La criminalidad, la violencia y la percepción de impunidad han generado un profundo sentimiento de vulnerabilidad entre los ciudadanos y constituye un gravísimo error creer que este problema se resolverá únicamente con más policías, mayores penas o discursos de mano dura.

Se debe tener muy claro, que el verdadero desafío y la solución a este problema comienza a lo interno del propio Estado, su renovación, modernización y limpieza.

El crimen organizado lleva años enquistado en las instituciones públicas, convirtiéndolas en espacios de influencia, protección y negociación. No se trata exclusivamente de funcionarios aislados, sino de redes y estructuras que sobreviven a los cambios de gobierno y que, en ocasiones, parecen tener mayor capacidad de permanencia que las propias autoridades electas.

Es duro enfrentarse a dichas estructuras y en ocasiones se ha optado por negociar con ellas, antes que confrontarlas.

Lo anterior ha sucedido, bajo el argumento de garantizar la gobernabilidad, evitar obstáculos administrativos o conseguir avances en otras áreas, considerándose la única y preferible salida, tolerándose así la permanencia de personas y grupos cuya influencia resulta profundamente nociva para la institucionalidad.

En este sentido, se hacen concesiones, se distribuyen espacios y se aceptan condiciones que, aunque puedan facilitar temporalmente la gestión gubernamental, hipotecan el futuro del país.

Hay que recordar, que cada pacto de conveniencia con estructuras que operan al margen de la legalidad, representa una oportunidad perdida para recuperar el Estado.

Hoy más que nunca se necesita comprender que no habrá una verdadera política de seguridad mientras existan redes capaces de obstaculizar investigaciones, crear narrativas desestabilizadoras y destructivas, condicionar decisiones institucionales y garantizar espacios de impunidad.

Pretender combatir la delincuencia, sin enfrentar sus posibles vínculos con el poder público, equivale a intentar vaciar un recipiente sin cerrar la llave que lo llena.

Por ello, es imperativo hacer un llamado muy serio a las próximas autoridades, quienes enfrentarán una vez más una responsabilidad muy grande, la cual esperamos esta vez sí sea real e histórica.

Ojalá todos aquellos que tengan en mente postularse como candidatos a la Presidencia de la República, a diputados del Congreso, a alcaldes y demás, no les baste ofrecer seguridad durante la campaña electoral como simples palabras que se las lleva el viento. Deberán demostrar que están dispuestos a impulsar una reestructuración profunda del aparato estatal, mediante procedimientos legales, investigaciones independientes, controles efectivos y la separación absoluta de quienes hayan utilizado sus cargos para favorecer intereses ilícitos.

¡Esta transformación requerirá  inteligencia, estrategia, planificación, respaldo institucional y sobre todo valentía política!

El acompañamiento de la comunidad internacional puede resultar fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, proteger la independencia de las instituciones y contribuir a desarticular redes criminales que trascienden nuestras fronteras, por lo que deberá buscarse y sostenerse.

Es lógico y natural entender que enfrentar estas estructuras provocará resistencias y miedos, pues durante años se han beneficiado de la debilidad institucional y difícilmente renunciarán voluntariamente a sus privilegios. Sin embargo, resulta indispensable comenzar.

No podemos seguir postergando las decisiones difíciles por temor a las consecuencias de tomarlas.

Existe además, otro peligro que no puede ser ignorado y este es el legítimo cansancio ciudadano, que surge frente a la inseguridad, el cual puede convertirse en terreno fértil para propuestas autoritarias que prometen soluciones inmediatas.

Hay que recordar que la llamada “mano dura”, cuando prescinde de controles democráticos y de una depuración institucional auténtica, puede terminar fortaleciendo los mismos mecanismos de arbitrariedad e impunidad que dice combatir.

Por lo tanto, la seguridad no debe confundirse con el autoritarismo, ni la firmeza con la ausencia de legalidad.

Los ciudadanos deberán exigir mucho más que promesas, preguntándose quiénes acompañarán a los candidatos, qué compromisos están dispuestos a asumir y, especialmente, qué intereses estarán dispuestos a enfrentar.