La política tiene un defecto algo recurrente; se promete más de lo que puede cumplir y decepciona más rápido de lo que dura una luna de miel en Grecia o Bahamas —no sé cómo será pasar una luna de miel por allá, pero imaginémonos que sí—. ​​El último estudio de opinión pública, hecho por CID Gallup, confirma esa lógica. La aprobación del presidente Bernardo Arévalo, que en 2024 parecía anunciar un parteaguas, hoy se desploma. Apenas un 31% de la población aprueba su gestión, mientras que un 64% la desaprueba. El índice de balance, que resta las opiniones negativas a las positivas, cayó a –31 puntos, peor que Jimmy Morales en su primer año y comparable a los hundimientos de Serrano y Portillo.

El fenómeno tiene raíces profundas (no es una referencia al partido Raíces, pero si lo ha entendido, lo dejo sobre la mesa). Guatemala arrastra un malestar estructural: el 82% de los ciudadanos considera que el país va por rumbo equivocado. No es un juicio abstracto, sino la expresión de un desencanto tangible. La mitad de los encuestados asegura que el costo de vida “ha subido mucho” en los últimos meses, cuatro de cada diez perciben que su familia vive peor que hace un año y seis de cada diez admiten haber tenido dificultades para comprar comida en las últimas semanas. La democracia, en este contexto, deja de ser un ideal para convertirse en un sistema incapaz de resolver lo básico.

Esto se resume en el “efecto Semilla” —como se bautizó entonces—, este despertó ilusiones de una refundación ética y política. Sin embargo, ese capital simbólico no se tradujo en reformas inmediatas, y el desgaste ha sido acelerado. El contraste con la historia guatemalteca es inevitable. Tras los Acuerdos de Paz, Vinicio Cerezo y sus sucesores intentaron consolidar un orden democrático, pero lo hicieron sobre instituciones débiles y elites resistentes al cambio. Años después, gobiernos como los de Álvaro Colom o Jimmy Morales experimentaron caídas similares en su aprobación, aunque nunca tan rápidas. Arévalo parece repetir esa espiral, con un ligero agravante: la desconfianza hacia la democracia es hoy mucho más pronunciada que en décadas pasadas.

El deterioro en seguridad alimenta la sensación de vacío estatal. Más del 60% de la población percibe que el crimen ha aumentado, mientras el 43% afirma haber sido víctima, directa o indirecta, de robo o asalto en los últimos meses. La violencia cotidiana convierte al Estado en un actor irrelevante para la protección básica, y el voto de confianza hacia soluciones de “mano dura” se dispara. No sorprende, entonces, que El Salvador de Nayib Bukele —con su régimen de excepción y cárceles masivas— sea el país que la mayoría de los guatemaltecos cree que su nación debería imitar (para esto puede leer el artículo «Bukelismo para siempre», publicado el pasado 2 de agosto para saber por qué no debería imitarse del todo).

Así que aceptémoslo, la política guatemalteca enfrenta un dilema existencial. Pero… se confirma un patrón mucho más amplio. En América Latina, la democracia está en deuda con sus ciudadanos. Si el gobierno no logra recomponer la confianza, lo que se viene no será sólo el fracaso de un presidente, sino el naufragio de la democracia guatemalteca.

P.D.: Este texto no pretende ser un ataque personal al gobierno actual —ya he escrito críticas en otros espacios—, sino un ejercicio de constatación: la evidencia del deterioro democrático que se ha acumulado a lo largo de los años. Todos los datos aquí expuestos provienen únicamente del estudio citado al inicio, por duros o inverosímiles que parezcan. No escribo desde la animadversión ni desde el cálculo político; como recordaba Mario Benedetti, «ya no nos queda tiempo para el odio, ni para la tirria o el desdén». Lo que aquí se cuestiona no es a un individuo, sino a una realidad que nos pertenece a todos: la fragilidad de nuestra democracia.