Corría el 11 de octubre de 2018. Los entonces fiscales Andrei González y Juan Francisco Sandoval se reunieron en el despacho de María Consuelo Porras junto a cuatro miembros de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El objetivo: presentarle a la jefa del Ministerio Público (MP) avances de una investigación sobre Q58 millones que Sandra Torres, presidenciable eterna de la UNE, no declaró ante el Tribunal Supremo Electoral en la campaña de 2015. 

Porras no se inmutó cuando escuchó la cifra. Según el relato del hoy exfiscal Andrei González, quien denunció a la fiscal general por abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de justicia, Porras retuvo durante cuatro meses la autorización para iniciar la investigación. 

El 22 de enero de 2019 la fiscal general autorizó las pesquisas, pero exigió que la investigación fuera presentada hasta el 5 de febrero de 2019, es decir, un día después de que Sandra Torres recibiera su credencial como candidata presidencial de la UNE y obtuviera inmunidad.

Dos años después, desde la misma oficina en la que se procuró impunidad para Sandra Torres, Porras hizo una llamada telefónica: al otro lado de la línea el periodista Jose Rubén Zamora, declarado preso político por Amnistía Internacional, contestaba el teléfono. 

Zamora cuenta que Porras le llamó para “invitarlo” una vez al mes a su despacho. Lo que buscaba era neutralizarlo en uno de sus movimientos más trascendentales y que marcó un punto de inflexión para la justicia en Guatemala: el desmantelamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una fiscalía incómoda para sus intereses. 

“La señora (Porras) quería expulsarlo (a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI) del MP y que, cuando lo expulsara, yo estuviera neutralizado”, narró Zamora a El País.

Estos son apenas dos ejemplos de cómo Porras fue procurando impunidad y castigando sin miramientos a quienes investigaban la corrupción en Guatemala. Hoy los exfiscales Andrei González y Juan Francisco Sandoval están en el exilio y pesan contra ellos órdenes de detención de casos opacos, mientras que Zamora sigue enfrentándose a la justicia en un proceso que lo tuvo más de 1,200 días en prisión.

El terror judicial que impuso Porras en el MP provocó el exilio de jueces, fiscales, periodistas y el encarcelamiento de figuras clave en la lucha anticorrupción y eso implicó un retroceso democrático característico de dictaduras militares, un estado al que el país no puede volver jamás. 

En manos de Porras, el MP perdió el rumbo y se transmutó en un poder paralelo que se regodeaba de la impunidad que procuraba a figuras representativas del poder tradicional, mientras perseguía, sin justificación jurídica posible, a sus adversarios políticos. 

Según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, Guatemala se ubica en el puesto 142 de 180 países evaluados y se mantiene en la categoría de alta corrupción, esto pone en duda las cifras de “avances” en materia de investigación penal y lucha anticorrupción planteados por Porras en su informe final. 

Durante ocho años, el MP fue dirigido por una persona sancionada internacionalmente por más de 40 países por sus acciones corruptas y antidemocráticas, que persiguió y encarceló a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, que utilizó recursos públicos para intentar anular las elecciones generales de 2023 y tomó por asalto las elecciones del Colegio de Abogado para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 

Hoy deben terminar esos largos ocho años de terrorismo judicial, de procesos sin pruebas, de persecuciones políticas, de casos desestimados para simular estadísticas de efectividad que nunca fueron claras. 

Porras es expulsada de su cargo luego de un largo proceso en el que, a pesar de sus debilidades, la democracia jugó un papel crucial. Desde hoy, el mismo despacho donde se protegió a corruptos y se criminalizó a cientos de personas será ocupado por Gabriel García Luna.

Hoy deben terminar esos ocho años de retroceso en la justicia y empezar un proceso de memoria y reconstrucción tanto en el MP como en el tejido social.

Guatemala no puede ni debe olvidar estos ocho años de retroceso, la memoria debe ser la acompañante paciente de este nuevo periodo.

La historia la aguarda, María Consuelo Porras.