A finales de mayo, se conmemoraron los 40 años de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual, aún es concebida como ese texto que debe ser un sólido pilar del orden democrático y constitucional, desde su promulgación en 1985.

Por ese motivo, dicho evento no podía pasar desapercibido y mucho menos no ser conmemorado. Como cosa inusual, aunque entendible, a diferencia de otros aniversarios de ésta, las celebraciones fueron marcadas por la desunión de todos los poderes del Estado.

Eso tiene una causa y explicación: la clara fragmentación de la institucionalidad, la antojadiza forma de aplicar e interpretar las leyes, el irrespeto a la Carta Magna, así como la poca representación del verdadero principio de pesos y contrapesos del Estado guatemalteco. Esto marca con claridad, los tiempos convulsos que se viven.

Por lo tanto, fue un hecho significativo que los tres organismos del Estado guatemalteco, decidieran conmemorar dicho aniversario por separado, sin la tradicional sesión conjunta y solemne.

Queda manifestado, una marcada ruptura entre dichos organismos, que lejos de velar por ejercer sus funciones con equilibrio y en defensa de la democracia, develan esa mal entendida independencia y la nula función neutral de las normas y las defensa de estas. Cada organismo es independiente, pero una misma ley y de gran envergadura les rige y hoy cada uno la celebra a su manera.

Dicha independencia no implica por ningún motivo el impedimento por trabajar juntos y en pro de los principios que esta Constitución promulga, con el ánimo de trabajar coordinados en defensa de la democracia.

Con estos distintos eventos, quedó demostrado cómo la interpreta cada uno.

Se revela pues, ese divorcio entre poderes, alimentado por tensiones políticas, desconfianzas mutuas y, por, sobre todo, los velados y los no tan velados intentos de algunos, por socavar la institucionalidad democrática.

Basta recordar los hechos durante las elecciones de 2023, los cuales tenían la intención de evitar la transición democrática del poder, así como las constantes denuncias del Ejecutivo, sobre el asedio institucional, por parte del Ministerio Público y otros actores.

Ante este contexto, el Organismo Ejecutivo optó por realizar su propia conmemoración el pasado 30 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura. En él, el presidente Arévalo, rindió homenaje a los magistrados de aquella Corte de Constitucionalidad de 1993, la cual jugó un papel trascendental en la defensa del orden constitucional y el Estado de Derecho, ante el famoso “autogolpe”, orquestado por el expresidente Jorge Serrano Elías y su vicepresidente, quien, con absoluta irreverencia a la Constitución, pretendieron anular la democracia y el principio de división de poderes, del cual todo funcionario, debe ser garante.

Figuras clave de aquella Corte, defendieron con valentía y con honorabilidad, los preceptos concebidos en aquel momento y en esa tan joven Constitución.

¡Al parecer, hoy debiese hacerse lo mismo!

Este pasado 30 de mayo, en vida y en representación de los ya fallecidos magistrados, los juristas José Gabriel Larios Ochaita y Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano fueron condecorados con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial, por haber jugado un importante papel en aquella sentencia y acto histórico.

Ambos fungían como magistrados de la CC y con firmeza y determinación, anularon ese hecho autoritario del expresidente Serrano, restableciendo así, el orden constitucional.

El reconocimiento a ambos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad no sólo rescata un episodio valiente de nuestra historia, sino que también envía un mensaje muy claro: la defensa de la Constitución no es cosa del pasado. Hoy y siempre que se pretenda transgredir y violentar la Constitución, será necesaria su defensa para preservar el Estado de Derecho y así evitar que se instrumentalicen las instituciones, para fines obscuros, autoritarios y particulares.

Durante la ceremonia, Rohrmoser expresó con humildad, su profundo agradecimiento por ese reconocimiento y reafirmó su compromiso con la independencia judicial, la justicia constitucional y el respeto a los principios fundamentales. Sus palabras fueron un recordatorio a que los altos reconocimientos como éste, si bien honran, no son el motivo para cumplir con el deber. Se actúa conforme a la ética, a la justicia y a los principios y nunca en busca de galardones, sino por la simple responsabilidad adquirida al jurar servir al país y a la ley y nunca pasar sobre ella. Dijo: si el reconocimiento llega, enhorabuena, pero no es la causa, ni el fin último.

Escribo estas líneas como ciudadana y jurista, que entiende la coyuntura que se vive y por la constante lucha que se realiza para no perder nuestro orden democrático, mismo que muchas ocasiones nos han querido arrebatar.

Con felicidad, orgullo y regocijo comento este evento, pues sin duda alguna y para quienes me conocen, constituye un ejemplo que sostiene fuertes convicciones en mi familia y persona.

Esto, sólo me lleva a constatar, que siempre se puede hacer lo correcto.

No busco ni protagonismos, ni reflectores, sino únicamente la sinceridad de siempre haber sido testigo cercana del compromiso con el deber, del servicio sin cálculo ni pretensiones, del esfuerzo por preservar la dignidad de las instituciones y de actuar con respeto y lealtad a nuestras leyes. Así se construyen cadenas de legados y ejemplos y que sostienen principios sólidos. Hoy ser parte de ello, honra la ciudadanía responsable de muchos guatemaltecos que, con vocación, desde donde actúen, se haga basado en el bien.

El contraste entre el espíritu de ese acto tan importante para muchos y la fragmentación de las celebraciones del aniversario constitucional no puede pasar desapercibido. Revela una herida abierta en nuestra democracia: la desconfianza entre poderes, la fragilidad institucional y la persistencia de actores que siguen atentando contra el espíritu republicano de la Constitución.

Este aniversario pudo ser una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con los valores fundamentales del texto constitucional: la dignidad humana, la legalidad, la justicia, la participación y la paz. En lugar de ello, nos deja una lección: la Constitución no se defiende con discursos vacíos ni homenajes protocolares, sino con acciones valientes como las que protagonizaron estos exmagistrados hace más de 30 años y que hoy vuelven a tener vigencia.

En tiempos de incertidumbre institucional, con sentimientos encontrados entre pulsos de poderes, amenazas veladas y retrocesos democráticos, defender la Constitución vuelve a ser un deber ciudadano.

Ojalá que este aniversario no sólo sea una conmemoración, sino un llamado a cerrar filas en torno al pacto democrático que nos debe unir.