consecuencia, de dos representantes gremiales adicionales para conservar la equivalencia que manda la Constitución. La participación de ambas casas de estudios ha sido impugnada y cuestionada por la supuesta ausencia de estudiantes, docentes, instalaciones y trayectoria académica comprobable. La Corte
de Constitucionalidad todavía no había resuelto el amparo presentado contra su inclusión.

Incorporar instituciones de creación reciente sin instalaciones conocidas, población estudiantil efectiva ni actividad académica verificable podría alterar artificialmente la composición de la comisión y debilitar la legitimidad del proceso. Cuando un
organismo internacional debe recordar que una universidad necesita alumnos, quizá el problema ya dejó de ser exclusivamente jurídico.

La credibilidad de una comisión se construye con integrantes legítimos, criterios públicos y decisiones que puedan explicarse sin recurrir a reuniones privadas, llamadas oportunas o amistades gremiales.

Las comisiones de postulación fueron concebidas como un filtro técnico frente al poder político. Con los años aprendimos que los filtros también pueden obstruirse. Rectores, decanos y colegios profesionales no habitan fuera del país ni son inmunes
a sus redes de influencia. En las elecciones gremiales aparecen planillas, operadores y alianzas; alrededor de las universidades se organizan bloques; y al final el Congreso conserva la última palabra. La política entra por todas las puertas
mientras el reglamento insiste en llamarla mérito.

El problema tampoco se limita a quién integra las comisiones. Está en la manera en que trabajan. La CICIG documentó desde 2019 que las tablas de gradación solían carecer de rigor, medios de verificación e indicadores concretos. Advirtió que las entrevistas eran insustanciales y que los perfiles, las puntuaciones y las preguntas no siempre guardaban coherencia entre sí. Esa discrecionalidad permite que una tabla aparentemente matemática termine justificando decisiones tomadas con criterios
bastante menos científicos.

El proceso para elegir al actual contralor ofrece un retrato poco tranquilizador. En 2022, las entrevistas se convirtieron en exposiciones sin repreguntas ni cuestionamientos; observadores señalaron que algunos comisionados otorgaron calificaciones completas a aspirantes afines a sus planillas. Los resultados de las pruebas psicométricas no fueron públicos ni tuvieron ponderación. Cuando ciertos favoritos quedaron fuera de la línea de corte, hubo intentos por modificar las reglas y
permitir que se votara por todos los aspirantes.

De 48 participantes, apenas ocho fueron mujeres. Solo una llegó a la nómina final. La comisión fue juramentada el 21 de septiembre, menos de un mes antes de que terminara el período constitucional, y el Congreso eligió a Frank Bode hasta el 8 de noviembre, cuando el plazo ya había vencido. Obtuvo 148 votos, una unanimidad legislativa casi conmovedora en un Congreso que difícilmente se pone de acuerdo hasta para levantar una sesión.

Esta comisión aún puede hacer las cosas bien. Para ello deberá transmitir todas sus sesiones, publicar los expedientes y las decisiones inmediatamente, exigir declaraciones de conflicto de interés, aplicar una entrevista uniforme con repreguntas, explicar cada calificación y registrar nominalmente cada voto. También debe verificar, antes de comenzar, que cada universidad participante posea estudiantes, profesores, instalaciones y una carrera funcionando de verdad. Parece una exigencia elemental. En Guatemala, lo elemental suele ser revolucionario.

Al Congreso le corresponderá después escoger entre seis nombres. Sus diputados deberán explicar por qué entregan la Contraloría a una persona y no a otra. Ochenta y un votos pueden cumplir la Constitución; no necesariamente satisfacen la
decencia pública.

Durante años hemos pedido funcionarios honorables, instituciones independientes y elecciones transparentes. El vocabulario se conserva impecable. Lo deteriorado es nuestra capacidad para creerlo.
El próximo contralor deberá revisar las cuentas de todo el Estado. Los ciudadanos tendremos que revisar cada paso de quienes lo elijan: sus vínculos, sus votos, sus silencios y sus cambios de criterio. La comisión apenas comienza y ya carga dudas sobre su tamaño, su integración y su independencia. Antes de extender finiquitos a medio país, convendría que la postuladora obtuviera el suyo.