En este diario, hace dos semanas escribí una carta pública al presidente Bernardo Arévalo cuestionando la injusta carta que redactó y firmó el ministro del Exterior Carlos Ramiro Martínez dirigida al ministro de Salud, con la decisión del gobierno de dar fin a la estadía de la Brigada de médicos cubanos, que tanto bien han hecho en Guatemala durante más de dos décadas de reconocida labor para miles de guatemaltecos en áreas de extrema pobreza rural.

En lugar de darles la Orden del Quetzal esa simple carta ponía fin a la presencia de los médicos cubanos, por presiones de todos conocida de un país que el año pasado dio por terminada la asistencia de la AID a grupos vulnerables a los que el Estado tampoco ha atendido. Por ello, propuse entre líneas de esa carta que el presidente tenía la potestad de darles la nacionalidad a los médicos indicados como una manera para que continúen su labor, sin afectar la presión del Departamento de Estado, pues serían chapines a ser contratados por el Ministerio de Salud guatemalteco y, así, beneficiar a la población vulnerable guatemalteca con su presencia de bien para nuestra gente.

Sería un proyecto de ley como el que se ha hecho para los atletas de alto rendimiento beneficiados con la nacionalidad guatemalteca por sus altos méritos a la patria. En ese proyecto los médicos deberán solicitar su naturalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntando un informe detallado de la trayectoria médica. Y que acepta la nacionalidad guatemalteca por naturalización, que habla el español, y carece de antecedentes penales en su país de origen. Los médicos además deberán presentar pasaporte vigente y carencia de antecedentes penales del organismo Judicial guatemalteco. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá un dictamen jurídico respecto a la procedencia de la concesión de la nacionalidad guatemalteca, por naturalización en un plazo de ocho días. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación dará audiencia de cinco días, para luego remitir las actuaciones a la Secretaría General de la Presidencia, para que sea considerado por el presidente de la República para que emita el acuerdo gubernativo correspondiente. La nacionalidad concedida tendrá los efectos que prevé la Constitución.

El presidente debe tomar la iniciativa y mandar el proyecto de ley al Congreso lo antes posible.