Hablar de crecimiento económico en Guatemala es, muchas veces, como hablar de milagros: todos los desean, pero pocos están dispuestos a asumir lo que realmente implican. Porque hasta los milagros —los verdaderos— no caen del cielo sin más. Incluso en la fe, Dios pide algo: esfuerzo, disciplina, una vida ordenada. No hay redención sin cruz, ni multiplicación sin panes. Y así también ocurre con el desarrollo económico: sin sacrificio, sin orden, sin transformación, no hay milagro posible.

La idea de duplicar el ingreso per cápita en una generación, reducir la pobreza de forma masiva y alcanzar estándares de vida comparables con países desarrollados suele presentarse como un objetivo noble pero inalcanzable. No es por falta de sueños o de discursos; es por ausencia de un sistema que lo haga posible. Crecer sostenidamente no es cuestión de voluntad política pasajera ni de aplicar una fórmula secreta. Es el resultado de una arquitectura institucional compleja, tejida con normas, incentivos y estructuras que apunten todos en la misma dirección: productividad. Ahí radica uno de los principales obstáculos.

En Guatemala no existe un sistema económico y social que propicie el uso eficiente de los recursos, la innovación o la mejora continua de la productividad. El reto no está únicamente en adoptar “buenas políticas públicas”, como si estas existieran en un menú del cual se puede elegir a gusto. Cualquier política, por brillante que parezca, termina estrellándose contra la fragilidad institucional, la falta de consenso sobre principios básicos de organización social y la escasa capacidad colectiva de sostener un rumbo estratégico en el tiempo. Mientras otros países construyen instituciones sólidas, Guatemala sigue  atrapada en recurrentes ciclos de expectativas frustradas y soluciones parciales.

La verdad incómoda es que el desarrollo sostenido requiere más que decisiones técnicas. Exige transformar el sistema de incentivos que rige la vida económica y social. Un país no pasa de crecer al dos por ciento a crecer al seis por ciento simplemente porque un gobierno lo decreta; porque se ajusta una tasa impositiva; o porque se pone en práctica un sesudo plan de desarrollo elaborado por expertos internacionales.  Hace falta dirección clara, trabajo constante, acuerdos duraderos y una visión de país que trascienda administraciones. Hace falta, sobre todo, una sociedad organizada en torno a la eficiencia, la productividad y el compromiso de trabajar para mejorar las condiciones de las generaciones futuras. Tal acuerdo básico no existe; ni en la estructura del Estado, ni en la lógica de los actores económicos, ni en la cultura política. La competencia es vista con desconfianza, la eficiencia con indiferencia y el largo plazo como una amenaza. Ese proceso paciente y sostenido termina reducido a promesas vacías, improvisaciones y culpables circunstanciales.

Por eso, no se trata de preguntarse si el país puede crecer de manera sostenida, sino si los guatemaltecos están dispuestos a construir, desde sus cimientos, el sistema necesario para que eso sea posible. No hay pócimas mágicas ni atajos. Pasar de un crecimiento mediocre a uno alto y sostenido implica transformar profundamente el sistema de organización social. Una transformación que, como todo milagro verdadero, comienza por la conversión: reconocer las fallas estructurales y comprometerse, sin descanso, a corregirlas. Mientras se siga apostando a soluciones milagrosas, el desarrollo económico y social  seguirá siendo un espejismo que se desvanece en cada intento.