Durante los últimos años, en Guatemala se perfeccionó una manera de eliminar a las voces incómodas sin necesidad de eliminarlos físicamente. Un expediente judicial; una acusación fabricada o desproporcionada; la prisión preventiva convertida en castigo y, finalmente, la inhabilitación o el exilio, podían conseguir lo que antes se resolvía con el método del asesinato. A esa utilización política de la justicia la llamamos lawfare. Juan Francisco Solórzano Foppa la conoció de cerca. Lo procesaron, lo condenaron y limitaron su ejercicio profesional. No consiguieron, sin embargo, que dejara de hablar. El 17 de octubre lo asesinaron en Campo Marte. También murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

No sabemos a día de hoy, quién ordenó matarlo. Tampoco existe prueba pública de que quienes lo persiguieron judicialmente estén vinculados con sus asesinos. Pero sería igualmente ingenuo ignorar el mensaje que recibe la sociedad: un exfiscal que investigó estructuras criminales, que enfrentó intereses poderosos y denunció posibles nexos entre pandillas, política y corrupción, fue ejecutado en pleno día pese a tener protección policial. De la persecución judicial a las balas: esa es la percepción que el crimen instala, aunque la investigación todavía deba establecer su móvil.

Las circunstancias del asesinato apuntan a una operación cuidadosamente planificada. Los atacantes sabían dónde encontrarlo y actuaron a plena luz del día, en un lugar público y pese a que contaba con protección policial. Esto plantea dos interrogantes fundamentales: cómo obtuvieron información sobre sus movimientos y por qué falló el dispositivo encargado de protegerlo. Debe investigarse sus denuncias sobre pandillas, las disputas derivadas de su trayectoria en el Ministerio Público y la SAT y sus señalamientos más recientes, incluido Huité. Dos días antes había difundido una interpretación de aquella matanza, pero la coincidencia temporal no basta para demostrar una conexión. La obligación de esclarecer no debe ceder a la tentación de inventar culpables, cómo lo hacía el MP de Consuelo y Curruchiche.

Para colmo, la investigación comenzó con un episodio que pone en duda la actuación policial. Dos hermanos detenidos como sospechosos fueron liberados por falta de mérito. Denunciaron que policías les colocaron el arma que supuestamente se encontró. Como consecuencia, siete agentes están bajo investigación por el procedimiento. Todavía no sabemos si hubo manipulación ni con qué propósito. Pero no se trata de un detalle menor: si se fabricaron pruebas, habrá que establecer si se buscaba aparentar eficacia o desviar deliberadamente la búsqueda de los responsables. Es indispensable reconstruir el fallo de la protección y llegar más allá de los sicarios, hasta quienes planificaron, financiaron y ordenaron el asesinato.

Guatemala tiene memoria de lo que significa matar a alguien para intimidar a muchos. Myrna Mack investigaba a la población desplazada cuando fue asesinada en 1990; Jorge Carpio Nicolle murió en 1993, en una coyuntura de crisis institucional; monseñor Gerardi fue asesinado dos días después de presentar el REMHI en 1998. Son historias con contextos y responsabilidades distintos, y no debemos equipararlas automáticamente con el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa. Pero muestran cómo un asesinato selectivo puede proyectar un mensaje político mucho más allá de la víctima. En este caso, periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y personas exiliadas reciben una señal preocupante: denunciar ciertos intereses puede volver a costar la vida.

Hay, además, una acción de cinismo difícil de pasar por alto. Cuentas del llamado netcenter que defendían a Consuelo Porras y voces de medios y políticos que atacaron a Solórzano Foppa cuando estaba vivo, aparecen ahora invocando su muerte para reclamar mano dura, responsabilizar directamente al Gobierno llegándolo a señalar como un “crimen de Estado”, aunque todavía no se conoce a los autores materiales e intelectuales del hecho.

No tenemos pruebas de que los distintos episodios de violencia respondan a una estrategia coordinada, pero sí podemos observar cómo están siendo utilizados políticamente. Los 24 homicidios registrados en una sola jornada, los cuerpos abandonados, la fuga de pandilleros, la matanza de Huité y ahora el asesinato de Solórzano Foppa. Aunque los hechos tengan orígenes y responsables diferentes, están alimentando un discurso que presenta al país al borde del descontrol y al Gobierno como incapaz de garantizar la seguridad. Desde esa narrativa se exigen renuncias, medidas excepcionales y políticas de mano dura, mientras quedan relegadas las preguntas sobre las estructuras criminales, sus vínculos políticos y la impunidad que les permite operar.

La agenda de seguridad ya se había colocado en el centro del ENADE 2026, organizado por FUNDESA, antes del asesinato, en contraste con la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup, donde el 52 por ciento de los entrevistados mencionó el costo de vida como principal preocupación familiar y el 69 por ciento creyó que el narcotráfico influiría en las elecciones de 2027. ¿Por qué la necesidad de instalar el tema de seguridad en la etapa prelectoral? La inseguridad preocupa, desde luego, pero convertirla en el eje principal, propicia sin duda el discurso de la mano dura y la represión. Los ciudadanos que respondieron la encuesta mencionada tienen más clara la problemática nacional: la captura institucional y los vínculos entre poder político y criminalidad. Precisamente los problemas que Juan Francisco insistía en señalar.

La cuestión no es solo quién se beneficia del miedo, y mucho menos suponer que beneficiarse prueba autoría. El problema es qué ocurre si la disputa electoral deja de discutir cómo desmontar las redes de impunidad y pasa a reducirse a quién promete castigar con mayor dureza. La mano dura sin controles, sin justicia independiente, ni investigación criminal eficaz puede reforzar las mismas estructuras que dice combatir. El Gobierno debe rendir cuentas por lo ocurrido; el Ministerio Público, esclarecerlo sin dilación; y quienes reivindican a Solórzano Foppa, respetar aquello que defendió: el derecho a denunciar sin ser perseguido. Hoy, solidarizándonos con el dolor de la ausencia que siente su familia, es imperativo entender qué persiguen los que decidieron acabar con su vida. Sabían el impacto social de su muerte, la pregunta es por qué y para qué.