Ocho décadas después, cuando la historia vuelve a poner sobre la mesa el dilema entre dependencia y desarrollo, el país sigue miope ante las lecciones de la Revolución, especialmente las de 1947. Hace 81 años, Guatemala seguía siendo un país atrapado en el siglo XIX, dependiente casi por completo de la exportación de productos primarios y con un Estado mínimo, incapaz de hacer frente a los retos de modernizar el país. En ese contexto, la idea de que el país debía construir una base industrial propia no era una utopía: era una necesidad nacional.  El gobierno de Arévalo, padre, entendió bien que la democracia recién conquistada solo sobreviviría en la medida en que se sostuviera sobre un modelo económico distinto, y apostó por sentar las bases institucionales de la nueva economía. Entre ellas, en 1947, la Ley de Fomento Industrial, el primer esfuerzo integrado que ha tenido Guatemala por definir una política industrial moderna.

Hay que entender que la ley fue producto de su tiempo. El mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y casi todas las naciones adoptaban políticas de reconstrucción, protección e impulso a la producción nacional. Guatemala no fue la excepción. La ley declaraba la industrialización “emergencia nacional” y otorgaba incentivos fiscales y aduaneros para estimular la inversión en manufacturas. Exoneraba de impuestos la importación de maquinaria y materias primas, y liberaba temporalmente del pago de utilidades a las nuevas empresas. Hoy se diría que buscaba proteger a la industria existente, pero en realidad pretendía crear industria donde no la había, aprovechar los recursos nacionales y modernizar la economía.Junto con esta ley se creó el Instituto de Fomento de la Producción (INFOP) en 1948, para financiar la expansión de nuevas fábricas, introducir tecnología y diversificar la producción: los primeros pasos de un modelo económico con pretensiones de modernidad.

La idea de concebir al Estado como socio del sector productivo, y no como su antagonista, anticipó lo que hoy ciertos economistas denominan la nueva política industrial. No se trata de volver al proteccionismo clásico, sino de que el Estado asuma un papel activo en fomentar, coordinar, aprender y adaptarse junto con el sector privado. En Guatemala, eso implicaría reimaginar el espíritu de 1947 con instrumentos modernos: incentivos condicionados al desempeño, fondos de innovación con reglas de evaluación definidas, zonas industriales estratégicas vinculadas a puertos, ferrocarriles y fronteras, y mecanismos de cofinanciamiento que reduzcan el riesgo de invertir en nuevos sectores, etcétera. Con el auge del nearshoring y la revalorización global de la manufactura, esa visión cobra nueva vigencia. La industrialización no es solo una estrategia económica, sino una forma de construir ciudadanía productiva: de transformar la estructura del país y su equilibrio político y social.

La lección sigue sin entenderse.  El último esfuerzo medianamente integral ocurrió a finales de los años ochenta. Desde entonces, lo que ha existido son medidas aisladas, adoptadas a la carrera para tratar de mantener los endebles mecanismos de incentivos existentes. Ochenta años después, se sigue sin entender que lo esencial no es el  instrumento de fomento, sino la visión de futuro. Arévalo y los reformadores de aquel entonces comprendieron que un país que exporta principalmente productos primarios estará siempre sujeto al azar de los precios internacionales y a una fuerza laboral poco calificada, mientras la tecnología y la manipulación política del salario mínimo no terminen provocando que las máquinas sustituyan al trabajador. Las remesas, el salvavidas del país durante el último cuarto de siglo, son una renta externa que solo posterga la necesidad de cambio.

Sin una base industrial no hay empleo formal ni movilidad social sostenida. Sin empleo, lo que crece no es la clase media sino la migración. La industria ligera, intensiva en mano de obra, sigue siendo la mejor estrategia para un país con abundancia de jóvenes, bajos niveles de capital y urgencia por crear oportunidades. Esa fue la intuición de 1947: apostar por fábricas, talleres, conocimiento técnico y orgullo productivo. Volver a pensar en la industria no es nostalgia revolucionaria; es simple realismo histórico. Quizás una forma de rendir homenaje a la Revolución del 44 no sea recordarla con nostalgia, sino retomar su lucidez: entender que un país no se moderniza por generación espontánea, sino construyendo —como Arévalo lo intentó— un Estado moderno, capaz de acompañar, orientar y apostar por el desarrollo.