Este esfuerzo técnico y diplomático se concretó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno de Guatemala formalizó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea con el respaldo directo de Estonia -los ideólogos del modelo- por 3 millones de euros no reembolsables para brindar apoyo técnico en la transformación digital del país.

Este modelo se convirtió en una sustancia de la visión estratégica del trabajo que impulsé como Comisionado Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) en el tiempo que ejercí el cargo; con la convicción de que sentaba los cimientos políticos y técnicas para impulsar la transformación digital en el entorno del gobierno.

Lo anterior viene al caso porque el 21 de este octubre pasado, la Presidencia publicó un oficio circular, mediante el cual adopta la tecnología X-Road.

Esta plataforma es utilizada en Estonia como parte de su modelo de interoperabilidad (generar un mecanismo para que las instituciones puedan consultar datos entre sí de forma ordenada y segura) y ha sido adoptado por otros países como parte de su plataforma de transformación digital.

Con estos antecedentes durante mi gestión en la mencionada comisión promoví esta plataforma para que fuera aceptada en nuestro país, insistiendo en que requería del suficiente respaldo jurídico de la mayor jerarquía posible, dadas las condiciones y ámbito de ejercicio del poder ejecutivo.

Esto con el soporte del estudio ICT Governance elaborado en 2024 por una misión de expertos provenientes de Estonia, en el cual recomienda mejorar el instrumento jurídico y sobre todo la gobernanza digital que norma la competencia y funciones de GAE con el objetivo de establecer el inicio de una definición más eficiente de capacidades rectoras en el cambiante mundo del gobierno electrónico hacia el gobierno digital.

Emitir un oficio circular para dar soporte a la adopción de X-Road es poco relevante.

Éste ocupa un sitio inferior al acuerdo gubernativo en la jerarquía jurídica.

Por consiguiente, reduce las posibilidades de la mejor definición de la rectoría. Ello hace prever que el proceso de transformación digital se ralentice, en el mejor de los casos y en el peor continúe sumido en la precariedad e incertidumbre jurídica, tomando en cuenta que la GAE no es permanente y tiene tiempo de vida hasta el año 2028.

Para la ciudadanía la precariedad institucional supone un alto riesgo a la privacidad y confianza institucional en el uso de sus datos.

Emitir un oficio para que las entidades estatales interoperen sin un marco jurídico adecuado de protección de datos personales abre la puerta al uso indebido de la información por parte de los funcionarios públicos y representantes de entes privados que puedan acceder a las bases que se interconecten.

Los instrumentos jurídicos existentes y, en particular el oficio circular publicado, omiten, además de la regulación sobre las responsabilidades legales, advertir a los ciudadanos sobre los mecanismos de prevención que puedan utilizar en los casos de uso indebido de los datos.

El actual gobierno emitió un oficio circular que es insuficiente para generar gobernanza digital.

Es un caso más en la realidad de ejercer las facultades de gobierno, mediante un estilo que se ha caracterizado por la falta de la toma de decisiones y correctivos oportunos, suficientes y necesarios.

A cambio de asumir los costos que arrastraría las oportunas decisiones de recuperar la institucionalidad, pareciera que se pretende postergarlas y dejarlas para que las tome el gobierno siguiente.