Una llamada telefónica de poco más de seis minutos publicada por La Hora esta semana pone voz y sustento a algo que en Guatemala se lleva años denunciando. En la conversación, una persona vinculada a Recursos Humanos del Organismo Judicial ofrece distintas plazas a cambio de dinero y menciona la importancia de contar con “padrinos”. La investigación, basada además en entrevistas con trabajadores y funcionarios judiciales, recoge testimonios sobre pagos que llegarían hasta Q80 mil y recomendaciones políticas para obtener puestos o ascensos. Una grabación no demuestra necesariamente que todo el Organismo Judicial funcione así, pero ahora sabemos que hay un mecanismo mafioso y corrupto que opera a través de “padrinos” de diferente origen y a través del sindicato. Es decir que, si una plaza puede comprarse o conseguirse por padrinazgo y pago, la independencia está perdida antes de que el juez firme su primera resolución.

Después de los Acuerdos de Paz aceptamos que algunas instituciones estaban tan deterioradas que no bastaba con maquillarlas. La vieja Policía Nacional fue parcialmente sustituida por una nueva Policía Nacional Civil y el Ministerio Público atravesó reformas que, años después y con el apoyo de la CICIG, permitieron investigar presidentes, ministros, empresarios y estructuras completas de corrupción. Muchas de aquellas capacidades fueron posteriormente desmanteladas o capturadas. Con el Organismo Judicial, sin embargo, nunca hubo una ruptura equivalente. Se modernizaron procedimientos, se creó la carrera judicial y surgieron mecanismos disciplinarios, pero no hubo una verdadera depuración de las redes internas ni del sistema político que interviene en la selección de jueces y magistrados.

El problema tampoco es nuevo. La CICIG documentó en el caso Comisiones Paralelas cómo Roberto López Villatoro organizó reuniones, financió actividades y buscó influir en comisionados, diputados y candidatos para colocar magistrados afines a sus intereses. La investigación describió un esquema que intervenía desde antes de la elección, porque resulta mucho más seguro influir en quién ocupará una magistratura que intentar comprar una resolución cuando el expediente ya está sobre el escritorio.

Años después, la historia se repitió con otros protagonistas. En 2020, la FECI descubrió que Gustavo Alejos, mientras permanecía internado en un hospital estando privado de libertad, se reunía o comunicaba con jueces, magistrados, candidatos a Cortes, comisionados y diputados durante el proceso de elección de las nuevas magistraturas. El caso llegó a conocerse como Comisiones Paralelas 2020. La FECI presentó solicitudes de antejuicio contra jueces y magistrados vinculados a aquellas comunicaciones. Cambiaron las personas, pero no la lógica: controlar quién juzga es una inversión de largo plazo para quien algún día puede necesitar ser juzgado. O convertirlo, por otra parte, en un instrumento de venganza contra opositores

Por eso la grabación revelada ahora por La Hora resulta todavía más preocupante. Precisamente la Corte Suprema debe cubrir 145 plazas: 91 jueces de Primera Instancia y 54 jueces de Paz. Cinco fuentes judiciales dijeron a ese medio que el bloque dominante de la CSJ ya negocia esos nombramientos como cuotas de poder. Son los jueces que conocerán allanamientos, capturas, primeras declaraciones, medidas sustitutivas, corrupción, crimen organizado y buena parte de los procesos que afectarán la vida política del país durante los próximos años.  Después no podremos sorprendernos con las resoluciones.

El control tampoco termina cuando el magistrado ya fue nombrado. El caso de Estuardo Cárdenas muestra cómo la distribución interna de funciones puede convertirse en otra herramienta de poder. Cárdenas, una de las voces disidentes dentro de la Corte Suprema, integraba la Cámara de Amparos y Antejuicios. La mayoría de la Corte modificó posteriormente la integración de las cámaras y lo trasladó a la Cámara Civil. Él ha denunciado el cambio como ilegal y acudió a la Corte de Constitucionalidad. El movimiento tuvo además un efecto concreto: dejó de conocer cientos de expedientes que tenía bajo su responsabilidad. Elegir quién llega a juez es una forma de poder; decidir qué casos conoce y cuándo deja de conocerlos es otra.

El juez Jimi Bremer acaba de ordenar la libertad inmediata de Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, señalado por el MP de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita como supuesto líder de “Los Taxistas del Viejo”. Bremer dejó sin efecto la orden de aprehensión y reprogramó su primera declaración; menos de veinticuatro horas después Monroy obtuvo otra resolución favorable en un expediente diferente. Resulta inevitable recordar que Bremer también condujo durante años procesos contra José Rubén Zamora, quien permaneció más de tres años privado de libertad. La severidad y la flexibilidad parecen distribuirse de maneras difíciles de explicar a la ciudadanía.

Fredy Orellana aporta otro capítulo. Sus resoluciones fueron decisivas en la ofensiva contra Semilla y el proceso electoral de 2023. Cuando posteriormente surgieron denuncias disciplinarias en su contra, el propio sistema de supervisión encontró obstáculos para investigarlo, porque el caso estaba bajo reserva en manos del mismo juez. Formalmente existen Supervisión General de Tribunales, Juntas de Disciplina y Consejo de la Carrera Judicial. Los mecanismos de control están al menos por escrito. Pero la capacidad real para alcanzar a quienes acumulan poder dentro del sistema es mucho menos evidente. Además, existe un “espíritu de cuerpo” donde nadie se atreve a señalar a nadie, por si alguna vez ese otro está en un puesto con poder. Por ello una verdadera Carrera Judicial es indispensable para que los jueces lleguen por méritos y no por pago o recomendación.

Consuelo Porras y su tenebroso equipo terminó utilizando a los mismos jueces para aprobar casos espurios y liberar a conocidos corruptos. El nuevo Ministerio Público puede reconstruir investigaciones y cambiar fiscales, pero todos sus expedientes terminarán frente a jueces y Salas que no cambiaron con el Fiscal General. Entre 2015 y 2018 casos como La Línea, Cooptación del Estado y otros procesos avanzaron porque coincidieron fiscales capaces, investigadores independientes y jueces dispuestos a conocer expedientes que afectaban a estructuras poderosas. Después constatamos cuánto costaba hacerlo: Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y numerosos operadores de justicia terminaron perseguidos o en el exilio.

Treinta años después de la paz, Guatemala sigue teniendo pendiente la reforma más difícil. No basta con aumentar el número de jueces ni crear nuevas normas disciplinarias. Hay que garantizar que nadie compre una plaza, que ningún magistrado reparta juzgados como cuotas y que ningún juez deba su carrera a un padrino. Porque cuando el puesto se consigue como favor, la primera deuda del juez no será con la ley sino con quien lo puso allí.